Poe Hernán Cappiello - La jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, que hoy debería jubilarse, al cumplir 75 años, les comunicó a su pares que seguirá en su puesto a la espera de que el kirchnerismo logre los votos necesarios en el Senado para mantenerla en el cargo.

La jueza tiene en sus manos la definición de causas claves para el futuro judicial de Cristina Kirchner, como Hotesur y Los Sauces, donde se investigó el alquiler de hoteles a beneficiarios de la obra pública, y la denuncia por el pacto con Irán.

Para justificar su negativa a dejar el puesto, Figueroa apeló a un reglamento caduco del Consejo de la Magistratura. Cuando comunicó su decisión, sus colegas de la Cámara transmitieron su desacuerdo con la maniobra.

Cristina Kirchner viene intentando extender el mandato de Figueroa, pero no logró los votos necesarios en el Senado para tener mayoría.

La jueza de la Cámara de Casación Ana María Figueroa, que hoy cumple 75 años, fecha límite para seguir en la magistratura, les comunicó a su pares que seguirá en la cámara como magistrada, con la expectativa de que el Senado le dé acuerdo, al menos hasta fin de noviembre, aunque “por prudencia” les dijo que no firmará sentencias ni decisiones administrativas, que pueden ser objeto de impugnaciones.

Sus colegas presentes tomaron nota, la escucharon, pero le dijeron que no comparten esa interpretación de la ley que hace la jueza, ya que para ellos la Constitución es clara y los jueces cesan en sus funciones al cumplir los 75 años.

La magistrada espera que el Senado le dé un nuevo acuerdo que le permita seguir en el cargo cinco años más. Pero el oficialismo viene fracasando en convocar a una sesión para votar ese acuerdo porque no cuenta con los votos necesarios y porque la oposición no está dispuesta a revalidar la continuidad de la jueza, cercana al kirchnerismo.

Por eso, Figueroa echó mano de una reglamentación ya caduca, que realizó en 2017 el Consejo de la Magistratura para los casos de los jueces que llegan a los 75 años.

Ese reglamento, firmado por el pleno del Consejo cuando lo presidía el abogado radical Miguel Piedecasas, dice que los jueces, al cumplir los 75 años, si es que tienen solicitado el respaldo del Senado, pueden seguir “provisoriamente” en sus funciones. El pedido de acuerdo caduca vencido el año parlamentario.

El inciso de la resolución 521 de 2017 del Conejo señala que deben apartarse los jueces que cumplan 75 años, excepto aquellos que “posean pedido de acuerdo por parte del Poder Ejecutivo Nacional para renovar su designación, en cuyo caso continuarán provisoriamente en el cargo hasta tanto se dicte decreto en tal sentido o se rechace el pedido de acuerdo, siempre que ello suceda antes de la fecha de cierre de sesiones ordinarias del Honorable Senado de la Nación”. Es el inciso con el cual ahora se ampara Figueroa para seguir en funciones.

Aplicado a Figueroa, puede seguir siendo jueza “provisoriamente” hasta noviembre o hasta que le den acuerdo. Y si no lo logra, entonces debe dejar su cargo.

La omisión

Sin embargo, hay un dato que Figueroa omitió. Esta resolución 521 de 2017 fue modificada por otra, la 511 de 2018, que señala que la anterior solo se aplica a los jueces que estaban en ese momento en riesgo por haber llegado a la edad de 75 años y que habían sido notificados, pero no para el resto de los magistrados. Para todos los demás cabe la resolución del Ministerio de Justicia que los jubila a los 75 años, si es que no les dieron acuerdo para la fecha de cumpleaños, o si se los negaron expresamente.

Cuando los jueces compañeros de Figueroa en la reunión de superintendencia de ayer al mediodía escucharon esta situación, le dijeron que no compartían la interpretación de la norma, ya que consideraban que el cese como juez se daba al cumplir la edad, como lo manda la Constitución.

A pesar de los sanguchitos de miga que animaron la reunión, no hubo sonrisas, sino más bien severidad en los modos en que le hicieron saber a la jueza que escuchaban su decisión pero no la avalaban, ni mucho menos.

Claro que son colegas y no pueden decidir sobre si la jueza cumple o no con la condiciones para seguir en el tribunal. Además hubo otros magistrados de la Justicia Federal que, alarmados ante la noticia de que la jueza seguía en funciones, pero sin firmar nada, se preguntaron con incredulidad ante la consulta de cómo era posible que Figueroa siguiera cobrando el sueldo si decidió apartarse del ejercicio de las tareas que competen a su función.

El caso es sensible porque Figueroa tiene a la firma la sentencia del caso Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y del caso del memorándum con Irán.

Figueroa dijo a los jueces que sus colegas de la Sala I del tribunal que dejará firmados los votos de sus causas hasta ayer y que, de ahora en adelante, no firmará mas sentencias ante el riesgo de que sean impugnadas.

Es de suponer que la decisión de la magistrada puede demorar la firma de las sentencias de estos casos sensibles.

En el caso Hotesur y Los Sauces ya votaron los tres jueces de la Sala I: Figueroa y sus pares Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Este último, presidente de la Sala I, aún está retocando su voto, que ya está en condiciones de ver la luz. Se debe decidir si se reabre el caso y se manda a juicio a Cristina Kirchner y a sus hijos por lavado de dinero o si, por el contrario, siguen sobreseídos y el caso queda cerrado. El caso está mas cerca de ser reabierto. Pero si Figueroa no vota sentencias es probable que se demore.

Aunque, claro, siempre está la posibilidad de acudir al artículo 30 del Código de Procedimientos, que permite que dos jueces firmen un fallo si es que están de acuerdo.

Las expresiones de Figueroa sobre su apartamiento de la presidencia y de la firma se hicieron en la reunión de superintendencia de jueces de Casación, donde participaron los presidentes de cada sala: Daniel Petrone, Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Como Figueroa es presidenta de la Cámara de Casación, decidió por “prudencia” dar un paso al costado, dado que tampoco firmará decisiones administrativas, ante la eventualidad de que sean impugnadas. En este último rubro aparecen, por ejemplo, subrogancias o compras. Por eso es que se decidió que asuma interinamente el juez Borinsky como presidente de la Casación, según el reglamento el cuerpo.

Esta decisión se tomó considerando que se estaba ante una situación de “acefalía” de la presidencia, por lo que era necesario que asumiera el vicepresidente de la Cámara para la firma de las cuestiones relacionadas con la administración del tribunal y las subrogancias.

La jueza entendió que lo más prudente era que se apartara de la presidencia y de la firma de sentencias desde mañana en adelante. El clima fue complicado ante “una situación jurídica compleja”, según describieron en la Cámara.

Hubo sándwiches de miga de pan negro y jamón crudo en la reunión de jueces, pero no hubo celebración ni despedida de la magistrada, que quedó a la expectativa. ß