Por Santiago Dapelo y Paz Rodríguez Niell - La decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar la creación de una comisión del Congreso para investigar a jueces y fiscales exhibió una nueva escalada oficialista contra la Justicia y generó ayer fuertes rechazos de magistrados y de la oposición.

Luego de que el senador kirchnerista Oscar Parrilli anunciara públicamente la iniciativa, en la Casa Rosada confirmaron a la nacion que se trata de un proyecto del Presidente

y precisaron que se reunirá en los próximos días con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para ultimar los detalles. Desde Juntos por el Cambio replicaron que la propuesta viola la división de poderes.

En la apertura de sesiones, Fernández había pedido al Congreso que asumiera el “control cruzado sobre el Poder Judicial”. Ayer, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aprovechó un anuncio sobre política de género para advertirles a los jueces: “O se transforman o se van”. Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, interpretó que “el control del Poder Judicial por parte del Congreso está dentro de la distribución de competencias”. En paralelo, el camarista Gustavo Hornos enfrentó un pedido de renuncia de su colega Alejandro Slokar, cercano al kirchnerismo.

Tras el duro discurso en el que reclamó al Congreso “que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial”, el presidente Alberto Fernández decidió impulsar la creación de una comisión bicameral, de diputados y senadores, “que investigue a la Justicia”.

Según confirmaron fuentes oficiales a la nacion, el Presidente le adelantó al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ese objetivo el lunes tras hablar ante la Asamblea Legislativa. Incluso, el jefe del Estado y Massa se reunirán en los próximos días, posiblemente el fin de semana, para avanzar con los detalles. “Es un proyecto de Alberto”, anticipó uno de los principales asesores del Presidente. La decisión de Fernández sorprendió incluso a altos funcionarios del Gobierno que no estaban al tanto de los movimientos del mandatario y que desconocían que esos planes existieran.

En paralelo, dispuestos a no perder tiempo, el día después de que el mandatario cargó contra la Justicia, el kirchnerismo duro tomó la lanza y anticipó la jugada de crear una comisión bicameral para indagar sobre el trabajo de los jueces.

La idea, que planteó públicamente el senador Oscar Parrilli, de estrecha confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, se sumará al resto de los cambios que ya propuso el Poder Ejecutivo como la reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que se encuentran en la Cámara de Diputados para su tratamiento. La propuesta enfrentó fuertes rechazos de magistrados y de la oposición (ver aparte).

Pese al impulso de la Casa Rosada, cerca del Presidente tienen en claro que en medio de la disputa electoral es un escenario complicado. “Si no pasa la reforma judicial, esto es muy difícil”, reconoció un integrante del gabinete nacional.

Desde temprano, el kirchnerismo salió a respaldar las palabras del Presidente. Además de Parrilli, uno de los exégetas de la expresidenta, también cuestionaron a la Justicia dos de los principales líderes de La Cámpora: el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque. “El discurso del Presidente me satisfizo plenamente. Abordó problemas que tiene la Argentina con toda realidad”, dijo Parrilli, en declaraciones a El Destape Radio. En ese contexto, el senador por Neuquén, dijo: “El Presidente pidió una comisión bicameral que investigue a la Justicia. Que la sociedad vea como está funcionando el Poder Judicial y cuáles son los cambios que hay que hacer”.

Quienes desconocían los planes de creación de la nueva bicameral sostenían que Fernández, lo que pretendía, era que se usaran las herramientas que ya tiene el Congreso, como, por ejemplo, la posibilidad de abrir juicios políticos a los jueces de la Corte Suprema. Pero por la noche ya no había dudas: el Presidente promoverá la constitución de una comisión bicameral.

Si bien allegados al Presidente rechazan hablar de una “cristinización” de Alberto Fernández, en el Senado y en el Instituto Patria había satisfacción por el tono que eligió el Presidente para poner en marcha el año legislativo.

“Quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional”, fueron las palabras que eligió el Presidente y que encendió de inmediato alarmas entre los jueces. Y agregó: “Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado”.

Poco afecto al contacto con los medios, Eduardo “Wado” de Pedro aprovechó el anuncio sobre la construcción de los denominados Centros Territoriales Integrales de Políticas de Género y Diversidad para marcar su postura. “El Poder Judicial tiene que escuchar. O se transforman o se van de un poder que busca igualdad y justicia”, dijo el ministro del Interior.

Otro de los que ponderó al Presidente fue Larroque: “Uno de los pilares de la república es que exista entre los poderes un marco de control y seguimiento (...). Sin ánimos de revanchas, queremos que las instituciones funcionen y que sean creíbles”. Y volvió sobre una idea en la que se apoya el Gobierno para promover cambios en los tribunales: el descrédito del Poder Judicial. “Hay un nivel de credibilidad en la Justicia de los más bajos de la historia. Eso no es bueno para la democracia ni para nadie”.

Otro cristinista que defendió el embate ante los magistrados fue el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, quien aseguró que “no puede tolerarse un Poder Judicial al margen de la ley y la Constitución”. El número dos del área explicó que se trata de “un Poder Judicial que en el siglo XXI mantiene los privilegios del siglo XIX y no rinden cuenta de sus actos”.

Graciana Peñafort, abogada de Cristina Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, remarcó que “el control del Poder Judicial por parte del Congreso está dentro de la distribución de competencias”.