Por Gabriela Origlia - CÓRDOBA.– Ganancias e Ingresos Brutos (II.BB.) son dos impuestos diferentes en sus impactos. Para el consumidor, el primero pega directamente en sus ingresos, en cambio no percibe igual a II.BB., aunque estén presentes en cada pago que haga al comprar bienes y servicios. Las modificaciones de Ganancias que se aprobarían en unos días en Diputados tendrán un costo fiscal de alrededor de $49.000 millones, que se compensará con el alza de la alícuota para empresas al 35%. La suspensión del Consenso Fiscal –acuerdo entre la Nación y las provincias que se firmó a fines de 2017– permitió el año pasado a los gobernadores un alivio fiscal de entre $60.000 millones y

$80.000 millones. De ese acuerdo se frenó la rebaja de II.BB. y del impuesto a los sellos, lo que permitió que las provincias siguieran recaudando lo mismo por esos tributos.

El economista Ariel Barraud, del Iaraf, recuerda que ya en el primer año de vigencia del acuerdo varias provincias subieron alícuotas de II.BB. porque las tenían por debajo del techo previsto, y con la suspensión que este año rige por segundo año consecutivo se frenaron rebajas como las que impactan en la construcción, que debían llegar al 2% el año pasado, o la que recae sobre actividades primarias, que ya deberían estar exentas, mientras que en la industria la alícuota debería estar en 0,5% y sigue en 1,5%.

En el caso de servicios financieros, directamente se habilitaron las subas, que se registraron en varias jurisdicciones (ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Buenos Aires); del 5% límite fijado hoy se mueve entre 7% y 8%. Junto con la suspensión del consenso, también se autorizaron las alzas de Sellos, en el que, según el acuerdo, se debían eliminar los tratamientos diferenciales y este año se debía llegar al

0,25% para eliminarlo en 2022. Barraud insiste en que el impuesto –criticado de manera unánime por su efecto cascada– alcanza a todos los bienes que se consumen por vía de la cadena productiva: “Por su impacto en forma de pirámide, se termina cobrando impuesto sobre impuesto. Por ejemplo, en alimentos alcanza el 8%, cuando el IVA es, para muchos artículos, el 12%. Sin embargo, la percepción no es la misma. Toda la canasta de consumo está afectada, aunque en algunos bienes más que en otros”, explica el economista.

El objetivo final era que II.BB. en el caso del comercio quedara con una alícuota del 5% (ya establecida para 2019), para después transformarlo en un impuesto final a las ventas, lo que terminaría con el efecto cascada. En los últimos años se barajaron varios proyectos en ese sentido, pero todos quedaron en la nada.

“Nos distraen mucho con Ganancias, pero lo cierto es que en el país se alinean los planetas antiinversión, con más carga para las empresas. Estamos llenando todos los casilleros para ir en contra de la prosperidad y el empleo –dice el tributarista César Litvin–. El consenso apuntaba a terminar con los impuestos tóxicos; los gobernadores se comprometieron en 2017 y dos años después quedó en la nada. Ese permanente cambio en las reglas es lo que explica que no tengamos crecimiento; además de que no se controla el gasto público”.

Su colega Federico Favot aporta una jugada de las provincias que golpea a las empresas, particularmente a las pymes, como es el cobro a cuenta. “Aun con los techos vigentes, los pagos a cuenta hacen que las empresas acumulen saldos a favor muy importantes; se generan descoordinación y caos entre los distritos, que terminan burlando la cláusula del consenso que apuntaba a terminar con eso”. Explica que las compañías deben gastar en trámites o incluso en litigar y que la devolución del dinero a favor demora “mucho tiempo”.

Respecto de los municipios, las provincias se comprometían a establecer con ellos un régimen legal de coparticipación, a adoptar un régimen legal de responsabilidad fiscal similar al nacional (también suspendido en sus cláusulas más importantes) y a promover la adecuación de las tasas aplicadas en las jurisdicciones, de modo que estas se correspondan con la efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo. Tampoco se concretaron esas promesas.