Por Jorge Colina - Argentina está sumida en una profunda crisis económica producto de un efecto tijera. El anterior Gobierno se propuso reducir el desequilibrio fiscal para reducir la inflación de manera gradual. Para financiar el gradualismo, tomó deuda en dólares. Tanta deuda acumuló que, a principios del 2018, lo que el Estado Nacional tenía que pagar sólo de intereses superaba lo que gastaba en salarios de empleados públicos. Los inversores se asustaron y decidieron sacar sus dólares del país. Así, comienza en abril del 2018 la profunda crisis cambiaria. El dólar oficial pasó de $20 a $90 y el paralelo está en $150. En el proceso se perdieron 300.000 empleos asalariados registrados en empresas privadas.

El nuevo Gobierno asume en diciembre del 2019 con la idea de renunciar a todo ajuste de las cuentas públicas. La idea tuvo un fuerte empujón por la llegada de la pandemia en marzo del 2020. El país se embarca en un estricto confinamiento que frena abruptamente la economía, lleva el déficit fiscal primario de casi 0% a 6,5% del PIB, financiado con una masiva emisión monetaria que ahora emerge con tasas de inflación del 4% mensual. En el proceso se perdieron otros 200.000 empleos asalariados registrados en empresas privadas.

Por el efecto tijera de la crisis cambiaria más la pandemia se perdieron, entonces, 500.000 empleos registrados en empresas privadas. Sin embargo, el empleo público nacional, provincial y municipal, en el mismo período, creció en más de 140.000 empleados de planta (es decir, con estabilidad). Dado que en el sector público argentino, la entrada al empleo público raramente es por concurso o método riguroso de selección, no es arriesgado pensar que la mayoría de este crecimiento fue por amiguismo o contactos políticos. Mientras cae el empleo privado, el Estado sigue llenándose de empleados.

Las personas de altos salarios están preocupadas porque los parámetros del Impuesto a las Ganancias se ajustan por salario y no por inflación. Esto implica que cuando hay pérdida de salario real, aumenta la presión del impuesto. En lugar de arreglar este tema puntual, oficialismo y oposición deciden intempestivamente eximir del impuesto a las ganancias a todo aquel que tenga salario entre $75.000 y $150.000. Es decir, a la mayoría de los que hoy están alcanzados por el impuesto a las ganancias de las personas humanas. Esto generará una pérdida de ingresos al Estado de más de 1% del PIB. Se dice que para compensar se aumentará el Impuesto a las Ganancias de las sociedades al 40%. O sea, se aumenta la presión impositiva a las empresas que tienen que recuperar los 500.000 empleos asalariados formales perdidos.

Se nombra un ministro de Justicia con antecedentes desconocidos en la materia. Con ello, se siembra un manto de dudas en torno a que sería para confrontar con los jueces. Sin entrar a analizar la veracidad de las sospechas, queda claro que el manejo es muy poco profesional.

El problema en Argentina es que nadie cuida al Estado. Ni los que ayer fueron oficialismo y hoy son oposición, ni los que ayer fueron oposición y hoy son oficialismo. Ni los que acusan de ser víctimas del lawfare, ni los que usan el lawfare para acusar por decisiones políticas cuestionables. Ni los que denuncian que el Estado está sobredimensionado y debería ser lo más chico posible, ni los que propugnan que el Estado debería hacerlo todo en la economía.

Todos necesitan de un Estado ordenado

Un Estado ordenado es una organización robusta en términos del profesionalismo de sus recursos humanos y de sus reglas de organización interna para tender a la eficiencia y al servicio de alta calidad al ciudadano. Un Estado ordenado es aquel que se financia con impuestos que impactan lo menos posible en la población de menores ingresos o que desalientan la inversión y el empleo.

Es aquel que asigna el gasto público con sentido estratégico. Esto es, si invierte en educación pública se enfoca en los resultados educativos, más que en la paritaria docente; si invierte en infraestructura se enfoca en la productividad de la economía, más que en el color político del gobernador donde pasa la obra; si gasta en jubilaciones se enfoca en los ancianos de menores ingresos, más que en los que tienen jubilaciones de privilegios y regímenes especiales.

En suma, el desafío en Argentina no es sólo equilibrar las cuentas públicas. Esta es una condición necesaria, pero no suficiente. La condición suficiente es ordenar el Estado para que sea el promotor del desarrollo social y no un instrumento para sacar provecho personal, electoral o privilegios sectoriales.

Por eso, tener un Estado ordenado no es una cuestión de “derecha” o de “izquierda”. Es un requisito común para ambas ideologías. Para ejecutar políticas de derecha o de izquierda –algo que se dirime en el proceso electoral– se necesita un Estado ordenado.