Por Carlos Burgueño - Martín Guzmán va por una quimera. Lograr que los países integrantes del Club de París le otorguen a la Argentina la posibilidad de postergar el pago de los u$s2.400 millones que el país debe liquidar antes del 30 de mayo (operación que si no se ejecuta implicaría entrar en default el 31 de julio). La intención del gobierno de Alberto Fernández es la de lograr que las negociaciones se retomen en el último bimestre del año (luego de las elecciones de octubre), en coincidencia con la también postergada discusión por la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El ministro se comprometerá a sostener (al menos en una línea diplomática), el esquema negociador durante todo el lapso de tiempo que transcurrirá entre abril y octubre; aun sabiendo que no puede haber acuerdos estructurales hasta después de haber superado el Gobierno el trance electoral. Se supone que esta situación de negociación permanente con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, debería ser suficiente garantía para que los miembros del Club de París tengan la justificación para aceptar la prórroga.

El mensaje será transmitido por el propio Guzmán, en el viaje por varios continentes que tendrá una primer estación en Washington, donde tendrá que explicar sin rodeos cual es el plan de negociaciones que plantea el gobierno de Alberto Fernández con el FMI. Cree el ministro que tiene los suficientes argumentos técnicos y políticos, como para que sus interlocutores acepten diluir en el tiempo el debate de una Carta de Intención. Pero siempre sin cortar la línea negociadora. Esta es la condición indispensable que, se cree, se reclamará desde el Club de París. Una vez cerrada la promesa de sostener el diálogo de manera tenue pero permanente hasta después de las elecciones, el viaje de Guzmán continuará por Europa donde hablará directamente con los representantes del Club de París que más influencia tienen en ese bloque: Alemania y Francia. El ministro intentará ser convincente. Pero deberá apoyarse en la tarea diplomática que desde Buenos Aires tendrá que hacer el propio Fernández con Angela Merkel y Emmanuel Macron. Sin el aval del más alto nivel político, cualquier gestión del ministro será inútil.

La fecha de vencimiento del acuerdo con el Club de París es el 30 de mayo. Se puede especular con unos 60 días más de plazo sin que el país pueda ser calificado como en “default”; según la letra fina del acuerdo vigente con Argentina. Pasado ese plazo, Argentina sería calificado como “país en default”, lo que lo arrojaría a la categoría de paria financiero internacional. Inevitablemente el riesgo país sufriría un nuevo sacudón, y la posibilidad de soñar con un regreso a los mercados internacionales (tanto para el sector público como para el privado), sería una utopía.

La esperanza oficial es que para julio ya debería haber definiciones en el avance de las discusiones con el FMI, y la certeza que de manera lenta el diálogo para una nueva “Carta de Intención”, está en marcha. Saben ya tanto el Presidente como los responsables de las discusiones con el organismo que las posibilidades de un acuerdo para mayo son hoy más que difíciles y que, en concreto, los votos necesarios en el board del Fondo no están aún asegurados. Y, lo peor, las partes técnicas están lejos de un acuerdo, ante los requerimientos de mayores flexibilidades reclamadas desde Buenos Aires. Pero también se sabe que hay aún tiempo hasta septiembre, plazo en el que Argentina debería liquidar los primeros u$s 1.500 millones de capital que se le adeudan al organismo. El vencimiento también puede prorrogarse unos 30 días, con lo cual la fecha con el FMI se traslada a fines de octubre para el vencimiento del primer pago; plazo que caería luego de las elecciones. Este combo temporal será presentado ante los representantes del Club de París, para que le otorguen a la Argentina una prórroga en el vencimiento de mayo- julio; y atar la suerte del pago final a lo que suceda con las negociaciones con el FMI. “Difícil pero no imposible”, piensan en el Poder Ejecutivo.

El default que se sostiene desde el viernes 5 de junio de 2020 es un caso inédito (por lo negativo) en la breve historia moderna del país con la entidad. Bajo la gestión del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el país regularizó en mayo de 2014 la relación con la negociación de un nuevo y ambicioso plan de pagos. En aquellos días, Argentina soñaba con volver a los mercados internacionales, y buscaba una alternativa cerrando el default directo con este grupo de países.

Sin embargo, en mayo de 2019 volvió a incumplir, ya con Mauricio Macri en el poder, al no liquidar la totalidad de un vencimiento a la espera de mejores vientos financieros en 2019, que nunca llegaron.