Por Diego Cabot - Si alguna característica estampará el kirchnerismo en la historia de la burocracia estatal es la enorme cantidad de empleados públicos que incorporó. Esta vez, Sergio Massa, ministro de Economía y candidato, fue autorizado a pasar a planta permanente a 799 personas que hasta ahora tenían contratos precarios.

Sucede después de que el Gobierno dispuso, poco antes de asumir Massa en el ministerio, un congelamiento de vacantes en el Estado. En los últimos meses, decenas de resoluciones autorizaron llamados a concurso para cubrir cientos de cargos en ministerios y organismos estatales.

El proceso de “regularización” empezó en 2008, mediante la firma de un convenio colectivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). El 5 de septiembre de ese año, la entonces presidenta Cristina Kirchnery Massa, sujefe de Gabinete, homologaron el convenio mediante el cual se reguló el empleo público.

Luego avanzaron con los concursos.

Además de Massa, el Ministerio del Interior cubrirá 328 cargos en su planta permanente, y el de Seguridad, 200, entre otros. Estas medidas le quitarán capacidad de acción al próximo gobierno a la hora de plantearse un ajuste en el gasto en personal.

Según una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia (RAE) una persona incontinente es alguien que no se contiene. Esa patología se le podría diagnosticar a la gran mayoría de los funcionarios de los cuatro gobiernos kirchneristas, que no pueden parar de sumar empleados a la planta permanente del Estado. Para ellos no hay cepo ni prohibición o restricción que los controle.

Esta vez, Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato que ajusta a gran parte de los argentinos, tiene autorización para que pasen a planta permanente 799 personas que hasta ahora tenían algún tipo de contrato más precario.

En los últimos meses, decenas de resoluciones autorizaron llamados a concursos para cubrir cientos de cargos en ministerios y organismos estatales. Eso sí, los que no trabajan en el Estado se encuentran impedidos de participar. Todo es cerrado.

El proceso de “regularización”, como lo llaman en la Jefatura de Gabinete, no es más que una negociación que empezó en 2008 mediante un convenio colectivo con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cuando el 5 de septiembre de 2008, la entonces presidenta, Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Sergio Massa, y el Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologaron el convenio colectivo mediante el que se reguló el empleo público.

“En el marco del Plan Integral de Regularización del Empleo Público iníciese el proceso para la cobertura de 799 cargos vacantes y financiados de la planta permanente del Ministerio de Economía”, dice la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La contratación en masa de Massa tiene varios ribetes. Como se dice en los considerandos, la medida no aumenta “la dotación de empleadas y empleados públicos ni tampoco incrementa los costos” para el Tesoro.

Lo que se intenta es pasar contratados a planta permanente, es decir, premiar a los que ya ingresaron al Estado sin examen u oposición. Los referidos de la política, que jamás presentaron antecedentes para cubrir vacantes, pasarán ahora de un esquema relativamente precario a la estabilidad laboral más pétrea que tiene el sistema laboral argentino.

Las consecuencias no parecen ser solo presupuestarias, sino que también son operativas. De hecho, le quitan margen de acción al próximo gobierno. Sucede que los empleados que mayoritariamente acceden a contratos públicos provienen de los vecindarios cercanos a los intereses políticos de los funcionarios. “El carguito”, un aspiracional de gran parte de la militancia, no necesita antecedentes académicos o profesionales, sino más bien cercanía con el poder de turno. La forma en que se concede ese ingreso al club del empleo público es mediante contratos.

Esos contratos empiezan a rodar en un carretel eterno de vencimientos y renovaciones. Pero cualquiera podría interrumpir ese andar constante y empezar a ordenar el plantel técnico o, por caso, hacerlo competir por antecedentes con postulantes externos. “El pase a planta”, otro aspiracional, impide esa posibilidad.

Pero la contratación en masa de Massa no es todo. El mismo día, la Jefatura de Gabinete autorizó que se sumen 30 empleados más a la planta permanente de la Procuración del Tesoro. Mismas condiciones, mismos requisitos. Unos días antes, se fueron 5 para el Ministerio de Mujeres, mientras que el 24 de agosto hubo 16 cargos autorizados para la Caja de Retiros y Jubilaciones de la Policía Federal, y 200 para el Ministerio de Seguridad.

Entre julio y agosto se abrieron dos concursos para 328 cargos en el Ministerio de Interior. En julio, además, hubo 102 para el Instituto Nacional de Vitivinicultura y 198 para la Jefatura de Gabinete; 19 para el Ministerio de Trabajo, y 17 para el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, entre otros.

Un mes antes se abrió el concurso para pasar a planta permanente 80 empleados de la Superintendencia de Seguros de la Nación, mientras que la Jefatura de Gabinete se aseguró unos 205 cargos.

El pase a planta permanente quedó establecido como condición en los acuerdos de paritarias publicados el 29 de mayo de 2020 y el 1º de junio de 2022. Allí, el Estado se comprometió a abrir concursos antes del 31 de diciembre de 2023 entre los propios empleados públicos. Además se pactó la flexibilización de requerimientos para acceder a los cargos, ya que gran parte del plantel no cumple con los mínimos requisito para los puestos de trabajo.

En el ocaso de la gestión, el Gobierno apuró el paso para sumar a la planta permanente. Se sedimentará otra capa de empleados. Se trata de concursos cerrados que abrieron la puerta para llegar a la cotizada silla con la llave de la política. Una vez más, militancia mata mérito.