Por Carlos Burgueño - Algo quedó claro que la conversación que mantuvieron el jueves de la semana pasada, en privado, vía virtual y durante casi una hora, Alberto Fernández y Kristalina Georgieva. La mayor preocupación que tienen el Presidente y de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la marcha de la economía argentina, es la aceleración de la inflación. Y el impacto que el fenómeno tiene sobre los alimentos, bebidas y productos de consumo masivo, y en consecuencia sobre los indicadores de pobreza e indigencia. Se sabe que Georgieva siempre pregunta y profundiza por la variable en todos los estados donde el organismo financiero internacional negocia acuerdos. Deja claro siempre la economista búlgara, que su intención es que luego de un tiempo de aplicadas las recetas del FMI bajo su gestión un país debería reducir los índices de pobreza y no aumentarlos. Y su máxima también debería regir para la Argentina. En el caso de que el país finalmente consiga el tan ansiado “Facilidades Extendidas Reloaded”, la meta de Georgieva es mostrar que bajo su gestión, se logró un acuerdo que mejoró las condiciones en la Argentina y no lo contrario. Algo que no se logró en casi toda la historia de los acuerdos entre el país y el organismo, y mucho menos con el stand by de los recientes tiempos de Mauricio Macri y Christine Lagarde.

El jueves, Alberto Fernández y Giorgieva hablaron sobre la inflación y coincidieron en algo obvio y urgente: debe bajar. El argentino insistió luego es que esa meta debe perseguirse con políticas diseñadas y administradas desde Buenos Aires, mientras que desde Washington hubo cierto silencio ante la propuesta. Sucede lo inevitable. El Gobierno nacional confía plenamente en sus políticas de contracción inflacionaria, basadas en la intervención directa en los mercados a base de trabas y congelamientos, mientras que los técnicos del FMI consideran que la prioridad es la política de contención monetaria y la estabilización del tipo de cambio. Mientras que Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, hablan de un monitoreo directo sobre los rubros alimentos, bebidas, tarifas, combustibles y todos aquellos factores que presionan sobre los precios; para el FMI no es posible tener éxito en la faena con el actual nivel de emisión monetaria y déficit fiscal por encima de los valores razonables estimados en un 1,5% máximo sobre el PBI. Quizá para ratificar que en Argentina sólo se tomará la primer versión de las recetas antiinflacionarias, el Presidente habló directamente con Georgieva sobre la situación de “aprovechamiento” de algunos empresarios y del reclamo de mayor “solidaridad” de los rubros más concentrados de la economía. El Presidente dijo luego que “se continúa trabajando en un programa apoyado por el FMI y diseñado y conducido por Argentina” y dejó en claro que su intención es que “el programa debe estar basado en supuestos realistas sobre cómo funciona la economía argentina”. Traducido al albertismo puro y duro, no se aceptarán las recetas monetaristas duras del FMI, y continuará la versión intervencionista sobre los mercados puntuales y los congelamientos de precios. Incluyendo las tarifas de los servicios públicos, un tema que se vincula con el nivel de subsidios y luego, como consecuencia inevitable, con el ritmo del déficit fiscal que el país debe reducir para cumplir con cualquier acuerdo que se firme con el FMI.

El capítulo inflación en la Argentina es un misterio para el organismo desde hace años. Los técnicos del FMI están formateados con la lógica teórica internacional, basada en lo que explican los libros de macroeconomía de todas las tendencias (liberales o estructuralistas); las que en general funcionan en todos los países, menos en Argentina. El último que confesó la situación fue el italiano Roberto Cardarelli. El romano manejaba el caso argentino desde los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner en el gobierno, y fue quien negoció en el terreno el stand by firmado en 2018. Y siempre mantuvo polémicas fuertes y duras sobre cómo el país debía manejar lo que consideraba, con razón, el principal problema económico local: la inflación. Presionó durante años para que la solución llegue desde la aplicación de duras políticas monetarias cruzando ajustes múltiples. Sin embargo, en el epílogo de su gestión en el país, hacia septiembre de 2019, acompañó una visita al país del director gerente para el Hemisferio Occidental, el mexicano-argentino Alejandro Werner, donde reflexionó sobre sus dudas respecto de la efectividad de sus recomendaciones antinflacionarias; poniendo el ejemplo de la evolución de los precios del pan en el país, reconociendo que una gran multinacional del sector incrementaba sus valores ante las expectativas de lo que sería el futuro y no tomando en cuenta las alzas de costos anteriores. Para Cardarelli, esta “inflación de expectativas” era todo una novedad teórica. El romano hoy maneja el caso de Egipto.