Por Lucía Salinas - Todo está vigente. Pese a la suma del poder y a las personas de confianza en lugares claves, hay un reclamo subyacente de Cristina Kirchner al presidente Alberto Fernández. La vicepresidenta siente que su situación judicial, por demás pesada, no varió desde el cambio de Gobierno. Los procesamientos continuaron en pie, con un juicio oral en pleno desarrollo y con la posibilidad de que en el primer semestre de 2021, la vicepresidenta esté sentada en el banquillo de los acusados por la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

La tensión con la Casa Rosada va en aumento. Cristina suma, además, embargos multimillonarios vigentes y procesamientos sobre sus hijos. Culpa también a la Corte Suprema y a los jueces de Comodoro Py.

Los números grafican la situación: ocho causas por corrupción elevadas a juicio oral, más de $ 12.000 millones en embargos, tres empresas familiares intervenidas hace cuatro años, estructuras defraudatorias al Estado por $ 46.000 millones bajo su responsabilidad, maniobras de lavado de dinero por $ 130 millones, circuito de coimas millonarias, una demanda civil por $21.600 millones. Son sólo parte de la radiografía de la situación judicial de la ex presidenta y actual vicepresidenta de la Nación.

Los reclamos de Cristina Kirchner no requieren de intermediarios. Una carta con duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia que confirmó la condena por corrupción contra su ex compañero de fórmula, Amado Boudou y que podría sentar precedentes a futuro, dejó en claro el malestar. El último planteo de la vicepresidenta fue contra el gabinete de Alberto Fernández en un acto en La Plata en el que pidió que los funcionarios que no estén cómodos o tengan miedo "se busquen otro laburo". El impacto fue inmediato y no se descartan cambios en el Gobierno.

Desde el entorno de Cristina ya habían manifestado su enojo contra la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que se mantuvo en silencio en situaciones críticas. Le adjudican a Losardo una nula defensa de la vicepresidenta rodeada de problemas judiciales. Losardo es una funcionaria de extrema confianza del Presidente: es amiga fueron socios. 

Las razones judiciales del enojo de la vicepresidenta con Alberto Fernández, son diversas y tienen como común denominador su nombre en los expedientes por presuntos hechos de corrupción. No quedaron en letra muerta, y las causas avanzan al punto de poder realizar en simultáneo más de un juicio oral en su contra en los próximos dos años, cuando aún esté en pleno ejercicio del poder.

Pese al año atravesado por la pandemia del Covid19, se tomaron decisiones a nivel judicial que en un principio parecían favorecer el escenario de Cristina Kirchner, pero con el correr de los meses esa percepción fue modificándose, incluso para su entorno que no escatima en críticas a la Casa Rosada por no alivianar la situación. Entre diciembre de 2019 y la primera mitad de este año, las prisiones preventivas pedidas sobre la vicepresidenta quedaron sin efecto. Fue una decisión de la Cámara de Casación.

A esa medida, se sumaron tres procesamientos que fueron revocados en tres expedientes vinculados a la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. Las resoluciones que salían de Comodoro Py, comenzaban a generar cierto alivio. En el medio Alberto Fernández impulsó la reforma judicial de la que se desmarcó Cristina Kirchner cuando comenzó a tratarse en el Senado. Buscaba “algo más a fondo”, una modificación más profundo. Dijo que la del Presidente, no era su reforma.

Lo cierto, es que con un juicio por presunta corrupción en la obra pública en pleno desarrollo, al alivio inicial le fueron ganando terreno otras medidas de la justicia. El Tribunal prosiguió con las audiencias y las mismas continuarán durante todo el año electoral, con ella como la principal acusada. Pero además, el 10 de febrero el TOF 4 dictará sentencia en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez.

En ese expediente, la Ruta del Dinero K, Cristina Kirchner no está imputada pero se trata de su ex socio comercial y además, se determinó que el delito precedente es la causa por los contratos viales donde está señalada como jefa de una asociación ilícita. 

Al primer semestre puede sumarse otra incómoda decisión. El TOF 8 podría fijar la fecha de inicio del juicio contra la vicepresidenta por el encubrimiento del atentado de la AMIA tras la firma del Pacto con Irán, la causa que inició con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. 

Como si esos motivos no fueran pocos, en el segundo semestre del próximo año, signado por las elecciones legislativas, el TOF 5 podría iniciar el juicio en los casos Hotesur y Los Sauces, que conducirán por primera vez a un debate oral a los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner.

El año judicial además, concluye con la confirmación de constitucionalidad de la Ley del Arrepentido y con esa determinación se avalaron las 31 confesiones de los imputados colaboradores de los Cuadernos de las Coimas, que incluye ex secretarios privados de Cristina Kirchner, como ex funcionarios y diversos empresarios. El caso avanza, más pausados que otros, hacia el inicio del juicio.