Por Carlos Burgueño - El ala política del oficialismo no tiene dudas. El 100% del dinero de los Derechos Especiales de Giro (DEG) que, en teoría, el Fondo Monetario Internacional girará en agosto, debe utilizarse para atender las consecuencias de la segunda ola del covid-19 y las inevitables medidas que el Gobierno de Alberto Fernández deberá tomar, creen desde el kirchnerismo, para paliar las consecuencias sociales, económicos y fundamentalmente electorales, de la pandemia. La presión sobre el Ejecutivo se hizo pública el viernes pasado, cuando desde el bloque del oficialismo del Senado se publicó un comunicado pidiéndole a la Cámara Baja que apruebe una declaración sobre el tema. Ese proyecto reclama que “los DEG se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de covid-19, tales como salud, reducción de la pobreza, educación, vivienda, generación de trabajo, entre otros” y que esos fondos no se destinen “al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”. En el comienzo del comunicado, los senadores señalan como el objetivo del reclamo al ministerio de Economía de Marín Guzmán. Firman el pedido Oscar Parrilli, José Mayans, Anabel Sagasti, Carlos Caserio, María de los Ángeles Sacnun, Alfredo Luenzo, José Neder y Jorge Taiana. Esto es, el bloque más cercano a Cristina Fernández de Kirchner.

Curiosamente, el reclamo de los legisladores tiene una aval casi impensado. El reclamo el kirchnerismo, indirectamente, está respaldado por un trumpista de la línea dura. Geoffrey William Seiji Okamoto, el ya plenamente establecido como número dos del FMI, presentó en sociedad los DEG el 22 de abril pasado, cuando en una de las conferencias de la Asamblea Anual conjunta del FMI y el Banco Mundial, le tocó aclarar los alcances legales del beneficio presupuestado por unos u$s650.000 millones. El economista norteamericano anunció que el dinero disponible para cada socio del Fondo (a la Argentina le corresponden unos u$s4.354 millones aproximadamente por estar al día de la cuota correspondiente al 0,7% de las acciones), estaría recién en agosto, que no se podría utilizar para liquidar deuda vencida ni con el FMI ni con otros organismos internacionales y que se deberá aplicar en finalidades específicamente vinculadas con las consecuencias de la pandemia en la economía de cada país. Okamoto dijo que si los países aceptan el dinero, deberán sí o sí aceptar fiscalizaciones directas y puntuales de los agentes del FMI, para confirmar el buen destino de los miles de millones de dólares aportados. Y dijo puntualmente que, sí o sí, los DEG “se deben destinar a adecuar las reservas de los países socios del organismo, no para suplantar programas específicos de crédito en apoyo de reformas estructurales. Tampoco para evitar una necesaria restructuración de deuda que tengan los países con acreedores privados”. Siguiendo la línea que expuso Okamoto, y que el propio Fondo prometió fiscalizar, el dinero de los DEG sólo podrá utilizarse para paliar las consecuencias del Covid, y no para liquidar deuda. Aclaró además el funcionario que este destino será fiscalizado por el propio organismo financiero; lo que fue además avalado por el G-7, el grupo de países más desarrollados que también manejan el directorio del FMI y el Club de París.

La posición puede resultar un problema para Martín Guzmán. El ministro descartaba que podría dar cuenta de este dinero para garantizarle al FMI que podrá cumplir con los pagos de los vencimientos de septiembre y diciembre por un total de u$s3.600 millones, correspondientes a las liquidaciones del stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri. Y también para el pago de los u$s2.400 millones que antes de fin de julio deberían girarse al Club de París.