Por Hermán Cappiello - La Justicia marcó ayer un hito en las sentencias por corrupción al condenar al empresario kirchnerista Lázaro Báez a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares, en la causa que se conoce como “la ruta del dinero K”.

Se trata del primer gran fallo sobre la corrupción kirchnerista, y puede tener efectos sobre el resto de las causas que se tramitan y afectar el futuro judicial de Cristina Fernández de Kirchner.

Otros procesos abiertos pueden determinar el origen de los fondos que lavó Báez y los responsables políticos de sus negocios. El fallo de ayer condenó además a otras 22 personas, incluidos los hijo de Báez, Martín, a 9 años de prisión, como coautor; Leandro (a 5 años); Luciana (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), y Melina (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló el dinero. También condenaron al valijero Leonardo Fariña, a 5 años de prisión, y al financista Daniel Pérez Gadín, a 8 años de prisión, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos, entre otros condenados.

La Justicia le aplicó a Fariña una reducción de la pena de 3 años, porque con sus aportes como “arrepentido” logró esclarecer parte de la maniobra.

Báez está detenido desde 2016 con prisión preventiva. Desde el año pasado cumple arresto domiciliario.

Su hijo mayor, Martín Báez, es el único de los 27 acusados que está preso en un penal.

En la causa se investigó la salida del país de unos 54 millones de dólares de origen ilícito que fueron suministrados por el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Según acreditó la Justicia, el dinero circuló de Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá.

El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue condenado ayer a la pena de 12 años de prisión por haber lavado alrededor de 55 millones de dólares provenientes de la corrupción, en una causa que se conoce como “la ruta del dinero K”. Se trata del primer gran fallo sobre la corrupción kirchnerista, y puede tener efectos sobre el resto de las causas que se tramitan.

El fallo condena además a otras 22 personas, incluidos los hijo de Báez, Martín, a 9 años de prisión, como coautor; Leandro (a 5 años); Luciana (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), y Melina (a 3 años, con cumplimiento en suspenso), ya que aparecen como beneficiarios finales de las cuentas en Suiza por las que circuló ese dinero, que fue blanqueado tras sucesivas operaciones en paraísos fiscales de América y Europa.

También condenaron al valijero Leonardo Fariña, a 5 años de prisión, y al financista Daniel Pérez Gadín, a ocho años de prisión, por considerarlo penalmente responsable del delito de lavado de activos. Fueron también condenados Jorge Chueco, exabogado del empresario; Fabián Rossi; César Fernández; Julio Enrique Mendoza; Eduardo Castro; Walter Sansot; Federico Elaskar (4 años de prisión); Martín Eraso, Claudio Fernando Bustos; Carlos Juan Molinari; Daniel Alejandro Bryn, y Juan Ignacio Pisano Costa.

La Justicia le aplicó a Fariña una reducción de la pena de 3 años, porque con sus aportes como “arrepentido” logró esclarecer parte de la maniobra. Le hubieran correspondido ocho años de prisión.

Fueron absueltos Eduardo César Larrea, Sebastián Pérez Gadín y Santiago Walter Carradore.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N° 4 con el voto de los jueces Néstor Costabel y sus colegas Gabriela López Iñíguez y Adriana Palliotti, quienes de manera unánime entendieron que Báez lavó millones de dólares provenientes de la comisión de delitos. Hubo, en cambio, disidencias en cuanto al monto de la pena y algunos encuadres.

Por ejemplo, en el caso de la jueza López Iñíguez se pronunció por aplicar algunas penas menores y otras mayores a los responsables del sistema financiero. Otra particularidad de su voto es que consideró que la fuente del dinero lavado era la defraudación de Báez al fisco. Otra diferencia es que debía aplicarse la ley de lavado anterior, que era más benigna que la actual para juzgar algunos de estos hechos. El voto de López Iñíguez y el de Pallioti se distinguieron con respecto al de su colega Costabel en que este último se pronunció por absolver a tres de los acusados con un papel secundario en la maniobra y las juezas votaron por la condena.

Además, el TOF 4 ordenó decomisar 61.130.860 dólares y 4.174.697 pesos en total, que es el producto del delito del lavado de dinero en que incurrieron Lázaro Báez y el resto de los condenados por la Justicia. Los decomisos se ejecutarán cuando quede firme la sentencia.

De toda la plata involucrada, la Justicia congeló unos 5 millones de dólares en las Bahamas, unos 800.000 dólares en Suiza y otros 150.000 dólares. Para ejecutar la sentencia, cuando quede firme, deberá entonces rematar los millonarios bienes de Báez, que la Justicia calculó en 190 millones de dólares y están compuestos por estancias, casas, vehículos, maquinaria vial y aviones.

Los montos de dinero se corresponden con los diversos hechos de lavado de dinero, que van desde la salida de millones de dólares del país y su reingreso tras ser blanqueados, y la compra de automóviles, de un campo y de otros bienes.

Esta condena contra Báez impacta en el juicio que se sigue a Cristina Kirchner, acusada de favorecer al empresario con contratos de obra pública, pues los jueces de la mayoría del tribunal dieron por probado que ese dinero ilícito provenía de esos contratos. Los detalles se conocerán cuando se hagan públicos los fundamentos de la sentencia.

El fiscal Abel Córdoba había pedido para Báez la pena más alta, 12 años de prisión. Los otros acusadores también pidieron penas: la Oficina Anticorrupción (OA), 8 años y 6 meses de prisión; la Unidad de Información Financiera (UIF), 9 años, y la AFIP, 8 años.

Báez está detenido desde 2016 con prisión preventiva. Desde el año pasado cumple arresto domiciliario en su casa.

Su hijo mayor, Martín Báez, es el único de los 27 acusados que está preso en un penal. Está detenido en la cárcel de Ezeiza desde febrero de 2019 por orden del tribunal, ante una denuncia por un intento de transferir cinco millones de dólares cuando estaba inhibido.

La maniobra

En la causa se investigó la salida del país de unos 54 millones de dólares de origen ilícito que fueron suministrados por el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Para el fiscal a bel córdoba, la maniobra contenida en los hechos de lavado a barca los US$54.872.866. Ese dinero recorrió una serie de etapas por cuentas de empresas offshore en paraísos fiscales, se cambió en bonos del Tesoro argentino y reingresó a las cuentas de Austral Construcciones, la firma del empresario en la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación.

Según acreditó la Justicia, el dinero circuló desde Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá. Luego fue repatriado a través de la compra de bonos argentinos.

El tribunal oral encontró que los delitos precedentes, es decir, el origen del dinero ilegal, eran la defraudación al Estado causada por el direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Báez, investigado en el caso conocido como Vialidad, en el que Cristina Kirchner está acusada, y la evasión impositiva de Austral Construcciones a través del uso intensivo de facturas truchas.

El juicio comenzó en octubre de 2018 y en los primeros tramos del debate se preveía una duración de ocho meses, pero se sumaron inconvenientes que corrieron esos plazos hasta que la pandemia de coronavirus derivó en la suspensión de las audiencias desde el 20 de marzo hasta junio pasado, cuando se reanudó de manera virtual.