Por Santiago Dapelo - El Gobierno decidió extender por al menos otros 90 días la prohibición de despidos y la vigencia de la doble indemnización para cesantías sin causa justificada, según anticiparon a fuentes de la Casa Rosada.

El decreto, que venía reclamando la CGT desde hacía semanas, está a la firma del presidente Alberto Fernández. En pleno avance de la pandemia de coronavirus y con las elecciones en el horizonte, el Gobierno busca evitar que se agrave la crisis laboral después de que casi cuatro millones de personas se quedaron sin trabajo durante 2020 a pesar de las restricciones.

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El Gobierno extenderá la prohibición de despidos y suspensiones por 90 días, al igual que la doble indemnización en el caso de los despidos sin causa, según confirmaron a la fuentes oficiales. nacion En medio de la crisis económica que tras la cuarentena dejó a unos cuatro millones de personas sin empleo, el Gobierno busca así mantener la barrera para evitar desvinculaciones en el comienzo del año electoral. El presidente Alberto Fernández ya tiene a la firma el decreto con las medidas, un reclamo del sindicalismo.

En principio, según adelantó un hombre de máxima confianza del Presidente, la doble indemnización se aplicará durante todo el año, aunque en el borrador del decreto que circuló durante la tarde se establece una prórroga por 90 días. Otro tema que circuló a última hora de la noche, aunque sin confirmación, fue que el resarcimiento tendría un tope de 500.000 pesos.

Actualmente se encuentran vigentes los decretos 961/2020, que extendió hasta el 25 de enero la doble indemnización en el caso de despidos sin justa causa, y 891/2020, que prohíbe despidos y suspensiones en el sector privado hasta el 29 de enero.

Además, el jefe del Estado ampliará hasta fin de año “la emergencia pública en materia ocupacional” que se dispuso en el decreto de necesidad y urgencia 34/19.

Desde el Gobierno confirmaron que, como dice el texto del decreto al que obtuvo acceso la nacion, “los despidos y las suspensiones que se dispongan en violación de lo dispuesto” en este texto “no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales”. La medida, según está especificado, no se aplicará para el sector público.

“Esta crisis excepcional exige prorrogar la oportuna adopción de medidas de idéntica índole, asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo”, argumenta el Gobierno en los fundamentos del texto que rubricará en las próximas horas Fernández.

Además, “la duplicación de las indemnizaciones por despido sin justa causa, a diferencia de las medidas destinadas a la prohibición de despedir y suspender por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, se sustentó en la emergencia pública en materia ocupacional”. Y agregó: “La norma tuvo como finalidad aventar el temor de las y los trabajadores a perder el empleo y ver deterioradas sus condiciones de vida”.

A fines de noviembre y septiembre, la Casa Rosada ya había extendido la decisión de prohibir los despidos de personal y la doble indemnización más allá de que se registraron fuertes bajas en el empleo registrado formal, pero sobre todo entre los empleados informales y cuentapropistas.

Ante este panorama fue que la CGT le reclamó al Presidente, en sus encuentros cada 15 días, que prolongue las medidas hasta que la economía vuelva a reactivarse por completo. El pedido fue también acompañado por los gremios que orbitan en torno al liderazgo de Hugo Moyano. “Si se levantara la prohibición de despidos sería un desastre”, advirtió por su parte Héctor Daer, uno de los líderes de la central obrera.

La doble indemnización fue una de las primeras medidas que tomó Fernández apenas asumió, con el objetivo declarado de blindar el empleo, cuando el coronavirus aún no era un problema.

“Somos un gobierno que ha tomado estas medidas en un momento de complejidad. Estamos viendo que todavía todo el sector de los trabajadores está necesitando que se avance en medidas que tengan que ver con el cuidado del empleo, y así lo venimos haciendo”, había anticipado ayer el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Desde un principio, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, advirtió que ambas medidas eran “extraordinarias”. Las iniciativas, rechazadas por las principales cámaras empresariales, habilitaron como único atajo para instrumentar suspensiones o rebajas salariales el artículo 223 bis de la ley de contrato de trabajo, que fija una instancia obligatoria de negociación entre los empleadores y el sindicato más representativo.

En su último informe, la UIA describe que el impedimento de los despidos termina provocando que las pymes bajen las persianas o recurran a la informalidad.