Sábado 29 - WASHINGTON.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció ayer en Washington un nuevo acuerdo técnico con la Argentina para mantener a flote el programa económico hasta el próximo cambio de gobierno, aportando un hilo de estabilidad durante las elecciones presidenciales y un punto final a más de tres meses de discusiones entre el staff del organismo y el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, un ida y vuelta que se estiró más de lo previsto, tensionó a la economía y le sumó presión al dólar.

El acuerdo, difundido a través de un comunicado del FMI, finaliza una de las negociaciones más extensas y complejas que ha tenido la Argentina con el staff del organismo, signada por el duro impacto de la sequía en la economía, el drenaje casi total de las reservas del Banco Central (BCRA) y la trepada de las cotizaciones paralelas del dólar. A eso se sumó, en medio de las discusiones, el anuncio de la candidatura presidencial de Massa. Con este nuevo acuerdo, la Argentina obtiene un puente hasta el cambio de gobierno que permitirá evitar caer en atrasos en los pagos al Fondo. Y Massa y el oficialismo se garantizan una inyección mínima de dólares para evitar sobresaltos adicionales en la campaña.

“Nos permite recorrer esta segunda parte del año, que obviamente, marcada por lo electoral, genera incertidumbre o duda, con mucha más tranquilidad. Para nosotros es una muy buena noticia”, celebró Massa en declaraciones en San Juan.

El Gobierno y el Fondo acordaron mantener la meta de déficit fiscal en el 1,9% del PBI para este año, un objetivo que demandará un mayor ajuste y un mayor control del gasto en el segundo semestre, anticipó el Fondo, justo en medio de la campaña electoral. La Argentina recibirá un desembolso de US$7500 millones en agosto, inferior al adelanto de fondos, o frontloading, al que aspiraba Massa, equivalente a los giros para el resto del año, que suman algo más de US$10.000 millones. Pero el Fondo avaló que continúen las intervenciones para contener las cotizaciones paralelas del dólar cuando se den “condiciones desordenadas” en el mercado, un objetivo prioritario para el Gobierno.

El Fondo culpó a la sequía por el incumplimiento de las tres metas del plan a junio –déficit fiscal, financiamiento monetario al Tesoro y acumulación de reservas–, pero también le achacó parte de la responsabilidad al Gobierno. “Los objetivos claves del programa hasta finales de junio no se cumplieron debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía, así como los desvíos y retrasos en las políticas”, indicó el organismo.

Ante el azote que dejó la sequía, que evaporó exportaciones por alrededor de US$20.000 millones, la meta de acumulación de reservas del programa sufrió un drástico recorte: para este año, el Gobierno se comprometió a acumular apenas US$1000 millones en las reservas del BCRA, en comparación con los US$8000 millones acordados en abril último, indicó el Fondo.

El nuevo acuerdo, remarcó el Fondo, “está sujeto a la implementación continua de las acciones de política acordadas”, además de la aprobación del directorio ejecutivo, que entra en receso este viernes por dos semanas. Por esto, la letra chica de los cambios al programa económico se conocerá recién en la segunda quincena de agosto, después de las primarias presidenciales del 13 de agosto en las que compite Massa, cuando el board regrese de sus vacaciones, le dé la aprobación final el acuerdo técnico, o staff level agreement, y difunda el informe de los funcionarios del Fondo con su análisis sobre la economía.

Antes de la reunión del board, se esperan anuncios y la implementación de las medidas acordadas, un “conjunto secuencial de acciones”, adelantaron a este medio fuentes con conocimiento de las conversaciones.

“Dados los desafíos económicos, las autoridades acordaron aplicar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses, y adaptarse de manera proactiva a la evolución de las condiciones externas e internas. También subrayaron una vez más su compromiso continuo de mantenerse al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, en línea con sus objetivos de sostenibilidad externa”, evaluó en el comunicado el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu.

Cubeddu adelantó que se pedirán waivers, o dispensas, por el incumplimiento de las metas del programa y que además se solicitará al board la modificación de “objetivos claves”. Y señaló además que el cumplimiento de la meta fiscal exigirá “un mayor endurecimiento de la política fiscal en el segundo semestre de este año”. El comunicado del Fondo dijo que ese ajuste adicional estará respaldado por una serie de medidas acordadas con Massa para reforzar los ingresos y controlar gastos, “protegiendo los programas sociales y de infraestructura prioritarios”.

Además de la devaluación fiscal anunciada, el Fondo dijo que será necesario “contener el crecimiento de la masa salarial”, actualizar las tarifas de energía y “fortalecer los controles de gasto a través de una asistencia social mejor focalizada y una mayor racionalización de las transferencias corrientes a las provincias y empresas estatales”.

El acuerdo dejó una innovación: la Argentina y el Fondo combinaron las revisiones de junio y de septiembre, una práctica habitual del organismo, y que en este caso evita una nueva auditoría de los funcionarios del FMI en medio de la campaña. Como resultado, y una vez aprobado el acuerdo por el board, la Argentina recibirá un desembolso por algo más de US$7500 millones en agosto, un monto que surge de sumar los giros previstos originalmente para junio y septiembre de este año. Habrá otro desembolso en noviembre, indicó Economía, aunque sin develar el monto, que tampoco fue informado por el Fondo. El giro de diciembre pautado originalmente en el acuerdo es por alrededor de US$3000 millones.

Dada la demora en las negociaciones y el receso del board, el Palacio de Hacienda dijo que orquestó una “operación puente” con otros organismos multilaterales para conseguir el dinero para cancelar dos vencimientos con el Fondo esta semana, que suman alrededor de US$3500 millones. La agencia Bloomberg informó que el Palacio de Hacienda pidió un préstamo por US$1000 millones a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para cubrir los próximos pagos.

Uno de los mensajes que el Fondo enfatizó en su comunicado es el compromiso oficial para sostener el acuerdo durante los próximos meses, cuando el avance de la campaña hacia las elecciones presidenciales se presenta como un terreno fértil para dar rienda suelta al gasto, una estrategia que la oposición bautizó en la última campaña el “plan platita”.

Cubeddu remarcó, al cierre de su comunicado, que el Gobierno se comprometió a “aplicar firmemente el paquete de políticas en las próximas semanas y meses” y a cumplir con los vencimientos con el Fondo.

“También celebramos su compromiso de fortalecer el programa y tomar las medidas necesarias para asegurar la estabilidad macroeconómica de la Argentina durante este período desafiante, marcado por la sequía sin precedentes como factor central”, cerró Cubeddu.ß