Por Francisco Jueguen - En medio de una alta inflación y faltantes de productos, el Gobierno comenzará a controlar de forma sistemática, digitalizada y mensual los precios, el nivel de producción, las ventas y el abastecimiento de productos de unas 1000 empresas grandes en la Argentina.

A través de una resolución que se publica hoy en el Boletín Oficial se creará el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), un régimen informativo obligatorio y confidencial con el que la Secretaría de Comercio Interior buscará tener un monitoreo de lo que ocurre en las cadenas de valor claves.

Las firmas que se nieguen a brindar esa información podrán ser apercibidas en el marco de la ley de abastecimiento, aclararon en el Ministerio de Desarrollo Productivo.

La decisión de la cartera que conduce Matías Kulfas se dio tras varias reuniones sectoriales, entre ellas la de la cadena de alimentos, en la que los productores finales cuestionaron tanto el congelamiento de precios desde marzo de 2020 como algunas subas excesivas de varios insumos, algunos atados al dólar o a la expectativa de devaluación y otros a la suba de precios internacionales (bajo presión por la mayor demanda global, principalmente de China). Además, Comercio Interior viene de imputar a empresas de alimentos por desabastecimiento y a firmas constructoras por negarse a brindar información sobre stocks.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo informaron que la decisión de crear este nuevo régimen informativo es una iniciativa que se venía desarrollando desde hacía tiempo y que no responde a situaciones particulares de la coyuntura. “La idea es tener una pintura global de las cadenas de valor y lograr alertas tempranas por parte de las empresas” ante faltantes de mercadería o “desequilibrios de precios” entre los eslabones de la cadena. Esos desequilibrios, creen, pueden desenmascarar “conductas especulativas ligadas a incrementos injustificados de precios”. Para las fuentes que desarrollaron el proyecto oficial, el Sipre no generará nuevos costos a las compañías afectadas, ya que incluye información disponible para sus ejecutivos.

Las principales variables a presentar son precios de venta vigentes, cantidades producidas y vendidas, y el stock de los productos. Las compañías seleccionadas deberán enviar la información requerida de forma mensual (será subida directamente a una plataforma digital online) entre los días 1° y 10 de cada mes calendario, aunque se podrán hacer rectificaciones entre los días 11 y 15 del mes correspondiente.

La primera presentación deberá realizarse dentro del período comprendido entre el 1° y el 10 de abril. En esta primera vez, las empresas deberán informar los datos disponibles para enero, febrero y marzo de este año. Las presentaciones posteriores deberán contener la información correspondiente a esos ítems del mes inmediato anterior.

El Sipre arrancará en dos etapas. En la primera, los sectores que deberán enviar estos datos al Gobierno serán los de alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza; construcción; química y agroquímica; electrónica y electrodomésticos, y muebles. Estos suman más de 500 grandes empresas. En la segunda etapa, aún sin fecha definida de implementación, se sumarán la producción de químicos generales y metalmecánica, entre otros, y se llegará así a las 1000 empresas bajo este nuevo régimen informativo.

En la primera tanda, las compañías que deberán subirse al régimen ideado por Paula Español son: en la construcción (aquellas que facturen más de $965.460.000); comercio (más de $2.602.540.000), y las dedicadas a la actividad industrial (más de $2.540.380.000).

Además de la resolución de hoy, en las próximas horas la Secretaría de Comercio Interior publicará una disposición en la que se detallarán los pormenores del sistema, entre ellos, el manual de carga de datos que el Gobierno exigirá a las empresas desde el mes que viene.

No es la primera planilla que el Gobierno exige a las compañías. Desde 2020, la Secretaría de Industria, les reclama una proyección de las importaciones que realizarán en el año junto con detalles sobre producción estimada e inversiones. Todo para establecer un cupo de bienes a adquirir en el exterior. Más allá de esa promesa, las firmas cuestionan que esa proyección –debatida con funcionarios– no se cumple al 100%. Incluso crecen las quejas empresarias por las SIMI (permisos de importación) observadas en las últimas semanas, pese a que el Banco Central está comprando dólares.

El macrismo también estableció regímenes de información a las empresas. El más conocido fue Precios Claros, sistema que obligó a los supermercados a brindar información cada 24 horas sobre sus precios. La idea, como la de Español y Kulfas, fue dar “transparencia” para “fortalecer el mercado interno”.

En el sector privado, varias compañías de alimentos explican los faltantes por la caída de rentabilidad que provocó el programa Precios Máximos (congelamiento que rige desde el 6 de marzo de 2020). En Copal –que agrupa a las alimenticias– repiten que muchos costos (incluso los del Covid) subieron por encima de los precios, algo que tanto Kulfas como Español admitieron en los últimos encuentros.

En el sector de la construcción, por otra parte, hubo un lento reinicio de las fábricas tras el período más rígido de la cuarentena, que provocó una caída en la oferta, que se combinó con la brecha cambiaria –volvió atractivo el metro cuadrado para construir al dólar blue–. A eso se sumó la expectativa de devaluación, que produjo acopio de materiales y fuertes alzas de precios.