Por Hernán Cappiello - El Tribunal Oral Federal Nº7, a cargo del juicio por el caso de los cuadernos de las coimas, donde se investiga a Cristina Kirchner, a exfuncionarios y a empresarios por cobrar y pagar sobornos para mantener contratos de obras públicas, rechazó declarar nulo el caso y convalidó la declaración como “arrepentido” de Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Wagner argumentó que su confesión fue obtenida “bajo coacción”, por el riesgo de quedar preso.

El empresario había denunciado, además, que hubo “forum shopping” en la causa al haber sido direccionada en favor del juez federal Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli. A su vez, había reclamado que fuera declarada inconstitucional la figura de asociación ilícita. Se sumó a este planteo el kirchnerista Roberto Baratta, que fue la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal.

Baratta está señalado en los cuadernos que escribió el chofer del ministerio Oscar Centeno como una de las personas que recolectaban bolsos con dinero en empresas y los llevaban a diferentes domicilios. En esa lista, se incluyó el departamento en el que vivía Cristina Kirchner, en Recoleta. Wagner es uno de los empresarios que admitieron pagos y contaron cómo funcionaba la cartelización de la obra pública.

El juez del tribunal oral Enrique Méndez Signori, en una decisión a la que adhirieron sus colegas Germán Castelli y Fernando Canero, rechazó la pretensión de Wagner y de Baratta en el mismo sentido en que lo había propuesto la fiscal del juicio, Fabiana León.

En cuanto a la cuestión del “forum shopping”, la fiscal dijo que el planteo no es nuevo y que ya había sido rechazado con anterioridad. El juez Méndez Signori sostuvo que este asunto ya había sido resuelto el 20 de diciembre de 2018, cuando la Cámara Federal confirmó la competencia del juez Bonadio en el caso. Con respecto a la alegada “obtención ilegal de elementos de prueba”, por la declaración “bajo coacción”, también señaló que corresponde ratificar el rechazo.

Méndez Signori consideró que Wagner no fue obligado a declarar contra sí mismo y que el dictado de la prisión preventiva obedece a otras circunstancias que se valoran en conjunto a la hora de decidir si se le otorga la libertad o no a un acusado. El juez fue en el mismo sentido en que se pronunció la fiscal León, que había propiciado el rechazo de la pretensión de Wagner de que no usara su declaración en el futuro juicio oral.

“No solo no se advierte perjuicio alguno” en la declaración de Wagner, ya que el empresario y su defensor “intervinieron y consintieron tanto formal como materialmente el acto, sino además los efectos que su contribución le ha reportado”. Advirtió la fiscal, no obstante, que “se transita una etapa preparatoria del enjuiciamiento” y que corresponde esperar el juicio para analizar la verosimilitud de su “arrepentimiento“y la valoración sobre su utilidad para acceder a los beneficios de reducción de pena que le garantiza.

Wagner es uno de los más de 30 imputados colaboradores en el caso de los cuadernos. Allí confesó que pagó coimas y describió cómo funcionaba el sistema de cartelización de la obra pública a través del cual determinadas empresas recibían contratos. Había sido detenido con prisión preventiva por una orden del fallecido juez Bonadio.

Wagner dijo además que negociaba con el exministro de Planificación Julio De Vido la entrega de los pagos como adelantos de obra, describió los montos y porcentajes, y dijo que otra forma de pagar era devolviendo una porción del dinero que recibían como certificados de obra.

Además de haber estado al frente de la CAC, también es dueño de la empresa constructora Esuco SA.

Los abogados de Wagner son Zenón y Federico Ceballos. Argumentaron: “La sola circunstancia de que el ingeniero Wagner se encontrara detenido en el momento de participar del acuerdo de colaboración con su libertad física condicionada a la efectiva suscripción del mismo resulta un elemento más que relevante para poner en tela de juicio la voluntariedad de sus dichos”. Y cuestionaron la ley del arrepentido, ya que dijeron que el modo en que fue aplicada “propició la autoincriminación forzada del imputado arrepentido, pues la libertad quedó supeditada a su colaboración, dejando en plena evidencia su formato coactivo”.

La causa por los cuadernos de las coimas ya está elevada a juicio oral con más de 150 acusados. El tribunal oral les permitió a todos los imputados, a los querellantes y a la fiscalía que hagan el ofrecimiento de la prueba que usarán en el juicio. Esto es, definir a testigos que quieran convocar, qué documentación quieren incorporar, o si entienden que hay que hacer medidas previas al comienzo de la audiencia, como nuevos peritajes.ß