Por Florencia Donovan - Una vez más, en el equipo económico existe la convicción de que el superciclo de las commodities ayudará a llegar a octubre con la economía en marcha. Lo anticipó el ministro Martín Guzmán esta semana, en una conferencia con un puñado de inversores: en el Gobierno esperan que la economía crezca este año 7%, por encima del 5,5% establecido en el presupuesto y más de lo que pronosticaron para el país organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero en el mercado temen que hacia fin de año el viento de cola vea mermada su capacidad para maquillar los desequilibrios macroeconómicos que heredó Alberto Fernández y que en lo que va de su gestión se empeña en profundizar.

No son pocos los indicios que la macro comienza a dar. La aceleración inflacionaria que se dio en los últimos meses, pese a tener las tarifas planchadas, el dólar anclado y precios máximos están provocando un cruce de facturas dentro del propio equipo económico y ponen nervioso a más de uno en el Gobierno. Algunos incluso ven que será más sencillo ir solucionando la falta de vacunas que el problema de la inflación.

“Los resultados de Guzmán no se estarían viendo”, ironizaba un funcionario. Lo cierto es que la economía de Fernández tiene un liderazgo tan desarticulado como la que existía durante la gestión de Mauricio Macri. El gabinete económico se reúne semanalmente, pero en la práctica cada uno de los ministros funciona como un compartimento estanco. Guzmán solo comparte sus pensamientos con su núcleo más íntimo, que coincide con “los vacunados”, como los llaman con malicia en otras áreas. Con el resto de sus colaboradores usa un casete casi tan monocorde como el que usa con los medios.

Entretanto, la política de garrote de la Secretaría de Comercio para contener las presiones inflacionarias aplaca a corto plazo algunos reclamos privados de aumentos de precios, pero también aplasta todo espíritu inversor. Hasta anoche algunas de las grandes cámaras empresarias debatían la conveniencia de enviar a los medios un comunicado en repudio del Sipre, como se llama el nuevo sistema informativo destinado a controlar precios, ventas y stocks de las grandes empresas.

En todas las industrias –aun en las que parecen estar marchando firmes– empiezan a asomar señales inquietantes.

Tal vez el caso más evidente sea el de las tarifas de los servicios públicos. Guzmán está teniendo cada vez más dificultades para convencer a los propios de que aplicar un aumento del orden del 30% en las boletas de electricidad y de gas no tendrá impacto sobre el humor social en un año electoral. El problema es que su argumento fiscalista no hace mella sobre un sector del Gobierno que no ve en la cuestión fiscal un problema. Quedó bien claro en una de las audiencias públicas que se desarrollaron esta semana, en la que el responsable del Enargas, Federico Bernal, insistió en que la energía debería ser contemplada como un derecho social y humano, como lo son la salud o la educación, y que, como tal, no debiera ser escrutada por su impacto fiscal.

Bancos en problemas

Pero el de los servicios públicos –aunque es uno de los problemas macro más graves, por el impacto que tiene sobre la balanza cambiaria– no es el único. En el sistema financiero empiezan a advertir que la política de regular márgenes bancarios podría terminar por erosionar el negocio y, por ende, poner en juego la solvencia de varias entidades medianas y pequeñas.

El Gobierno anunciará en los próximos días que llegó a un acuerdo con los bancos para prorrogar hasta el 30 de junio el programa de cuotas Ahora 12. Aunque a regañadientes, la mayoría de las entidades terminó aceptando la propuesta oficial –ante el temor de que se les exigiera alguna regulación–, que esta vez ya no tendrá tres meses de gracia y tendrá un costo de financiación para el comercio del 25% anual, cinco puntos más que el programa vigente hasta el 31 de este mes.

Sin embargo, uno de los principales planes oficiales para fomentar el consumo tiene limitaciones. La realidad es que, sin levantar demasiado el perfil, la mayoría de los bancos están adoptando posiciones defensivas y recortando al máximo su exposición al crédito. Un informe elaborado por un banco de primera línea sobre la base de datos confidenciales del sistema financiero muestra que hace ya dos años que los bancos están achicando con fuerza la cantidad de nuevas tarjetas de crédito emitidas. En su lugar, están optando por colocar entre sus clientes solo tarjetas prepagas, que no le implican al banco un costo financiero. De acuerdo con el informe, entre 2019 y 2020 bajó en dos millones el número de tarjetas de crédito activas en el sistema bancario, mientras que las prepagas aumentaron en igual proporción.

“El consumo con tarjeta está bajando en términos reales, los bancos no estamos aumentando los límites de financiación y el sistema general se está achicando”, reconoció el presidente de un banco privado. “El tema es que cuanto más crédito damos, más plata perdemos. Y no es un problema de mora, la morosidad es muy baja. Acá están destruyendo un negocio que siempre funcionó bien y que incluso fue clave para el modelo económico kirchnerista en el pasado”, admitió.

También las entidades están achicando estructuras. Aunque tienen un rezago importante, los números que publica el Banco Central ya lo evidencian. La dotación de personal del sistema bancario viene cayendo todos los trimestres desde diciembre de 2019. Solo entre marzo y septiembre del año pasado, el sistema eliminó 1316 puestos de trabajo. Otra muestra de que la prohibición de despidos no necesariamente sirve para contener la caída en el empleo. La mayoría de los bancos no reemplazan los puestos que quedan vacantes y en algunos casos ofrecen programas de retiros voluntarios.

“La demanda de crédito corporativo no existe, no hay deals, los bancos no tienen dónde alocar fondos más que en títulos públicos, mayormente ajustables por CER. Se empieza a ver un deterioro notable en los balances de los bancos y están quedando muy grandes las estructuras para los negocios que hay”, justifican en una entidad nacional.

Algunos grupos internacionales que en algún momento coquetearon con abandonar su negocio ahora están volviendo a sondear el apetito del mercado. El estatal Banco do Brasil estaría buscando un banco de inversión que lo asesore en la venta de su participación en Banco Patagonia. Otra entidad de primera línea internacional tiene puesto el cartel de venta, a sabiendas de que, en el contexto actual, difícilmente encuentre un inversor dispuesto a pagar lo que aún vale su negocio.

Dólares que no alcanzan

Hay una convicción entre los empresarios de que el ciclo de commodities –que podría hacer que este año ingresen US$10.000 millones adicionales– no será suficiente para compensar la escasez de dólares del país. En este contexto, no habrá Sipre que surta efecto. Al ministro Matías Kulfas ya se lo advirtieron las automotrices y, a través de una dura carta, las empresas nucleadas en la Euro Cámara Argentina.

El índice de precios mayoristas, que publicó el Indec el miércoles, también lo reflejó: con un tipo de cambio devaluando a un ritmo del 3%, los precios de los productos importados crecieron más del 7%, señal de que los importadores ya toman como referencia el dólar financiero y no el oficial para definir sus precios.

El problema del abastecimiento de bienes e insumos importados está operando como una limitante para la puesta en marcha de algunos planes de reactivación que organismos oficiales estaban previendo en el año electoral. “Estamos viendo qué podemos financiar, pero nos juntamos con algunos empresarios y no tenemos garantía de stock –admitió una fuente del Gobierno–. El Banco Nación salió a financiar computadoras al 15% y enseguida se quedó sin stock”, ilustró. Un pequeño inconveniente coyuntural, entre muchos otros más graves.