Por María Julieta Rumi - Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones de octubre, Sergio Massa, ministro y candidato a presidente por el oficialismo, hizo ayer una serie de anuncios cuyo objetivo es tratar de compensar en distintos sectores de la sociedad el fortísimo impacto que está produciendo sobre los ingresos una inflación desbocada.

La lista incluye el pago de una suma fija no remunerativa de $60.000 (en dos cuotas) para los asalariados registrados con salarios de hasta $400.000; un bono para jubilados que cobran la mínima de $37.000, que se pagará en septiembre, octubre y noviembre, y la exención por seis meses del aporte impositivo para monotributistas de las categorías más bajas, entre otras medidas.

El anuncio de Massa recibió críticas de los candidatos a presidente de la oposición Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Javier Milei (La Libertad Avanza), y de distintos analistas económicos.

Después de días de versiones y tras llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, anunció ayer finalmente las medidas con las que busca contrarrestar el impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial mayorista, y la consecuente inflación, en los bolsillos de jubilados, trabajadores y población vulnerable.

En una entrega mediante videos publicados en su cuenta de Instagram, Massa comenzó el día con un anuncio de cara a los jubilados y pensionados. Allí informó que aumentará el refuerzo para quienes cobran el haber mínimo a $37.000 por mes en septiembre, octubre y noviembre. Cuando se anunció esa medida días atrás, se había fijado el monto en $27.000. De esta manera, un jubilado que cobra la mínima recibirá en septiembre $124.460, entre su haber y el refuerzo (neto del aporte al PAMI, el monto es de $121.836).

El funcionario, que está prácticamente en campaña electoral, también dijo que se incrementará el monto de la devolución que se les hace a los jubilados que cobran el haber mínimo por las compras pagadas con tarjetas vinculadas a las cuentas bancarias en las que reciben sus prestaciones mensuales. El importe, que hasta ahora era de algo más de $4000, pasará a $18.000.

En segundo lugar, en el caso de los monotributistas, el ministro anunció que las categorías A, B, C y D no pagarán por seis meses el componente tributario (en los hechos, el Gobierno sacaría un decreto instruyendo a la AFIP para que difiera el pago de la cuota por 6 meses y en los considerandos diría que va a mandar un proyecto de ley al Congreso con esa misma medida). Además, se implementará el monotributo productivo (esto tiene que salir por ley) y que, para todas las categorías, habrá préstamos de hasta $4 millones (se actualizó el monto, que antes era de hasta $2,2 millones y dejaba afuera a las categorías I, J y K), con una tasa de interés del 60% anual.

No solo los monotributistas tendrán préstamos con tasa preferencial. Massa anunció que los trabajadores en general podrán acceder a estos créditos por hasta $400.000 en 24, 36, o 48 cuotas.

Por otro lado, para las familias beneficiarias de la tarjeta Alimentar, Massa anticipó que habrá un refuerzo por única vez en dos cuotas mensuales en función de la cantidad de hijos. Para las familias con un hijo será de $10.000 en total, las que tengan dos cobrarán $17.000 y las integradas por tres hijos, $23.000. Terminado el refuerzo, el monto de la tarjeta aumentará un 30%. Los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo tendrán un refuerzo de $20.000 que se dividirá en $10.000 en septiembre y $10.000 en octubre

En cuanto al agro, Massa anunció que el Estado financiará el fertilizante de los productores que fueron declarados en emergencia (se entregarán hasta cinco toneladas) y que se destinará el 25% de las divisas del Programa Incremento Exportador (PIE), que fue el nombre que tuvieron las sucesivas ediciones del dólar soja, para que la industria compre la oleaginosa en momentos de caída de la oferta tras la sequía.

Asimismo, el candidato dijo que habrá un programa de créditos de US$770 millones (US$550 millones del Banco Nación y US$220 millones del banco BICE) para prefinanciar exportaciones.

Por último, Massa anunció que los trabajadores del sector privado con salarios netos de hasta $400.000 recibirán una suma fija no remunerativa por única vez de $60.000 pagadera en dos cuotas mensuales en septiembre y octubre, que luego será absorbida por las paritarias (el Estado asumirá el 100% del costo mediante el pago a cuenta de contribuciones de microempresas, mientras que en el caso de las pequeñas lo hará por el 50%), al igual que aquellos que se desempeñan en el sector público.

En el caso de las trabajadoras de casas particulares cobrarán un refuerzo por única vez de $25.000 en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas. El Estado reembolsará el 50% del refuerzo a los empleadores con ingresos de hasta $2 millones mensuales).

Por otra parte, los grupos familiares con ingresos inferiores a $2 millones mensuales no tendrán incrementos en las cuotas de la medicina prepaga, según un DNU que se publicará.

“Impacto acotado”

Consultados por la nacion, distintos economistas consideraron que las medidas tendrán un impacto acotado, que responden a la elevada inflación que se está produciendo y que tendrán un costo fiscal que complicará aún más cumplir con la meta con el FMI.

Según los cálculos del director de la consultora EcoGo Sebastián Menescaldi, el paquete de medidas es de solo el 0,3% del PBI anual. “De manera adicional, la suba de los $30.000 mensuales en el sector privado, dado que el sueldo promedio hoy sería de $350.000, tendría un impacto de 8,6% positivo. Ahora, los salarios vienen creciendo a un ritmo promedio mensual de 7,2% en el año; teniendo en cuenta que el bono sería absorbible por nuevas paritarias, la suba efectiva sería de 1,4%. Más allá de eso, el incremento es inferior a la inflación que estamos previendo para estos meses, con lo cual en la realidad no sirve ni para sostener los salarios en términos reales”, agregó.

“No veo nada distinto que realmente vaya a mover el amperímetro o que vaya a generar un cambio de expectativas”, opinó, por su parte, Gabriel Caamaño, de Estudio Ledesma. “La suma fija de $60.000 para los privados absorbible por la paritaria va a terminar generando que las revisiones que estaban previstas para septiembre en adelante, que ya iban a tener esos incrementos, las van a terminar absorbiendo, y probablemente de una u otra manera van a usar eso porque es una suma no remunerativa. Me parece que es todo lo mismo y, en el caso de lo que afronta el Estado, obviamente va a tener un costo fiscal, lo cual va a volver más inalcanzable la meta fiscal con el fondo”, completó.

Por su parte, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, coincidió en que las medidas que dependen del Gobierno tienen un costo fiscal, pero señaló que casi todo está concentrado en el corto plazo. “Es como que después de las malas noticias de las PASO, finalmente empezaron a hacer este impulso fiscal antes de las elecciones. Estamos percibiendo un fogonazo inflacionario muy fuerte producto de la devaluación, y en el corto plazo el Gobierno necesita revertir esa merma de ingresos real, sobre todo entre los que cobran menos. Y, de esta manera, llegarían un poquito mejor a octubre”.

Por último, la directora de C&T Asesores Económicos, María Castiglioni, consideró que el Gobierno anunció una especie de “plan platita acotado” porque asume que la inflación en agosto y septiembre va a ser elevadísima y que eso destroza el poder de compra ya alicaído de la mayoría de la población. “Yo diría que es un paliativo muy acotado, que apunta a un sector chico de la población y que obviamente, si se va a financiar con emisión monetaria, va a ser difícil que después no termine yendo a su vez a inflación”, apuntó.