Por Joaquín Morales Solá - Cuando falten diez días para las PASO, Cristina Kirchner forzará al Senado la semana próxima para que le renueve el acuerdo a la jueza de Casación Ana María Figueroa y le dé acuerdo a 75 nuevos jueces y fiscales. La mayoría son “esperpentos”, según el célebre calificativo de León Carlos Arslanian a jueces propuestos en su momento por Carlos Menem, y de acuerdo con la evaluación que ahora han hecho hasta jueces filokirchneristas de la lista en danza entre senadores.

La intención de sacar jueces del Congreso al mismo tiempo que se realizarán elecciones para elegir un nuevo gobierno nacional es directamente obscena, un espectáculo de explícita pornografía política. La oposición en el Senado, liderada por el senador Alfredo Cornejo, está trabajando activamente para desactivar ese proyecto político de la vicepresidenta, que es para ella mucho más actual y genuino que la candidatura presidencial de Sergio Massa. Sin embargo, también es cierto que el resto de la dirigencia opositora, obsesionada en la campaña electoral y en mirarse el ombligo, es indiferente a lo que podría suceder en los próximos días en la Cámara alta.

Ella presiona para que ese cuerpo tome decisiones que podrían afectar o beneficiar a la propia Cristina Kirchner. El conflicto de intereses no puede ser más evidente e incuestionable. ¿Dónde está entonces el lawfare? ¿Quién lo aplica abiertamente? ¿O es que acaso existen transgresiones institucionales que solo Cristina Kirchner las puede cometer porque ella lo hace en nombre de un progresismo imaginario para cualquier mirada objetiva?

El caso de la jueza Figueroa es el más iridiscente, pero no por eso tiene más importancia que el acuerdo para los 75 jueces y fiscales. Figueroa cumplirá 75 años el 9 de agosto próximo, que es la edad que establece la Constitución para que los jueces se jubilen. La Constitución también señala que el Poder Ejecutivo podrá pedir un nuevo acuerdo por cinco años más, por una sola vez, para los jueces que hayan cumplido esa edad. Es el caso de Figueroa, que está a la espera de la decisión del Senado. La magistrada tiene simpatías por el kirchnerismo, a tal punto que llegó a afirmar que Cristina Kirchner sufre “hostigamiento” por parte del Poder Judicial que ella misma integra. No sucedió lo mismo con el exjuez de Casación Eduardo Riggi, quien en febrero último cumplió 75 años y debió jubilarse en el acto. Riggi tenía fama de independiente; el Gobierno le negó un nuevo acuerdo por cinco años más. Figueroa integra la misma sala de Casación, que es la instancia más importante del fuero penal, de la que también forman parte los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Esa sala tiene significativas causas por presuntos hechos de corrupción de Cristina Kirchner. Una de ellas es la que investiga el lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces, empresas de la familia Kirchner. Ahí está el conflicto de intereses. Un tribunal oral la sobreseyó a la vicepresidenta sin que se haya realizado el juicio oral y público; esa bochornosa decisión significó que por primera vez alguien fue sobreseído en la Justicia sin juicio previo. La sala de Barroetaveña, Petrone y Figueroa debe decidir si revoca o confirma la resolución del tribunal oral. “Lo que importa ahora es la situación de Figueroa; lo demás tiene su destino escrito”, dijo, elíptico, un funcionario de Casación. Deslizó, tal vez, que Barroetaveña y Petrone se pronunciarán por revocar aquella decisión del tribunal oral. ¿Dos votos “no positivos”, para usar el eufemismo de Julio Cobos? Es decir, ordenarían que se haga el juicio oral y público para establevotos cer si hubo -o no- delito de lavado de dinero por parte de la familia Kirchner en sus hoteles y edificios y en complicidad con los empresarios Lázaro Báez –cuándo no– y Cristóbal López. De todos modos, es imposible pronosticar las decisiones de los jueces porque estos nunca le adelantan sus resoluciones a nadie. La historia señala que la mayoría de las decisiones de esa sala, sobre todo cuando afectaron a Cristina Kirchner, se tomó por una mayoría de dos a uno, con Figueroa como un voto solitario. Esto significa que, por ahora, la presencia de Figueroa en esa sala no es decisiva, aunque nunca se sabe cómo puede evolucionar la situación de los jueces o de los tribunales.

Según la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los jueces que cumplen 75 años deben tener, el día de su cumpleaños, terminado todo el proceso de renovación del cargo para poder continuar en sus funciones. Esto es: deben contar con el acuerdo del Senado y con el decreto del Presidente que confirma al magistrado en su lugar por cinco años más. Tales antecedentes señalan como crucial la semana que va del lunes 31 de julio al martes 8 de agosto (la próxima semana y parte de la siguiente) porque Figueroa cumplirá 75 años el miércoles 9 de agosto.

Según varias fuentes senatoriales, el oficialismo no tiene todavía los 37 senadores que necesita para habilitar el quorum y sesionar. Cristina Kirchner quiere que esa cámara se reúna ahora para aprobar a sus jueces después de cuatro meses sin sesiones ni trabajos conocidos. Patético y arbitrario, también. Sea como fuere, la última sesión para darle acuerdo a Figueroa y a los otros jueces naufragó porque desertaron los senadores Guillermo Snopek, miembro de una conocida saga familiar del peronismo jujeño, y Edgardo Kuider, también peronista, pero este de Entre Ríos. Snopek se enojó porque no le permitían ir con la lista de Unión por la Patria en Jujuy. Kuider estaba molesto por la indiferencia del oficialismo ante un proyecto suyo para establecer tarifas energéticas diferenciadas en las zonas cálidas del país. La última decisión del kirchnerismo nacional le permitió a Snopek participar en una de las dos listas de Unión por la Patria (él quería que hubiera una sola) y como candidato a diputado nacional cuando él aspiraba a renovar como senador. Pero aun si lo hubieran convencido a Snopek, al oficialismo le falta todavía seducir a Kuider y al peronista correntino Carlos “Camau” Espínola para tener

quorum en la sesión que convocará en la próxima semana. La oposición asegura que se está más cerca de un nuevo fracaso del kirchnerismo para su ambición de prorrogar el acuerdo de la jueza Figueroa y de darle el necesario acuerdo a nuevos jueces y fiscales.

Eso 75 jueces salieron de ternas que aprobó el Consejo de la Magistratura. Cumplieron con los requisitos necesarios. El problema consiste en que en cada terna se colocó a un kirchnerista (que es la discutible manera de conseguir la mayoría especial que requiere el Consejo de la Magistratura para designar jueces) y que el Gobierno eligió en todos los casos al kirchnerista de la terna. Funcionarios del Consejo señalan que la única alternativa seria que queda es que el próximo gobierno retire del Senado esa lista de jueces y confeccione una nueva. Eso sería posible, desde ya, si el Senado no logra el quorum y la mayoría necesaria para aprobar la actual en los próximos días.

Un conflicto mayor sucedería si el Senado aprobara la lista de nuevos jueces y fiscales que está ahora en el Senado porque ese número, significativo desde ya para la relación de fuerzas dentro del Poder Judicial, podría cambiar la conducción de la Asociación de Magistrados, que tendrá elecciones internas en noviembre próximo. La Asociación de Magistrados es la que elige a los representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura. En las últimas elecciones de la Asociación de Magistrados, la lista Bordó, que es en la que militan los jueces independientes, ganó por escaso margen a la lista Celeste, que es la más próxima al kirchnerismo. La diferencia de fue tan estrecha que resultó menor que el número de 75 nuevos jueces. “La lista Bordó perderá su histórico control de la Asociación de Magistrados si esos 75 jueces y fiscales fueran nombrados”, aseguró un juez que participó siempre de la conducción de la lista Bordó y de la Asociación de Magistrados.

Un sector de Juntos por el Cambio sostiene que, como la propuesta de esos 75 jueces pasó por el filtro del Consejo de la Magistratura, la oposición debería negociar con el peronismo los nombres, uno por uno, después de que sea descartado (si es que lo es) el acuerdo de la jueza Figueroa. Otro sector de la coalición opositora asegura que no puede haber negociación posible con el kirchnerismo sobre una lista que seleccionó a los peores de cada terna. “De ninguna manera se puede negociar nada con el kirchnerismo en materia de jueces y de Justicia. Habrá que retirar la lista cuando haya otro gobierno y enviar una nueva al Senado”, adelantó un importante referente de Juntos por el Cambio que no milita en ninguna de las dos precandidaturas presidenciales, ni en la de Patricia Bullrich ni en la Horacio Rodríguez Larreta.

En síntesis, una cosa son las apariencias (como es la aprobación de esas designaciones por el Consejo de la Magistratura), pero otra cosa es cómo manipularon en el Gobierno tales aprobaciones. Todo eso se decidirá en días inminentes. Cristina Kirchner está dispuesta a perder el gobierno, por lo que se sabe, pero nunca una influencia determinante entre jueces y fiscales.

En ese contexto de avasallamiento institucional, apareció el gobernador de La Rioja, el infaltable Ricardo Quintela, anunciando que en la reforma de la Constitución de su provincia se discutirá la “libertad de expresión y la gobernanza”. Quintela había propuesto el año pasado un “bloqueo” provincial de los medios periodísticos nacionales porque “dan información podrida”. En abril del año en curso, llamó “vagos de mierda” a docentes que hacían una huelga para pedir un aumento de salarios. No obstante, en mayo último ganó la reelección con más del 50 por ciento de los votos. Ahora, Quintela propuso en un discurso ante la Convención Constituyente de su provincia, donde tiene amplia mayoría, que la nueva Constitución legisle sobre la libertad de expresión y, según se desprende de sus palabras menos directas, les entregue a los gobiernos la facultad de vigilar y castigar a la prensa. Llegó a insinuar que el control de la prensa por parte del oficialismo es un requisito de la defensa de los derechos humanos. Una perversión de la lógica.

Quintela, quien pertenece al peronismo más cerril, se lleva muy bien con Alberto Fernández y sus diatribas contra la prensa son seguramente homologadas por Cristina Kirchner. El gobernador riojano quiere llevar a la letra de la Constitución lo que otros gobernadores –Gildo Insfrán, por ejemplo– hacen en la realidad de los hechos desde hace mucho tiempo. Nunca entendieron que la libertad de expresión es la primera libertad porque sin ella no serían posibles las otras libertades. El kirchnerismo ha puesto en discusión, con las palabras agrias y chabacanas de Quintela, los cimientos mismo de la democracia y el Estado de Derecho.ß

Desconcierto en los free shops por la aplicación del impuesto PAIS a los bienes importados

Por María Julieta Rumi - Por definición, los duty-free shops son comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales. Por esta razón, se trata de uno de los últimos reductos del país en los que se pueden comprar cosas al dólar oficial y no a las cotizaciones más elevadas por superposiciones de impuestos (dólar tarjeta o Qatar). Sin embargo, esa realidad se vio momentáneamente alterada después de las medidas que se anunciaron el domingo último.

Es que, como no se sabe si algunos de los productos quedan o no alcanzados por el impuesto PAIS del 7,5% sobre bienes, en principio se remarcaron precios, aunque ahora habrían dejado todo sin efecto a la espera de mayores definiciones, según pudo saber la nacion.

El martes por la madrugada, el tributarista Sebastián Domínguez se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza. Mientras esperaba un vuelo, quiso comprar un cable USB de la marca Apple y se encontró con que, si bien la caja del producto decía que el valor era de US$30 al oficial, a la hora de pagar valía US$33 (10% más). Frente a esto, consultó a los empleados del free shop. Le dijeron que estaban remarcando todo por el nuevo impuesto del Gobierno.

“Los empleados decían ‘nos pusieron un impuesto a nosotros del 7,5%, por eso estamos remarcando todo’. Es decir, no sabían cómo era el detalle del impuesto, creían que era un impuesto de ellos, no tienen conocimiento tributario, pero sí estaban cambiando todo e incluso cuando agarrabas algo te decían ‘pero mirá que cuando vayas a pagar va a tener otro precio’. Al final, me terminaron haciendo un descuento para que esté al mismo precio de cómo figuraba en la caja. Pero, en Ezeiza, hay varios free shops y en otro me dijeron que me tenían que cobrar lo que decía el sistema, sin importar si el producto tenía otro precio”, contó el especialista.

En tanto, consultado acerca de si todas las remarcaciones eran del 10%, dijo que no sabía si este era el caso en todos los productos. “El impuesto es del 7,5% sobre el costo. Es decir, no necesitarían ajustar el precio de venta por el 7,5%, y encima lo hacen por el 10%. Esto es lo que va a suceder con muchas empresas. Van a redondear el ajuste generando más inflación todavía y además el impuesto no garantiza que puedas pagar al exterior, porque quizás querés girar y no tenés la SIRA aprobada. En el medio, te pueden aumentar el gravamen y ponerle la percepción del 45% y del 25%”, completó el tributarista.

intentó contactarse con responsables de los duty free shop en el aeropuerto de Ezeiza, pero no obtuvo respuesta alguna. Mientras tanto, la tienda online en la Argentina está fuera de funcionamiento. Si se entra se puede leer el siguiente mensaje: “Estimado cliente, el sitio web se encuentra en mantenimiento. Lamentamos las molestias. Volveremos pronto”.

En tanto, una fuente que hace de nexo entre las marcas y los duty free dijo que durante el martes frenaron todas las remarcaciones y que, por ahora, no se van a modificar los valores porque no saben si los productos están alcanzados o no por las nuevas medidas del Gobierno.

El domingo pasado, el Gobierno nacional anunció una batería de medidas que incluyeron la generalización del impuesto PAIS del 7,5% para bienes, excepto medicamentos y materiales para combatir el fuego, que están exentos; bienes suntuarios, que ya pagan el 30%; combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía, así como insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, que también estarían exentos. ß