La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), evitó la comercialización fraudulenta de granos por $45 millones. Agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto llevaron adelante controles en ruta a camiones que transportaban materias primas en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Córdoba.

La fiscalización permitió detectar y desarticular irregularidades de la cadena agrocomercial. Como resultado de estos operativos, en los que participaron miembros de las fuerzas de seguridad nacionales y locales, se incautaron 400 toneladas de soja, sorgo y maíz.

Los procedimientos realizados en las provincias del nordeste del país tuvieron lugar en las cercanías de las localidades de Paso de los Libres y Paso de la Patria (Corrientes), El Colorado (Formosa), y en el acceso al Puente General Belgrano (Chaco).

Las tareas de control consistieron en validar el origen y destino de la mercadería trasladada y el cotejo documental y registral. Las acciones permitieron comprobar que remitentes y destinatarios de los granos carecían de capacidad operativa, económica y financiera para producir o comercializar los mismos.

A raíz del origen dudoso de las cargas, se interdictaron 300 toneladas de soja, 30 toneladas de sorgo y 35 toneladas de maíz, equivalentes a la capacidad de transporte de 12 camiones. El valor de las materias primas asciende a $42,8 millones, según la cotización vigente en el mercado. Por razones de logística y resguardo, y en cumplimiento de una orden judicial, se resolvió el traslado de los granos para su interdicción, secuestro y descarga en un acopio de la localidad chaqueña de Barranqueras, a quien se designó depositario legal.

Mientras tanto, en Achiras, provincia de Córdoba, se incautaron 34 toneladas de granos por $2,2 millones. Los inspectores de la AFIP constataron que el camión declaraba trasladar maíz partido (“premezcla”) cuando en realidad se trataba de maíz a granel. Además, el conductor del vehículo no pudo aportar la documentación respaldatoria para acreditar el origen y destino de la mercadería. La carga fue decomisada para su remate y donación de los fondos obtenidos al Ministerio de Desarrollo Social.

Por otro lado, en Colonia Italiana, una localidad ubicada en esa misma provincia, el personal de la DGI advirtió diferencias en el inventario de granos en un establecimiento agropecuario. La maniobra fraudulenta incluyó la utilización de facturas apócrifas, por lo que se impugnaron las compras y gastos falsos computados en la contabilidad de la firma. En ese sentido, se determinaron ajustes impositivos en IVA y Ganancias por $30 millones por la subdeclaración en el stock de materias primas.