El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación que establece criterios básicos epidemiológicos para mitigar la pandemia de coronavirus en el país obtuvo hoy dictamen en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado y se debatirá la semana que viene en una sesión especial.

La iniciativa fue rubricada solamente por el bloque oficialista del Frente de Todos. En tanto, el interbloque de Juntos por el Cambio y uno de los aliados del oficialismo, Juntos Somos Río Negro, decidieron no acompañar el proyecto. 

El expediente será tratado la próxima semana en el recinto de sesiones. La intención del oficialismo es que sea girado rápidamente a Diputados para que sea convertido en ley antes del 22 de mayo, cuando el actual DNU firmado por el presidente Alberto Fernández sobre restricciones para contener la pandemia pierda vigencia. El dictamen fue suscrito sin que se le introdujera modificaciones al proyecto para evitar demoras y que pueda ser debatido en el recinto la semana que viene.

Durante la extensa reunión que se realizó hoy desde las 10 hasta las 17, con un breve cuarto intermedio, los legisladores escucharon las opiniones de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra; y de especialistas en salud y derecho.

Vizzotti afirmó que se ve una “disminución” del crecimiento de casos de Covid-19 en todo el país como resultado de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones. “Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución” de contagios, aunque “todavía hay que ver la tendencia, pero por primera vez en todo el país y también en AMBA se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud”, explicó.

Por su parte, Ibarra consideró que “es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos” en medio de una pandemia. “No hay ningún menoscabo de las competencias de los gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen”, explicó, pero aclaró que “todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo”.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista santafecina María de los Ángeles Sacnun, explicó que “debemos circularizar el dictamen por una cuestión reglamentaria, para luego llevarlo al recinto. Esta es una herramienta importantísima para establecer parámetros objetivos en materia epidemiológica”. Además, adelantó que se trabajará “con algunas modificaciones” y destacó: “tenemos siete días para trabajar con funcionarios del Gobierno nacional, con diputados y con integrantes de las comisiones del Senado”.

En ese sentido, sugirió “arribar a acuerdos y a consensos políticos” con la oposición, en la misma línea discursiva que el presidente del bloque oficialista, el formoseño José Mayans, quien previamente le había reclamado a Juntos por el Cambio que “haga su aporte”. “Me gustaría ver si podemos coincidir con la oposición en este tema. Qué bueno sería que la oposición haga su aporte“, opinó.

Si bien desde el principal bloque opositor decidieron no firmar el dictamen, el presidente de la Comisión de Salud, el radical Mario Fiad, dejó entrever la posibilidad de que haya un cambio de actitud si el proyecto llegaba a modificar ciertos parámetros. Entre otras cuestiones, Fiad mencionó que “esta Ley se podría llegar a salvar en lo constitucional si fuera de adhesión y no de orden público”, en el mismo sentido que lo expresado por los gobernadores radicales de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Jujuy, Gerardo Morales.

En cambio, el representante de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, habitual aliado del Frente de Todos en el Senado, anticipó su negativa a apoyar el proyecto de restricciones. “La situación no es igual a la de 2020. Estamos en otra etapa, estamos en la etapa del consenso. Se necesita un gran pacto entre gobernadores y el Gobierno nacional”, consideró Weretilneck.

El exgobernador rionegrino también mencionó que “esta ley tiene problemas de inaplicabilidad en el interior” y que “no busca el consenso”. Uno de los cambios que podría introducirse es en el artículo 21 que hace mención a la suspensión de clases presenciales cuando un distrito se encuentre en “situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria”.

La actual redacción establece que se suspenden las clases y que luego el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una “morigeración” de la medida. La sugerencia, a la vista del fallo de la semana pasada de la Corte Suprema contra la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser previamente consensuada con los responsables distritales.