Por Francisco Jueguen - Las empresas cuestionaron la mayor presión ejercida por el Gobierno sobre el sector privado para evitar el traslado de la devaluación a precios y alertaron por aumentos de costos de hasta un 30%.

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) criticaron en un comunicado y en una carta a las autoridades el intento del Ministerio de Economía de imponer, a través de una nueva unidad que dirige Guillermo Michel integrada por la Aduana, la AFIP, la Secreta ría de Política Económica y la de Comercio, una política de precios a las empresas privadas.

“Copal entiende que la dinámica de control de precios impuesta en la última semana por la Secretaría de Comercio no es posible ni sostenible si no se da lugar al entendimiento y al diálogo intersectorial”, arrancó el comunicado.

“A pesar de que la industria de alimentos y bebidas ha demostrado siempre un firme compromiso al participar en distintos programas de gobierno y acuerdos voluntarios, tales como Precios Cuidados y ahora Precios Justos, la renovación del programa bajo las condiciones pretendidas y sin mediar un espacio de intercambio no es viable”, estimaron, y agregaron: “Sobre la base de una serie de convocatorias en lo individual a un conjunto de empresas del sector, el Gobierno ha anunciado un nuevo esquema de pautas de precios que las empresas han debido acatar para continuar abasteciendo, pero que de ninguna manera funciona sobre bases firmes, menos aún sobre los principios de un acuerdo voluntario”.

“Pretender que la industria de alimentos y bebidas pueda absorber el impacto de la reciente devaluación es negar el marco de desequilibrios de costos y precios que afecta a este sector, al igual que al resto de la cadena de valor”, indicaron en la Copal, y agregaron que “solo en las últimas tres semanas” los principales costos de producción aumentaron en promedio entre un 15% y un 30%, frente al 5% de incremento de precios propuesto. Recordaron que se proyectan paritarias del 140%.

El Gobierno busca la renovación de Precios Justos con ventanas de aumentos de 5% por mes por los próximos 90 días. Sumará un supuesto menú de beneficios fiscales prometido s por el Palacio de Hacienda, que se publicaría en un decreto. En los últimos días, las empresas ya habían comenzado a mostrarse reacias a aceptar el acuerdo.

“Evidentemente, la política distorsiva en materia inflacionaria vuelve a generar presión sobre la industria de alimentos y bebidas, que con mucho esfuerzo ha sido el único actor de la cadena de valor en absorber el impacto de este flagelo, que lejos está de ser resuelto e impacta al conjunto de la sociedad”, arremetieron los industriales.

El Ministerio de Economía ya había dejado trascender dos datos anticipatorios sobre su endurecimiento hace dos fines de semana. El primero, que las empresas se habían cubierto vía precios de más –según el análisis del viceministro Gabriel Rubinstein sobre rentabilidad empresaria– en la previa electoral. Creen entonces que el sector privado puede absorber parte de la devaluación. El segundo, que la devaluación fiscal (la generalización del impuesto PAIS a la importación) provocaba un impacto de solo 1,2% en los costos.

Las empresas de la Copal indicaron que se trabaja en un contexto de “total incertidumbre” para operar. Cuestionaron las “restricciones para el acceso y disponibilidad de materias primas, insumos, bienes intermedios y bienes finales”. Agregaron que a tales situaciones se suman los “descalces financieros y la deuda comercial” por los “extensos plazos” asignados para el acceso a divisas y pago de importaciones. “Todo esto pone en jaque las relaciones no solo comerciales, sino también las que se asocian en primer lugar a la producción”, señalaron en la Copal.

En el misma sentido, en una carta de la AmCham enviada al Ministerio de Economía –publicada ayer por el sitio Infobae– se argumentó que los costos subieron entre 15% y 32% en las últimas dos semanas y también se calificó la propuesta oficial de “inviable”.

“Además, esta situación se vio agravada con la reciente devaluación del 14 de agosto del 22%, la aplicación del impuesto PAIS del 7,5% (según decreto 377-2023) y el incremento de costos durante los últimos tres meses, altamente por encima del aumento de precios considerado según el acuerdo que venció esta semana. De hecho, en las últimas dos semanas los costos de producción ponderados han aumentado entre un 15% y 32%, lo cual vuelve absolutamente inviable el primer aumento propuesto del 5%”, remarcó el presidente de la AmCham, Alejandro Díaz, quien firma la misiva para Massa.

“Habrá reapertura de paritarias de camioneros al 140%, proveedores aumentando entre 25% y 30% y condicionando la entrega de la materia prima o el producto intermedio, para mencionar solo algunos condicionantes”, señalaron. Las empresas norteamericanas cuestionaron que el Gobierno incumplió la garantía de acceso al tipo de cambio (a través de la readecuación del CEF o del reperfilamiento de las fechas de pago de las SIRA) a la hora de cumplir los acuerdos.ß