Por Patricio Tesei - “Lo que plantea (Oscar) Parrilli es un apriete político, una caza de brujas”. Así calificó el presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, la propuesta del senador Oscar Parrilli para que el Congreso ejerza un “control cruzado” entre los distintos poderes del Estado e investigue el accionar de los funcionarios judiciales a través de una comisión bicameral.

Ayer, en su discurso de apertura del año legislativo, el presidente Alberto Fernández dedicó un extenso pasaje a criticar a la Justicia. Entre otros puntos, el jefe de Estado anunció una serie de proyectos, como la creación de un nuevo tribunal que le recortará el poder a la Corte Suprema, y le pidió al Congreso que realice “un control cruzado” institucional del Poder Legislativo sobre el Judicial.

Parrilli avanzó hoy en este sentido. En declaraciones radiales, anunció que impulsará la creación de una comisión bicameral en el Congreso para investigar e interrogar a magistrados. “Estamos acostumbrados a fiscales rebeldes que no se presentan ante la Justicia”, indicó el senador en radio El Destape.

Juan Manuel López, ante la consulta de Infobae, criticó esta iniciativa. “El control que hace el Congreso del Poder Judicial no es así, lo que plantea Parrilli es un apriete político, una caza de brujas. El control del desempeño de los jueces está previsto en la Constitución y es a través del Consejo de la Magistratura y en el caso de los jueces de la Corte, del Congreso, pero siguiendo lo que dice la Constitución y los reglamentos”.

En la misma línea, Pablo Tonelli, diputado de Juntos por el Cambio y representante ante el Consejo de la Magistratura, consideró a este medio que “todas las iniciativas que el presidente Alberto Fernández anunció son para amedrentar a los jueces, controlarlos para que decidan según las directivas que se impartan desde el Gobierno”.

 “La creación de una comisión bicameral es claramente un exceso y una violación a la división de los poderes establecidos en la Constitución; el Congreso ya tiene fijadas atribuciones de control, que son dos: el acuerdo que el Senado tiene que dar antes de las designaciones de los jueces y, en el caso de los jueces de la Corte Suprema, el juicio político que puede impulsar Diputados. El resto de los magistrados están sometidos al control del Consejo de la Magistratura”, completó.

También consultado por Infobae, Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO, expresó: “La mejor reforma del Poder Judicial que puede implementar el kirchnerismo es garantizar su independencia. Obviamente, el republicanismo es una materia que Parrilli y el kirchnerismo nunca aprobaron, pero más allá de eso, claramente esta injerencia que propone el Presidente en la Justicia camufla otras intenciones, vinculadas a frenar las causas judiciales que involucran a Cristina Fernández y que ya su gobierno no puede disimular ni ocultar, como le habrá pedido Cristina a Alberto como requisito para nombrarlo candidato a presidente. Están viendo que ese plan se les escurre y apelan a un mayor avance sobre el Poder Judicial”.

Mario Negri, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, publicó en sus redes un mensaje en sintonía con el resto del arco opositor: “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad el kirchnerismo quiere atribuirse facultades que la Constitución Nacional le da al Consejo de la Magistratura y al Jurado de Enjuiciamiento. Inaceptable, no pasarán”.

En tanto, Francisco Quintana, dirigente del PRO y vicepresidente primero del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, señaló a través de las redes sociales: “El oficialismo no tardó ni 24 horas en proponer armar una comisión en el Congreso para interrogar a jueces y fiscales. Lo que ellos llaman ‘control’ es intromisión y persecución”.

Al argumentar su propuesta, Parrilli afirmó que el Presidente “lo que dijo es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”.

Las iniciativas del Gobierno en materia judicial no sólo fueron rechazadas por la oposición, sino también por la Asociación de Fiscales de la Argentina. “La reforma del Ministerio Público es un pelotón de fusilamiento para los fiscales”, analizó su titular, Carlos Rívolo, en declaraciones a radio Mitre.

Muchos especialistas creen que el kirchnerismo busca sancionar esa norma para correr de su puesto al actual jefe de los fiscales, el procurador interino Eduardo Casal, y limitar el poder de quien lo reemplace. Luego de asumir, Alberto Fernández había promocionado a Daniel Rafecas para ese lugar, sin embargo el juez federal adelantó que no asumirá si se modifica la norma y se imponen, entre otras cosas, modificaciones en la forma que se elige y se remueve al procurador.

“La iniciativa no es una reforma, ya fue muy criticada porque es invadida completamente por la política. La Justicia necesita una reforma, pero no una reforma coyuntural”, enfatizó Rívolo.