Por Antonio D’Eramo - Hacia afuera, funcionarios del área de seguridad del Gobierno Nacional se muestran seguros y firmes en sus declaraciones acerca de "las intenciones políticas" de aquellos que diseminan los rumores de saqueos en redes sociales y que provocan el temor de comerciantes en distintas zonas urbanas del país que prefieren bajar las persianas de sus negocios ante la menor duda de desmanes sociales.

Puertas adentro, en los despachos de Casa Rosada de la Jefatura de Gabinete, que conduce el actual candidato vicepresidencial de Unión por la Patria, Agustín Rossi, la angustia se va incrementando, hora tras hora, a medida que la reciente devaluación de la moneda nacional comienza a enseñar sus devastadores efectos sobre los ingresos de los ciudadanos.

Y, si bien asesores del Jefe de Gabinete y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no desconocen las "maldades" políticas y electorales que suelen realizarse en momentos de crisis y en períodos de elecciones saben que, una sola chispa puede prenderle fuego a un bosque entero, y esperan que el ministro de Economía, Sergio Massa, coordine con el área social de la administración de Alberto Fernández para anunciar bonos, sumas fijas, bolsones de alimentos para comedores y todo tipo de ayuda para la población de menores ingresos del país que está a punto de dejar el estrato de la pobreza para pasar al de la indigencia.

Devaluación y rumores de saqueos

Tal como explicó en el pasado el fraile y filósofo Guillermo de Ockham, "en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable", un alto funcionario de Casa Rosada explicó a este medio que "la situación social desmejoró notablemente luego de las elecciones PASO y la devaluación que había que realizar sí o sí para recibir dinero del FMI y de otros organismos de crédito. Pero los efectos negativos sobre el bolsillo de la población comenzaron a aparecer a las 72 horas de anunciada la medida con remarcaciones en todos los bienes y servicios de la economía y ni noticias de aumentos para no mandar al descenso a la gente. Por ello, lo que comienza con un rumor cargado de intencionalidad política degenera en un accionar delictivo de gente necesitada que nada tiene que ver con una operación política determinada desde algún sector interesado en que se produzca".

En ese contexto el ministerio de Seguridad nacional decidió trabajar junto a gobernadores, como el de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, que grabó un video en redes sociales donde advierte que los responsables de "difusión de mensajes por WhatsApp son falsos, maliciosos y cobardes, quizá orquestados por alguien, estamos averiguando el móvil...a aquellos que envían los mensajes les van a caer todo el peso de la ley", advirtió el mandatario provincial radical luego de recorrer el centro de la ciudad de Mendoza y observar que una notable cantidad de comerciantes habían decidido bajar las persianas, el martes 22, continuando con el feriado largo del pasado fin de semana de agosto.

Esta coordinación que se da entre los funcionarios de Casa Rosada y algunos gobernadores e intendentes, no todos, donde se produjeron hechos delictivos, se puede verificar en el distrito de José C. Paz donde el alcalde Mario Alberto Ishii, prefirió desmentir, a través de un escueto comunicado, que existieron saqueos en esa localidad a pesar de las pruebas en contrario que se difundieron en videos por redes sociales.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde hay bandas delictivas de narcomenudeo activas en la villa 1-11-14, del bajo Flores, se reforzó la seguridad a través de efectivos de Gendarmería Nacional que tiene potestad de recorrer los pasillos del barrio de emergencia y que ha comenzado a suspender francos a su personal al tiempo que la Policía de la Ciudad custodia el perímetro del barrio reforzando su personal en la zona de Flores.

En otra parte de ese popular barrio de la CABA, en la calle Avellaneda, bastó un rumor en redes para que los comerciantes cerraran sus locales en un efecto dominó.

Sin embargo, la Asociación de Comerciantes de Avellaneda (ACOMA) que dirige Emilio Iglesias afirmó que "...la avenida Avellaneda sigue operando con total normalidad y con los comercios abiertos...realizando sus actividades sin interrupciones". Aseguraron que coordinan la seguridad con los efectivos de la Policía de la Ciudad a pesar que tras la debacle electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, es difícil encontrar disponible a la conducción política en el ministerio de Seguridad.

Un jueves con tensión en la calle

Seguridad tendrá que afrontar una prueba de fuego cuando el próximo jueves 24, agrupaciones piqueteras de partidos de izquierda, se manifiesten sobre la 9 de Julio y corten los accesos a la Ciudad, al tiempo que exigirán al Gobierno Nacional un aumento del 100% en todos los planes sociales y más mercaderías para los comedores. A su vez, reclamarán por una nueva suba del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que impacta en los planes sociales. Actualmente, el Salario Mínimo se ubica en $112.500.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional deberá monitorear que ese día de furia para los que sufren el accionar piquetero y de reclamos sociales urgentes no se les vaya de las manos por provocaciones que podrían terminar en escenas trágicas que la Argentina ya vivió en su pasado reciente.

Porque, en realidad, los actuales dirigentes como Aníbal Fernández o los intendentes y gobernadores que están enfrentando por estas horas los crecientes rumores de saqueos en manada, ya vivieron estas experiencias en el pasado.

La historia reciente de los saqueos en la Argentina

Repasemos algunos hechos muy similares a los actuales que se asemejan a un dèjá vu para la entera sociedad argentina.

El 21 de diciembre de 2012, se produjeron disturbios que se dieron entre San Fernando y Tigre, en un hipermercado Carrefour ubicado en la Panamericana y la ruta 202. Allí intentaron saquear el local y al no poder llevar adelante su cometido las personas se enfrentaron con la policía.

La respuesta de los intendentes, gobernador y funcionarios de la administración nacional de Cristina Kirchner de entonces fue expresar que se trató del accionar de bandas de delincuentes que hicieron lo mismo en las ciudades de Bariloche y Rosario.

El 5 de septiembre de 2018 bajo el gobierno de Cambiemos, presidido por Mauricio Macri, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrentaba a las cámaras de los cronistas asegurando que hay grupos que intentan "generar un clima de incertidumbre" en medio de la crisis y apuntó contra políticos por la crisis en la que un chico de 13 años fuera asesinado en la localidad de Sáenz Peña en el Chacho.

El 10 de diciembre de 2013, se produjo una huelga policial durante el gobierno de Cristina Kirchner, que terminó con siete muertos por saqueos en disturbios ocurridos en Jujuy, Tucumán, Córdoba y Chacho, y que terminó con varias personas hospitalizadas y comercios destrozados.

Los saqueos de 2001, todavía en la memoria de los argentinos.

Saqueos y pelea política en Córdoba

Si nos reencontramos con el presente, las hipótesis de "maldades políticas" mezcladas con bandas de delincuentes que aprovechan conflictos sociales continúan teniendo plena vigencia como queda demostrado con lo ocurrido en la provincia de Córdoba en la ciudad capital y en Río Cuarto hace unos días.

Desde el domingo a la noche que los cordobeses hablan de asaltos organizados a supermercados y tiendas mayoristas con robos comprobados a 15 comercios que arrojó un saldo de 17 detenidos, la mayoría menores de edad. El lunes un grupo de menores intentaron saquear un súper y fueron detenidos.

Lo insólito es que, en este caso, el Presidente, Alberto Fernández, prefirió echar más nafta al fuego al asegurar, vía telefónica, a una comerciante perjudicada por los actos de vandalismo y saqueo que, la responsabilidad de estos hechos es del gobierno de Córdoba que conduce el candidato presidencial Juan Schiaretti.

Así lo relató la comerciante despojada, Alejandra Sempé, que dialogó con el primer mandatario y con el ministro de seguridad, Aníbal Fernández.

No tardó en contestarle el responsable de seguridad provincial, Claudio Stampalija, quien afirmó "...es un hecho profundamente demagógico al punto que nadie del gobierno nacional habló conmigo", aseguró.

En este caso, como en los anteriores, hay que recordar que el peronismo cordobés y el kirchnerismo bonaerense no se aprecian para nada desde el conflicto con el campo de 2008 por las retenciones agropecuarias pergeñadas por el actual senador de Juntos, Martín Lousteau, cuando trabajaba en la administración del primer gobierno de Cristina Kirchner.

Luego de la rebelión policial de 2013 y los saqueos ocurridos en Córdoba, las relaciones se quebraron definitivamente y, una década después, en medio de un clima electoral intenso tras la victoria del liberal Javier Milei, Córdoba, es un polvorín en estado de ebullición.

Para un asesor de campaña de Juan Schiaretti, la indignación por estas horas es enorme "...algunos imbéciles quisieran ver estallar a la provincia". Y, cerró afirmando que, "No entienden que una chispa puede generar un incendio generalizado cuando las condiciones son propicias".