Domingo 6 - Por Maia Jastreblansky - Hace solo tres semanas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se sentó con la misión del FMI y planteó un escenario de reducción del déficit fiscal, que incluía una serie de medidas bien concretas: instrumentación de un nuevo cálculo de las jubilaciones desacoplado de la inflación, progresivo recorte de subsidios a las tarifas de servicios públicos y retiro de los planes de asistencia que se instrumentaron durante el peor período de la pandemia.

Sin embargo, todas las medidas fueron morigeradas por la falta de consenso interno dentro del oficialismo, por lo que el Gobierno ahora trabaja sobre la postergación del nuevo esquema de tarifas, la modificación de la fórmula jubilatoria y el refuerzo de ayudas sociales de diciembre.

En la Casa Rosada advierten que las medidas requieren no solo una sustentación técnica, sino también una “validación política”. Así se refirieron, por ejemplo, al cambio que ejecutó Cristina Kirchner sobre el proyecto de movilidad jubilatoria.

En este contexto, en el gabinete crece fuertemente la preocupación por la aceleración de los aumentos de precios, en especial a medida que se acerca fin de año. “Es muy acuciante. Hay quienes temen un posible recalentamiento en los próximos meses”, reconoció a la nacion un vocero oficial.

Condicionado por el kirchnerismo y limitado por los tiempos políticos y el escenario social, el Gobierno debió desacelerar el “giro ortodoxo” que había planteado el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cartel de bienvenida al FMI. Por lo menos en diciembre –sprint final del año pandémico– la gestión de Alberto Fernández ralentizará el ajuste que tenía previsto para cumplir con las metas fiscales de cara a la renegociación de la deuda.

La postergación del nuevo esquema de tarifas, la modificación de la fórmula jubilatoria y el refuerzo de ayudas sociales de diciembre son la evidencia de la dificultad para poner en práctica el ajuste fiscal a fin de año.

En la Casa Rosada crece fuertemente la preocupación por la aceleración de los aumentos de precios, que generan un impacto extra en el bolsillo tras los azotes de la pandemia. El martes 15 se conocerá el índice de inflación de noviembre, con la expectativa de que sea algo inferior al pico de 3,8% que marcó octubre.

El Gobierno espera terminar el año con una inflación de alrededor del 33%, pero en las últimas semanas se encendió una alerta por los aumentos, sobre todo en alimentos y ropa.

“El tema de los precios es muy acuciante. Hay quienes temen un posible recalentamiento en los próximos meses”, reconoció a la

un portavoz oficial. La Casa nacion Rosada le dará un rol más visible a la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, para difundir las medidas que se tomaron para fin de año: la canasta navideña a $250, los cortes de carne con precios especiales y las políticas más agresivas de controles en comercios. El programa Precios Máximos, sin embargo, tiene fecha de vencimiento el 31 de enero.

Sobre ese escenario económico, la política tuvo un rol protagónico en los últimos días. Aunque el Presidente se mostró involucrado en la última modificación de la fórmula jubilatoria, en los equipos técnicos del Gobierno reconocen que fue Cristina Kirchner, desde el Senado, la que dictó los cambios, en medio de la frialdad persistente entre el Presidente y la vicepresidenta. Por eso se ensayó una rápida reunión el miércoles a última hora entre Fernández; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, para convalidar el nuevo cálculo.

“Vamos a volver a la fórmula original de Cristina”, dijo Fernández al respaldar los cambios. Y reconoció: “Aunque esto tiene una incidencia fiscal un poco mayor, prefiero hacerlo porque para mí sigue siendo una prioridad el tema de los jubilados”.

Los cambios en la fórmula se definieron luego de que la nacion sacara a la luz que el 5% de aumento a los jubilados que el Gobierno anunció para diciembre sería solo a cuenta de los aumentos de 2021.

El Senado quitó esa cláusula y además fijó un cambio de frecuencia en los aumentos, que se otorgarán de forma trimestral y no semestral, como estipulaba el proyecto original.

“Acá se trabaja con doble autenticación. Estaba la validación técnica de la fórmula, pero faltaba que pase la prueba política. Y la política dijo ‘está todo bien, pero estamos en la puerta de un año electoral y la sociedad está en un estado crítico’”, sintetizó a la nacion un colaborador al tanto de las discusiones que se dan entre el Palacio de Hacienda, la Casa Rosada y el Congreso.

La dilación también alcanza a las tarifas de servicios. El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que el Gobierno tiene previsto poner en marcha un nuevo esquema, distinto a la revisión tarifaria integral (RTI) de la gestión de Mauricio Macri. Habrá aumentos focalizados de acuerdo con los ingresos de los usuarios, sobre la base de los datos que tienen la Anses y la AFIP, además de la información que aportó el IFE sobre la economía informal.

El congelamiento de tarifas por la pandemia vence el 31 de diciembre y todavía no está confirmado si el Gobierno prorrogará la medida o planteará una tarifa de transición. Lo que sí está claro es que el nuevo esquema no se pondrá en vigor hasta marzo o abril. “Todo hace pensar que en la fecha incidió la cuestión política, porque el trabajo técnico ya está muy avanzado”, reconoció una fuente del área.

Síntoma de la imposibilidad para plantear aumentos fue que Fernández habilitara solo una suba del 5% en los servicios de telefonía fija y móvil, muy por debajo de lo que pretendían las empresas.

Respecto de las ayudas para los sectores vulnerables, el Gobierno reforzó todos los planes y asistencias alimentarias para diciembre, luego de que se confirmara el fin del IFE. “Estamos volcando 63.000 millones de pesos en diciembre para sostener la situación”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Las ayudas contemplan $14.000 en Tarjeta Alimentar, los $600 millones en cajas navideñas, $12.400 millones correspondientes al programa Potenciar Trabajo y los $14.000 millones de transferencias a municipios, provincias, comedores y merenderos, además de $22.000 millones correspondientes a la AUH.

Ese monto, sin embargo, no compensa la ronda bimensual de IFE (equivalente a $90.000 millones) que movimientos sociales e intendentes reclamaron para contener a fin de año.

“El trabajo técnico sobre el programa económico a seguir está hecho. Luego hay que conciliar los intereses de la macro con los intereses de la política y la realidad que se impone”, reconoció un portavoz oficial. Y agregó: “Ahora Guzmán tendrá que aceptar y rediagramar”.