Domingo 31 - Por Liliana Franco - El Gobierno está jugando dos cartas fuertes para poder cumplir con el mandato que recibió de la ciudadanía en cuanto a recuperar la economía y el poder adquisitivo, en un contexto particularmente complicado por las demoras en el plan de vacunación contra el Covid-19.

Se trata del lanzamiento de estímulos a la construcción, por un lado, y el avance en las medidas de regulación para contener la suba de los precios de los productos de consumo masivo, por otro. Y los tiempos son perentorios ya que la mejora de la situación debería ser perceptible para la mayor parte de la población en los próximos meses; si no, se pondrá en riesgo el resultado de las cruciales elecciones de octubre.

Los planes de la Casa Rosada contemplaban que, en los primeros meses del año, una buena parte de la población recibiera la vacuna para de esta forma, apuntalar la recomposición de la actividad económica a partir de marzo o abril venideros. Sin embargo, en estos días las autoridades rusas a cargo de la distribución de la vacuna Sputnik V reconocieron que habrá una “demora” en la provisión de los fármacos comprometidos de hasta 2 a 3 semanas.

Este comunicado pone en evidencia un problema generalizado, la falta de vacunas, según señalan fuentes de la sanidad –uno, de muchos ejemplos, Madrid tuvo que detener la vacunación ante la demora en los suministros de las dosis–

Al día de hoy las dudas son muchas, ya que no se conoce a ciencia cierta con cuántas vacunas contará el país, en qué plazos se recibirán y cuándo y cómo se aplicarán a la población. Lo que sí se sabe es que los principales laboratorios no están dando abasto con la demanda y, según sostienen los especialistas, los problemas de escasez probablemente se mantengan al menos hasta mediados de año.

En este contexto se explican las declaraciones del presidente Alberto Fernández en cuanto a que "la vacuna contra el coronavirus debe ser considerada un bien público global", efectuadas en el Foro de Davos. Y enfatizó que "la pandemia nos demostró, una vez más, que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados".

Planes de vivienda

Los planes de vivienda son una de las salidas que encara el Gobierno para enfrentar al estancamiento. “Los proyectos que saldrán más rápido del Congreso son los referidos al estímulo a la actividad de la construcción”, afirman en fuentes legislativas. En tal sentido, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento dos iniciativas que otorgan incentivos fiscales destinados a reactivar la construcción y a atender el déficit habitacional, facilitando el acceso al crédito hipotecario.

La oposición se muestra dispuesta a avanzar en este sentido. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto con el ministro de Vivienda, Jorge Ferraresi se encuentran abocados a lograr consensos.

Las propuestas del Poder Ejecutivo contemplan estímulos impositivos: beneficios en el pago del Impuesto sobre los Bienes Personales y el diferimiento del pago del impuesto a las Ganancias. También se incluye un blanqueo de los fondos que se destinen al sector de la vivienda.

Además, buscan promover el acceso al crédito bancario y fomentar la complementariedad con el mercado de capitales, a través de nuevos instrumentos de inversión. Se prevé lanzar nuevos préstamos hipotecarios ajustados por la variación de los salarios.

Primeros análisis del sector construcción evalúan como atractiva la posibilidad de reducir el pago de impuestos en Bienes Personales con el agregado que la inversión en ladrillos se percibe como más segura respecto de la repatriación se hace ahora mediante un depósito bancario. Y el momento resulta propicio porque el costo de la construcción en dólares se ubica cerca de un 30% por debajo del valor registrado un año atrás.

El impulso a la construcción no sólo apunta a satisfacer una demanda de la sociedad -dado el déficit habitacional–, también permite atacar el problema del desempleo.

La pandemia afectó particularmente a las ocupaciones menos calificadas, de donde la construcción puede ser una salida para al menos, parte de los nuevos desempleados. Y además es viable porque la demanda de insumos importados es limitada, por lo que no tropieza con el problema de falta de dólares que enfrenta el Banco Central.

Acuerdos de precios

“El acuerdo de precios y salarios tiene que armarse para que este año los salarios le ganen a la inflación”, señaló una alta fuente del gobierno a Ámbito, al tiempo que estiman “una recuperación de uno o dos puntos” en el poder adquisitivo.

Por esta razón es que desde el Gobierno se ha enviado la señal de tender a subas del orden de 30% en las negociaciones paritarias, un porcentaje coherente con el 29% de inflación que proyecta el Presupuesto 2021. Cabe señalar, no obstante, que esta previsión se encuentra por debajo del casi 50% de aumento en el costo de vida que prevén las consultoras privadas.

Al acuerdo de la carne les seguirán otros para el trigo y el maíz, según adelantaron fuentes oficiales a Ámbito. Las autoridades alientan fideicomisos para controlar el traslado (pass through) de las cotizaciones internacionales de las materias primas a los precios internos, además de la aplicación de retenciones (la Argentina, junto con Rusia, son los dos únicos países que las aplican, según los datos oficiales).

El esquema que contemplan las autoridades consiste en armar un fideicomiso desde los actores privados, donde los que más exportan aporten fondos y compensen a los que venden a precios menores en el mercado interno. Esta forma de compensación evitaría que las autoridades tomen otras medidas, como restricciones a las exportaciones o subas de gravámenes.

En el caso del trigo, el acuerdo deberá incluir una referencia de precio para la harina y el pan, para que no se quede con un excedente el molino o el panadero, precisa la fuente al tiempo que afirma que “no está descartada una suba en las retenciones al trigo”.

Precios máximos

En cuanto a la política de precios controlados, la industria alimenticia señala que se trata de una olla a presión. La economista Marina Dal Poggetto advierte que el año pasado, los alimentos con precios máximos subieron 23% y los no controlados, 70%.

Por su parte, las autoridades dicen que aspiran a ir liberando el sistema, pero confiesan que “mientras las cotizaciones de las materias primas estén altas en el mundo, el sistema de precios máximos seguirá vigente”.

Más allá de los esfuerzos regulatorios oficiales, “el principal determinante de la aceleración del precio de los alimentos es el aumento de los precios internacionales y la devaluación del tipo de cambio oficial”, señala un informe de la consultora PXQ. Y precisa: entre enero y diciembre pasados el maíz subió 103%, la cotización de la tonelada de soja aumentó 88% y la de trigo 83%.

En cuanto al tipo de cambio, los últimos números muestran que el Banco Central viene devaluando a un ritmo de 4% mensual y a una tasa de 45% anual.

“En la búsqueda por evitar que el tipo de cambio real se aprecie y afecte la sensible situación en el mercado cambiario, el BCRA aumenta el ritmo de crawling-peg para que vaya en sintonía con la inflación, pero si el resto de los principales factores (tarifas, precios de los commodities agropecuarios, combustibles y salarios) siguen presionando al alza, lo único que se logra es subir el piso de nominalidad. La falta de un programa de estabilización nominal es mucho más costosa que el aumento de los precios internacionales. La maldición argentina es la inestabilidad”, concluye la consultora que dirige el economista Emanuel Álvarez Agis.