El kirchnerismo dio ayer dos pasos decisivos en su intento de cambiar la fisonomía del Poder Judicial, en especial en lo que se refiere a juzgados donde se tramitan causas de alto impacto político.

Por un lado, el Senado designó a Alejo Ramos Padilla a cargo del Juzgado Federal de La Plata, que tiene la competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un juez de clara identificación con el actual oficialismo, que viene de ejercer el mismo cargo en Dolores.

En simultáneo, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara alta el pliego de Roberto Boico, que fue abogado de Cristina Kirchner y de Oscar Parrilli, para ocupar un lugar en la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las principales investigaciones de corrupción que involucran a funcionarios nacionales.

A ese mismo tribunal regresó esta semana Eduardo Farah, que había sido trasladado durante el gobierno de Mauricio Macri. Y el Consejo de la Magistratura acelera los concursos para reemplazar a Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, cuestionados por el Gobierno.

El kirchnerismo avanza con su plan de renovación de la estratégica Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa los fallos que se dictan en las principales causas de corrupción. El Poder Ejecutivo envió al Senado, para su acuerdo, el pliego de Roberto Boico, abogado de Cristina Kirchner en el caso por la firma del memorándum con Irán, para cubrir una de las vacantes del tribunal.

El fin de semana, Alberto Fernández había firmado el decreto para cubrir otra de las vacantes con Eduardo Farah, que regresa a la cámara, de la que había sido trasladado. Así, el oficialismo gana influencia en un tribunal clave, que revisa las principales decisiones de los jueces de instrucción de Comodoro Py.

La Cámara Federal es un tribunal clave. Está integrada por dos salas de tres jueces cada una y revisa las decisiones más importantes de los doce jueces federales de Comodoro Py que concentran las principales causas contra funcionarios y exfuncionarios. Es por esta razón que su conformación siempre despierta enorme interés en el poder político.

Boico es un abogado, profesor universitario, con excelente desempeño en los concursos en los que intervino, letrado de la vicepresidenta y fue juez suplente en la Cámara Federal de Casación Penal en 2015 y 2016. Su perfil, muy identificado con el kirchnerismo, se completa con la defensa pública que hizo del exvicepresidente Amado Boudou y su tarea como abogado del senador Oscar Parrilli.

Quedó segundo en el concurso para este cargo en la Cámara Federal, pero era número puesto para que el Presidente lo eligiera para elevar su nombre al Senado, donde el oficialismo cuenta con la mayoría necesaria para darle el acuerdo que lo convierta en camarista.

Boico trabajó con el abogado de Madres de Plaza de Mayo Eduardo Barcesat, con quien tiene publicados artículos sobre YPF y la ley de Papel Prensa. Representa a Cristina Kirchner en la causa por la firma del memorándum con Irán, denuncia iniciada por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de aparecer muerto de un tiro en la cabeza en su departamento de Puerto Madero.

Fue uno de los firmantes, en 2013, de la primera solicitada de Justicia Legítima, una agrupación que avaló el proyecto de “democratización de la Justicia” que impulsaba Cristina Kirchner y fue declarado, en su mayoría, inconstitucional por la Corte Suprema y tribunales inferiores.

Es profesor de Derecho de la UBA y del Instituto Universitario de la Policía Federal. En 2012 se desempeñó en el Senado, cuando Amado Boudou era presidente de esa cámara.

Boico tiene viejos tuits en los que defiende a Boudou y critica la manera en que se llevó adelante la investigación sobre el exvicepresidente, condenado a cinco años y diez meses de prisión. Estas posiciones hicieron que Margarita Stolbizer lo recusara para intervenir en los casos Los Sauces y Hotesur.

El avance del nombramiento de este abogado de la vicepresidenta en la Cámara Federal se suma al regreso al tribunal de Farah, el camarista que había sido trasladado de ese puesto al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1 tras firmar un fallo que liberó a Cristóbal López.

El gobierno de entonces, encabezado por Mauricio Macri, lo celebró, ya que lo consideraron un paso para “limpiar” el tribunal.

El regreso de Farah fue posible gracias al fallo Bertuzzi de la Corte Suprema, que sostuvo que todos los traslados de jueces debían considerarse “transitorios”. Una semana después del fallo, el 10 de noviembre, el camarista presentó un pedido en el Consejo de la Magistratura para volver a la Cámara Federal porteña.

Por seis votos contra uno, la Comisión de Selección del Consejo aprobó el dictamen para dar lugar a la solicitud de Farah el 15 de diciembre, y luego fue ratificado por el plenario. Pablo Tonelli (Pro) fue el único miembro de la comisión que se opuso, ya que consideró que Farah pretendía un nuevo traslado, justo lo que la Corte había pedido que no se hiciera más.

Para concretar su objetivo, Farah necesitaba de un decreto presidencial, que fue firmado este fin de semana por el presidente Alberto Fernández. Ahora, es cuestión de días para que el regreso se materialice, ya que Farah debe acordar el reinicio de sus funciones con el presidente del tribunal, Martín Irurzun.

Farah había llegado por concurso a la Cámara Federal y la integró durante una década. Fue compañero de colegio y es amigo de Javier Fernández, un hombre que fue muy influyente en la conformación de los tribunales federales y que tiene una vieja relación con el exespía Antonio Stiuso.