Sábado 23 - Por Nicolás Balinotti - Dos ministros de Alberto Fernández dieron por muerta antes de surgir la iniciativa del kirchnerismo duro de reformar el sistema de salud. “No se habló nunca en el gabinete”, dijo uno de ellos, seco y tajante. “Es totalmente inoportuna”, agregó el otro. Reforzó el rechazo el titular de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo a cargo de controlar a las obras sociales.

“Un sistema único e integrado es inviable”, dijo Eugenio Zanarini al sitio Mundo Gremial. Zanarini, que se infartó el mismo 31 de diciembre en que el Presidente dejó sin efecto el aumento del 7% otorgado a las prepagas, es uno de los hombres de mayor confianza de Ginés González García.

Si bien en la cima del Gobierno se relativizó la maniobra kirchnerista, cuyo cerebro sería Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, sucedió todo lo contrario en el sindicalismo. En la CGT temen perder el dinero que se atesora en el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), una caja que se alimenta del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Los gremios gestionan ahora con el Gobierno dos alternativas para afrontar el déficit de las obras sociales: elevar los aportes de los trabajadores y de las empresas o que el Estado subsidie algunas de las prestaciones, sobre todo las de discapacidad.

El Gobierno prorrogará la suspensión de despidos por 90 días –la principal demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT)– y extenderá la doble indemnización hasta fin de año, tal como anticipó el jueves la nacion. La medida tendrá una novedad: en el caso de los despidos injustificados, el resarcimiento doble tendrá un tope, y la segunda indemnización no podrá superar los $500.000. Es decir, que si un trabajador debe cobrar una indemnización de cinco millones, no cobrará el doble, sino $5.500.000.

Con la decisión de introducir un límite a la doble indemnización, el Gobierno intenta darles una señal a los empresarios y subsanar la asimetría que implicaba la norma tal como se había planteado hasta ahora. Es el modo que encontró la gestión de Alberto Fernández de contemplar las eventuales desvinculaciones de altos cargos ejecutivos que puedan traducirse en resarcimientos millonarios, y así “topear cargos gerenciales”, dijo un alto funcionario a la nacion.

Aun con esa limitación, en el Gobierno creen haber conformado a los gremios (ver aparte). El principal reclamo de la CGT era sostener la prohibición de despidos, en un momento en el que se barajaba abrir el grifo de las desvinculaciones, al menos en algún porcentaje. “Íbamos por todo y obtuvimos lo principal”, dijo a este medio un importante referente gremial que destacó que “por regla general no tiene que haber despidos” y que la doble indemnización “topeada” se sostendrá hasta fin de año. Hasta ahora esa medida se renovaba cada trimestre.

Borrador

“Ante los indicios objetivos de reactivación económica, se justifica una adecuación cuantitativa por medio de la fijación de un tope en la parte correspondiente a la duplicación de la indemnización, que mantiene la intensidad de la tutela en los trabajadores de menores ingresos y constituye un razonable instrumento en las particulares vicisitudes por las que atraviesa el mercado de trabajo”, apunta el borrador del DNU al que accedió la nacion.

El Gobierno se sumerge, conforme pasan los meses, en la dificultad de retomar la normalidad del sistema laboral. A pesar de los torniquetes legales que se fijan vía DNU, la pandemia profundizó la crisis del mercado de trabajo, con una tasa de desocupación que roza los 12 puntos. “Nosotros queremos salir de la pandemia y hoy no podemos guiarnos por los mismos parámetros que el año pasado. Todos queremos volver a cierta normalidad”, dijo a este medio un importante colaborador oficial. La doble indemnización, no obstante, fue una de las primeras medidas que implementó Fernández, aun cuando la pandemia no asomaba en el horizonte.

Un portavoz agregó: “Todo el empleo nuevo que se cree no va a quedar enmarcado por el decreto”. En la Casa Rosada seguían con atención las voces que advierten que las medidas pueden afectar la creación de nuevos puestos de trabajo.

Las medidas son rechazadas por las principales cámaras empresariales, que advierten los efectos que tienen en el sostenimiento de las empresas y que apuntan que muchas pymes terminan cerrando sus puertas o pasando a la informalidad.

El nuevo DNU se publicará al inicio de la semana próxima, aunque lo relativo a la doble indemnización se publicará hoy mismo. Actualmente se encuentra vigente el decreto 961/2020, que extendió hasta el 25 de enero la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa, y el 891/2020, que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado hasta el 29 de enero.

El decreto que Fernández tiene a la firma, en tanto, amplía hasta el 31 de diciembre “la emergencia pública en materia ocupacional”, que fue declarada a través de un DNU en diciembre de 2019.