Gobernador es, intendentes, cámaras empresarias, entidades agropecuarias y de medicina prepaga y sindicatos expresaron ayer su enérgico rechazo a las medidas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, para compensar los efectos de la devaluación y la inflación sobre los ingresos y sostener su campaña electoral.

Los representantes de provincias y municipios se quejaron de la decisión de otorgar un aumento salarial de suma fija para empleados públicos y privados debido a que, en su visión, no tuvo en cuenta la situación de las finanzas en esos distritos.

Los empresarios de la Cámara de Comercio (CAC), la UIA y la CAME cuestionaron que el Estado imponga aumentos por fuera de las paritarias, consideradas “el ámbito natural” para estas decisiones. “Buena parte de las empresas del país se encuentran en una delicada situación”, expresó la CAC.

Desde el campo, CRA señaló que las medidas para el sector generan “incertidumbre” e “imprevisibilidad”, mientras que los prestadores de servicios de salud calificaron de “catastrófico” el congelamiento de las cuotas. En tanto, economistas privados calculan en $730.000 millones el costo fiscal del paquete, lo que complicaría cumplir las metas con el FMI.

Las medidas anunciadas por Sergio Massa, en un intento de compensar la inflación desbordada y fortalecer su candidatura, enfrentaron ayer un amplio rechazo del sector empresario, como también de gobernadores, intendentes e incluso de movimientos políticos ligados al oficialismo.

Los empresarios rechazaron que el Estado les imponga un aumento por fuera de las negociaciones paritarias abiertas con los gremios.

Otros sectores consideran insuficientes las mejoras en el contexto de inflación creciente y cuestionaron la falta de una solución de fondo para la suba de precios.

Los gobernadores y los intendentes hicieron llegar su reclamo porque la Nación les impuso un incremento para empleados públicos, sin tener en cuenta su situación financiera (ver aparte).

Las quejas también provinieron del sector de la medicina privada, al que el Gobierno obligó a congelar sus cuotas. Allí recordaron que “los aumentos de los insumos médicos llegaron hasta un 50% en el último mes, como consecuencia de la última devaluación, el salto de los precios y la dificultad para importar materiales”.

De esa forma, el rechazo a las medidas recorrió un amplio ámbito de sectores, que incluyó a los productores agropecuarios por la distorsión de los precios que implican las medidas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que reúne a cientos de pymes, y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) criticaron la decisión del Gobierno de imponer el pago de un bono de $60.000 en concepto de suma fija para compensar la devaluación y la escalada inflacionaria. Destacaron que son las paritarias el ámbito para definir las remuneraciones y que el Gobierno no debería intervenir como lo está haciendo.

“Ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía de la Nación con relación al pago de una suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, señaló la entidad empresaria en un comunicado.

La CAC sostuvo que los anunHasta cios le generaban una “profunda preocupación”, y, en el mismo sentido que la CAME, afirmó: “Las paritarias son el ámbito donde deben determinarse las remuneraciones, conciliando las pretensiones de los trabajadores con las reales posibilidades de cada sector”.

Fuentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) dijeron a La Nación que los industriales también  creen que cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias y que los aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas.

anoche, la UIA no había realizado declaraciones oficiales sobre el anuncio del Gobierno.

El ministro de Economía anunció el domingo que la suma fija para el sector privado será de 60.000 pesos divididos en dos cuotas mensuales, no remunerativa y por única vez, absorbible por las paritarias. Le corresponderá esta suma a 5,5 millones de trabajadores con salarios netos de hasta 400.000 pesos mensuales y el Estado asumirá el costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de 100% para las microempresas y de 50% para las pequeñas empresas. Lo mismo rige para empleados públicos nacionales.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, detalló ayer que las empresas a partir de 100 o 110 trabajadores, de acuerdo con el sector, deberán asumir por sí solas el bono.

La CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aun asumiendo el Poder Ejecutivo nacional el 50% del incremento dispuesto.

“Los sectores de Comercio y de Trabajadores Rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones, en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esa pérdida”, agregó la CAME en su comunicado. Y agregó: “La injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.

La ministra de Trabajo advirtió que “actuarán de inmediato” sobre las empresas que no paguen la suma fija, pero remarcó que los gremios deberán garantizar que haya fiscalización. Asimismo, dijo que los trabajadores podrán hacer denuncias anónimas.

Sin expresarlo públicamente, en la UIA coincidían en reclamar que los cambios se implementaran en las negociaciones con los gremios