Por María Julieta Rumi y Gabriela Origlia - Después de los primeros reparos de intendentes y asociaciones empresariales, doce distritos se rebelaron ayer contra la presión de Sergio Massa, candidato presidencial y ministro de Economía, para que paguen un bono de $60.000 a los empleados públicos, y se sumaron nuevas cámaras privadas a las críticas contra las medidas.

Ayer se manifestaron así la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), entre otras entidades. También los gobiernos de Santa Fe, Córdoba, Misiones, CABA, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santa Cruz sostuvieron que no abonarán el refuerzo. El Gobierno respondió con amenazas contra las empresas y aseguró que sancionará a las que no cumplan.

La UIA ratificó que el camino para las discusiones salariales son los acuerdos paritarios. En un comunicado, indicó que las medidas para “reducir los impactos de la devaluación deben ser el ordenamiento de la macroeconomía y la lucha contra la inflación y no la alteración de las discusiones salariales a través de medidas unilaterales”. Añadió que los aumentos por decreto “colisionan con los consensos salariales ya firmados”.

Detalló que la industria argentina cuenta con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios, y agregó que la “decisión unilateral y transversal” de establecer aumentos por decreto genera “superposición de porcentajes o sumas que entrarán en contradicción o solapamiento con las escalas establecidas por las partes libremente en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados”.

En el marco de una reunión convocada para tratar las medidas anunciadas, el titular de la Fecoba, Fabián Castillo, insistió en que, “al margen de que se trata de una imposición del sector público sobre el privado, las pymes no están en condiciones de hacer frente a incrementos salariales o bonificaciones especiales no contempladas en las paritarias naturales de cada sector”. “No logramos crecer, los insumos importados escasean, las ventas caen y no se logra establecer un marco natural de precios de referencia”, agregó.

Desde la Cámara de la Construcción, Weiss indicó que si bien entienden la problemática del asalariado hay empresas del rubro complicadas para poder pagar el bono.

“En muchos casos, y sobre todo en lo vinculado a la obra pública, tenemos contratos complicados, atrasos en los pagos y se hace dificultoso para muchas empresas pagarlo”, afirmó el titular de la cámara.

En tanto, los empresarios de Córdoba reunidos en el G6 fueron más tajantes; rechazaron “de plano” la iniciativa oficial y solicitaron dar marcha atrás con el anuncio.

Provincias y municipios

A los gobernadores e intendentes, la invitación de Massa a que “hagan el esfuerzo junto al Estado nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales” y paguen un bono les generó “sorpresa”. Varias fuentes provinciales consultadas por admitieron que la nacion la semana pasada –cuando ya se barajaba el anuncio del refuerzo– plantearon la posibilidad de que el gobierno central habilitara una línea de financiamiento, opción que fue rechazada.

A diferencia de a nivel nacional, donde unos 390.000 empleados recibirán el bono, en las provincias y municipales los sueldos netos debajo de los $400.000 son la mayoría y el peso presupuestario de otorgar un refuerzo es significativo, ya que la partida de personal representa en promedio 60% del gasto. Mientras tanto, quedaron expuestos a las presiones de los gremios, más allá de que todos tienen ya un sendero paritario decidido.

Hasta ahora, solo tres gobernadores se plegaron a la medida –Rodolfo Suárez (Mendoza), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)–, mientras que las autoridades de Santa Fe, Córdoba, Misiones, CABA, San Juan, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santa Cruz plantearon directamente que no analizan el pago porque están negociando o acaban de cerrar paritarias.

El ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri, dijo que la decisión ya está tomada, y agregó: “Aplicamos un acuerdo paritario”. En la misma línea, el vicegobernador sanjuanino Roberto Gattoni sostuvo: “Acabamos de otorgar un aumento a los empleados públicos y creo que al bono hay que compatibilizarlo con los acuerdos paritarios”.

“La provincia no prevé otorgar sumas fijas a empleados y empleadas estatales. La totalidad de los trabajadores y trabajadoras están bajo convenios colectivos y se acordó en paritarias con todos los gremios”, confirmó el gobierno neuquino en un comunicado.

Julio César Comello, secretario de la Gobernación de Córdoba, explicó que el aumento salarial ya otorgado a los trabajadores del sector público garantiza que ningún empleado recibirá un incremento inferior a $33.000, por lo que no habrá bono. El ministro de Hacienda y Finanzas jujeño, Carlos Sadir, señaló que su provincia no tiene “las posibilidades para hacer frente a ese pago, salvo que el gobierno nacional envíe los fondos” y repasó que viene trabajando en un esquema salarial totalmente diferente a la administración central “con fuertes incrementos, incluso con la inflación acumulada del 60%; todos los sueldos de los agentes provinciales y municipales están por arriba de esos valores”.

El ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán, sostuvo que mantendrán los aumentos pactados –“se negocia cada dos o tres meses– y no otorgará el bono extra. Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, enunció que hace cuatro años garantizan “cláusula gatillo por encima del nivel de inflación. Vamos a hacer el mayor esfuerzo que podemos”; en la misma línea habló el entrerriano Gustavo Bordet, quien enfatizó que en su distrito están varios puntos “por encima de la inflación”. Catamarca, Tucumán y Santa Cruz están negociando paritarias y la Ciudad de Buenos Aires argumentó que revisa permanentemente los salarios.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires y aliado de Massa, también se cuenta entre los que están “analizando” dar una suma fija; en su administración señalan que los sueldos estatales no vienen perdiendo ante la inflación. Los intendentes ya le hicieron saber que no están en condiciones de hacer frente a ese pago (ver aparte).

Las autoridades de Río Negro indicaron que, por ahora, “no hay decisión tomada”. Salta y Corrientes ya pagaron bonos en julio e incluso este mes. San Luis, Chubut y Tierra del Fuego cerraron hace pocos días las paritarias para este tramo del año.