Por Sofía Diamante - Desde ayer, el Gobierno se fijó un plazo de 90 días para revisar de forma transitoria las tarifas de gas y de electricidad. Eso indica el decreto publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, la mayoría de las empresas se mantienen cautelosas ante un probable incremento, sobretodo luego de saber que el diseño del nuevo esquema tarifario quedó en manos de los entes reguladores del sector (Enargas y ENRE), cuyos interventores son personas cercanas a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La expresidenta siempre se manifestó en contra de aplicar aumentos en los servicios públicos, sobre todo si el año que viene es electoral. Además, de realizarse un incremento en las tarifas a partir de abril, el impacto de la medida se verá en invierno, durante el pico de demanda, lo que hará aumentar el costo del servicio por partida doble (por precio y por cantidad).

El diseño de un nuevo esquema quedó a cargo de Federico Bernal y María Soledad Manin, los interventores del Enargas y el ENRE, respectivamente, luego de que se prorrogó por un año la intervención, ya que “vienen desempeñando sus tareas y competencias específicas de modo satisfactorio”, según explica el decreto.

Según la normativa, los entes deberán establecer “nuevos cuadros tarifarios transitorios” antes de los próximos 90 días. “El congelamiento tarifario se extiende por 90 días más o hasta que entre en vigor la nueva tarifa de transición, que estimamos tener lista para marzo. Esta decisión, tomada por el Presidente, se inscribe en el sentido que ya le dio a la emergencia energética y tarifaria de diciembre de 2019, la cual denotaba la gravísima situación tarifaria heredada y servicios públicos cuyas tarifas no fueron justas ni razonables ni asequibles”, dijo Bernal a LA NACION.

El interventor señaló que forman “un solo equipo” con la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía, y explicó que la decisión de que los entes sean los que diseñarán el nuevo esquema tiene que ver porque “se trata de organismos técnicos, especializados en materia tarifaria para los servicios públicos de gas y electricidad, así como las autoridades competentes respecto de la correcta y legal aplicación de las normas jurídicas de tales servicios públicos”.

Por el lado del Ministerio de Economía, las proyecciones iniciales eran que los subsidios a la energía se mantendrían constantes en relación con el PBI. Para ello, sería necesario aplicar un incremento tarifario, ya que, por los nuevos contratos firmados en el Plan Gas, el costo del gas aumentó 30% en dólares para los usuarios residenciales y 60% para las usinas eléctricas, lo que generará un impacto en las necesidades de Cammesa, la compañía con control estatal encargada del despacho de energía eléctrica.

El congelamiento de tarifas también es uno de los temas principales de negociación con el FMI, con el que el ministro de Economía, Martín Guzmán, espera cerrar un acuerdo por la deuda antes de abril. En el Fondo ya habían hecho preguntas sobre el costo fiscal que tendrá el Plan Gas, que solo el primer año implicará un desembolso de por lo menos US$1100 millones.

“Si uno miraba el derrotero de las opiniones de los funcionarios públicos más ligados al Instituto Patria o a la vicepresidenta, daban señales claras de que los aumentos de tarifas se iban a postergar”, dice el consultor en temas energéticos Alejandro Einstoss, quien acaba de publicar el libro Precios, tarifas y subsidios a la energía, sobre el problema de la regulación energética entre 2003 y 2019.

“Más allá de las declaraciones, si se miran los hechos, se está repitiendo paso a paso la receta que se aplicó entre 2003 y 2015: congelamiento eterno de tarifas, intervención de los entes y ruptura de los contratos. A eso se suma el decreto de hoy [por ayer], que va un paso más allá porque prorroga por dos años la intervención de los entes reguladores para que renegocien lo que ya estaba renegociado, y se abre un espacio de discrecionalidad para fijar tarifas; no hay una norma, se rompe la institucionalidad. Se aumentarán tarifas de acuerdo con la voluntad o posibilidad que vean los funcionarios de turno. Esa discrecionalidad es veneno para la inversión, es refectorio a cualquier proceso de inversión”, agregó Einstoss.

Las tarifas de gas y luz están congeladas desde marzo y abril de 2019, en un contexto de inflación superior al 35%. “Es muy difícil romper el descongelamiento. Es un costo político que nadie va a querer pagar, me parece. Y las tarifas segmentadas es un tema complicado en la Argentina”, opinaron en una distribuidora.

“Las tarifas no pueden estar congeladas. Y eso no pasa por si Fulano o Mengano tuvieron ganancias, distribuyeron dividendos u otra cosa, como el año pasado lanzaron desde los medios oficialistas. El congelamiento es nocivo para el sistema y para el usuario”, indicaron en otra empresa.

La nueva ruptura de los contratos que el Estado había firmado con concesionarios de servicios públicos podría dejar el espacio abierto para que las empresas vuelvan a reclamar ante el Ciadi por el congelamiento tarifario de 2004 a 2015, aunque todavía resta ver cómo evolucionarán las tarifas en los próximos 90 días.