Por Sofía Diamante - Después de reestructurar la deuda privada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene como objetivo principal cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata de una condición necesaria para estabilizar la economía y quitarle presión al mercado cambiario.

En las últimas semanas se sumó, además, el apuro por resolver la situación de la deuda de US$2300 millones que tiene la Argentina con el Club de París, cuyo vencimiento es este mes (algunos documentos oficiales dicen que es el 5 de mayo, otros el 31, pero en todo caso hay 60 días de gracia para pagar). Guzmán ya admitió públicamente que pidió un “puente” para que lo dejen posponer el vencimiento hasta cerrar un acuerdo con el FMI.

La mayoría de los analistas económicos admite que hay un requisito con el cual el Fondo es inflexible: la reducción del déficit fiscal.

En ese sentido, Guzmán se comprometió para este año a que el gasto que se destina a la energía se mantendrá constante en 1,7% términos del PBI, como figura en el presupuesto que aprobó el Congreso. Se trata de un número no menor, si se tiene en cuenta que el déficit estimado total para 2021 es el 4,5% del producto.

Para cumplir con su palabra, al Tesoro no le queda otra alternativa que subir las tarifas de luz y gas. Sobre todo, luego de que el año pasado la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía, se comprometiera a pagarles a las productoras de gas un precio mayor en dólares durante cuatro años para que incrementen su producción.

La lógica detrás del gasto fiscal que se le destina al Plan Gas, y que la Secretaría de Energía le explicó al FMI en reiteradas oportunidades, es que si no se aumentaba el precio a las empresas, iba a seguir cayendo la producción y aumentarían las importaciones, que son más caras y que, por lo tanto, implican mayor gasto.

Además, Economía informó que, de forma gradual, los usuarios residenciales pagarían cada vez más de ese precio que el Gobierno les prometió a las empresas. Actualmente, en las tarifas residenciales se refleja el 40% de lo que cuesta producir el gas. El resto lo financia el Estado con subsidios y, a medida que se devalúa la moneda, la recaudación por tarifas cubre un porcentaje menor.

En electricidad, la situación es similar: los usuarios residenciales pagan solo el 35% de lo que cuesta la generación eléctrica. Para lo que sigue del año, con las proyecciones de suba del tipo de cambio, se espera que la cobertura promedio anual baje al 30%.

El esquema de segmentación, que el Gobierno ve como opción para reducir el gasto en subsidios y, al mismo tiempo, para amortiguar el impacto de un aumento tarifario, todavía está en desarrollo. En la práctica, tanto empresas como consultores de energía creen que es muy difícil implementarlo.

Durante 2020 se suponía que los interventores en el ENRE y Enargas, Federico Basualdo y Federico Bernal, respectivamente, representantes del Instituto Patria, avanzarían con un plan para segmentar los subsidios. Si bien en reiteradas veces dijeron que estaban trabajando en ello, ningún proyecto vio la luz. Basualdo luego asumió como subsecretario de Energía Eléctrica, y en el cargo del ENRE dejó a Soledad Manin, aunque en la práctica siguió teniendo injerencia.

Ante esta situación Guzmán pierde credibilidad frente a los socios del FMI, quienes le pidieron alguna señal de consistencia fiscal. Si bien en la Cancillería ya tienen todo listo para que el presidente Alberto Fernández vaya a Europa para negociar un nuevo acuerdo, viaje al que se sumaría el ministro, en la quinta de Olivos no lo dan por confirmado. Según dicen, “por cuestiones sanitarias”; descartan que la razón sea la imposibilidad del ministro de despedir a Basualdo.