Por Hernán Cappiello - Los fundamentos del fallo de la Justicia por el que Lázaro Báez fue condenado por lavado de dinero tienen más de 3000 carillas. Según el contenido difundido ayer, allí los jueces advirtieron que la fuente principal del dinero blanqueado por Báez fueron los contratos de obra pública que se investigan en una causa paralela, en la que Cristina Kirchner está siendo juzgada, acusada de ser jefa de una asociación ilícita.

“Los fondos se originaron principalmente desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal N° 2, en la mentada causa Vialidad”, argumentaron los jueces. En esa causa es investigada la vicepresidenta. Otra parte de los fondos, señala el fallo, tuvo origen en maniobras de fraude fiscal.

El fallo condenó a Báez a 12 años de prisión, y a otras 22 personas (entre ellas, los cuatro hijos del empresario), a penas menores.

La difusión, ayer, de los fundamentos del fallo que condenó al empresario Lázaro Báez impactó en el futuro procesal de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En más de 3000 carillas, los jueces advierten que la fuente principal del dinero blanqueado por Báez fueron los contratos de obra pública que se investigan en una causa paralela en la que Cristina Kirchner está siendo actualmente juzgada, acusada de ser jefa de una asociación ilícita.

Los jueces también dijeron que parte de esos fondos tuvo su origen en el fraude fiscal.

Además, la Justicia entendió que como el blanqueo se trató de una actividad continua, Báez “creó su propia usina de lavado de dinero”, confundiendo fondos lícitos e ilícitos. Se sospecha que hasta contempló comprar un banco en Panamá para perfeccionar su operación.

“Los fondos se originaron principalmente desde los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial que se enjuician ante el Tribunal Oral Federal N° 2, en la mentada causa Vialidad”, contra Cristina Kirchner, dijeron los jueces, y en menor medida por las causas de defraudación fiscal.

Así lo afirmaron los jueces Adriana Palliotti y Néstor Costabel en los fundamentos de la sentencia que condenó a Lázaro Báez a 12 años de prisión reunidos en 3065 páginas. la jueza María Gabriela López Iñíguez, en una disidencia parcial, coincidió con el fallo condenatorio, aunque no en todas las penas, y entendió que el dinero que lavó Báez provino exclusivamente del fraude fiscal.

El fallo, además, condenó a otras 22 personas, incluidos el hijo de mayor de Báez, Martín (a 9 años de prisión, como coautor); Leandro (a 5 años); Luciana (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), y Melina Báez (a 3 años, con cumplimiento en suspenso). Los otros condenados en este juicio, que concluyó en febrero pasado, son el valijero Leonardo Fariña, a cinco años de prisión, y Daniel Pérez Gadin, a ocho años de prisión; Jorge Chueco, exabogado del empresario; Fabián Rossi; César Fernández; Julio Enrique Mendoza; Eduardo Castro; Walter Sansot; Federico Elaskar (4 años de prisión); Martín Eraso; Claudio Fernando Bustos; Carlos Juan Molinari; Daniel Alejandro Bryn, y Juan Ignacio Pisano Costa.

Los jueces señalaron que Lázaro Báez, como organizador de la asociación ilícita y “beneficiario de los fondos públicos desviados fraudulentamente en su favor, instrumentó a su firma Austral Construcciones como empresa pantalla”. Lo hizo, según la Justicia, para confundir en su patrimonio millonarias sumas de dinero robadas al Estado “en colusión, claro está, con los exfuncionarios públicos de entonces e integrantes de ese consorcio delictivo”, léase Cristina Kirchner, Julio De Vido y José López, entre otros acusados de la causa de Vialidad.

“Lázaro Antonio Báez optó por generar su propia usina de lavado de dinero, del modo en que lo hizo y se ha probado, puesto que habría de recibir flujos millonarios ilícitos como un integrante más de la matriz de corrupción estatal y corporativa montada para la asignación fraudulenta de la obra pública vial de Santa Cruz”, dijeron.

Los jueces agregaron que tanta plata recibía como beneficiario de los fraudes y organizador de la asociación ilícita que debió comprar una financiera. “Por haberse pactado que Lázaro Antonio Báez sería el recipiendario de flujos financieros millonarios, desviados desde el Estado nacional por quienes compartían membresía con aquel en la asociación ilícita, hasta debió avanzar sobre la toma de control de una financiera”. Es La Rosadita.

“No puede descartarse, como probabilidad, que sus ambiciosos planes involucraran el anhelo de adquirir alguna entidad financiera con sede en el exterior”, dijeron.

Al explicar ayer las razones que impusieron estas condenas, los jueces de la mayoría explicaron que se concibió un plan de lavado sofisticado y profesional, considerado una maniobra global con tintes de delito transnacional.

El dinero ingresaba a las cuentas en el exterior, a nombre de empresas offshore radicadas en otros países, manejadas por la organización de Báez. Los jueces dijeron que las evidencias son los indicios, los testimonios y por ejemplo los videos captados en el interior de SGI La Rosadita, donde se vio a los acusados manipulando fajos de dinero en efectivo cargado en bolsos. Concluyeron que “está acreditado que entre 2010 y 2013 Lázaro Antonio Báez pergeñó una maquinaria al servicio del blanqueo de los fondos espurios”. Primero se valió de los servicios de Leonardo Fariña, quien comenzó el proceso de expatriación del dinero a Suiza y empezó a comprar la financiera SGI de Puerto Madero. Luego Fariña se fue de la organización y fue reemplazado por Pérez Gadin y Chueco. Así transfirieron las acciones de SGI a la fiduciaria suiza Helvetic Service Group, usada para ocultar al real dueño del negocio.

Bajo la titularidad de Helvetic se colocaron el paquete accionario de SGI y la inversión de acciones preferidas de Austral Construcciones, bajo cuyo ropaje se camufló el regreso del dinero al país tras recorrer diversas cuentas en el exterior.