Por Federico González del Solar y Cecilia Devanna - En medio de los cruces electorales, los aspirantes a la presidencia de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y el precandidato oficialista Sergio Massa coinciden con diferentes variantes en bajar la edad de imputabilidad para los menores involucrados en hechos delictivos. El puntapié inicial lo dio Larreta, al presentar ayer los ejes de un plan de seguridad, que incluye un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil.

Por detrás de los cruces y las chicanas retóricas, en los equipos de los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich hay consenso en varios de los puntos de la agenda económica. Uno de esos ejes en los que “halcones” y “palomas” hacen bandada sumó ayer un nuevo punto en materia de seguridad, con el que, sorpresivamente, también confluye Sergio Massa.

Ayer, el jefe de gobierno porteño presentó en Rosario un plan para “revolucionar la seguridad”. El octavo punto de una larga lista que el líder porteño enumeró de viva voz fue una sustitución del sistema de responsabilidad penal juvenil. “Vamos a impulsar un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil entre los 14 y los 18 años. Así vamos a evitar que los chicos entren al mundo del delito. Que no sean usados como soldaditos para los narcos”, sostuvo el alcalde porteño. La reforma implicaría una baja en la edad de imputabilidad del actual régimen penal juvenil (16 a los 18 años), instaurado en 1980, durante la última dictadura militar.

Desde las filas larretistas aclaran que la reforma no se agota en la reducción etaria y subrayan su carácter integral. “Lo más importante es la creación de un régimen penal juvenil. En el país no hay lugar para contenerlos. No es solo la baja en la edad de imputabilidad de los menores”, aclaran.

Sobre esta temática, existen tres proyectos en danza en la Comisión de Legislación Penal. Uno impulsado por el “ala dura” de Juntos por el Cambio, que lleva la firma del precandidato a la gobernación de Buenos Aires de Patricia Bullrich, Cristian Ritondo; otro impulsado por el massismo –alentado por el diputado Ramiro Gutiérrez–, y un tercer proyecto que fue presentado por Diego Santilli, el precandidato a la gobernación de Rodríguez Larreta.

Proyectos varados

Los tres proyectos, que descansan en la comisión presidida por María Luján Rey, buscan bajar la edad de imputabilidad de los menores. El de Santilli, a diferencia de los otros, que buscan llevarla a 14 años, solo la estira un año, al ubicarla entre los 15 y los 18.

En la región, el promedio de imputabilidad en los menores es de 13 años. El proyecto impulsado por Ramiro Gutiérrez, un diputado del riñón del ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo a punto de unificarse con el impulsado por el exministro de Seguridad de la provincia Cristian Ritondo, algo que finalmente no ocurrió. Aunque eludieron confirmar cuál será la postura que finalmente sostendrá públicamente Sergio Massa en el tema, ante la consulta de la nacion fuentes cercanas al precandidato de Unión por la Patria aludieron al proyecto que presentó en octubre pasado el diputado massista como una forma de ratificar la coincidencia.

El problema para Massa es que defender públicamente una baja de la edad de imputabilidad, en línea con sus discursos de campañas anteriores, le generaría ahora rispideces con sus socios del kirchnerismo, que tienen una mirada menos punitivista sobre los delitos en general y los cometidos por menores en particular.

El proyecto del massista Gutiérrez prevé 10 medidas cautelares que el juez podrá imponer al menor, entre las cuales se destacan el arresto domiciliario, la prohibición de salir del país o de asistir a determinadas reuniones y la conducción de vehículos, entre otras. A su vez, los padres del menor no escapan del alcance de las cautelares: embargos y depósitos preventivos que oscilan entre los 50.000 y los 10 millones de pesos son algunas de las maniobras avaladas por el proyecto. Además, el juez podrá disponer de un abanico de medidas que van desde tareas comunitarias hasta la restricción de la libertad en centros de rehabilitación para los casos más graves, como el homicidio o la violación.

Los antecedentes juveniles se mantienen una vez que el joven cruce el umbral de la mayoría de edad. “Es un histórico proyecto de (Sergio) Massa de hace varios años, que volvimos a recrear. La edad es la posibilidad de comprensión, un joven a los 14 años comprende perfectamente que un arma es un instrumento capaz de matar a otro”, dijo Gutiérrez el año pasado al hablar de su proyecto. Massa habló sobre el tema en 2015, 2017 y 2019, años de campaña.

En 2019 lo hizo hasta febrero, poco antes de acercarse al kirchnerismo, y luego desapareció de su agenda.

Sin embargo, ahora el escenario es diferente, como admiten distintas fuentes consultadas. Pese a ello, cerca de Massa insisten en que el tema será un eje de la campaña y recalcan: “Sergio tiene su propia mirada en seguridad, los números de Tigre que lo avalan y un sistema

que después copiaron todos (por la implementación de cámaras y centros de monitoreo)”.

El otro proyecto que circula en el recinto es impulsado por Ritondo. “El objetivo es poder contener al menor y darle una nueva oportunidad en lugar de dejarlo abandonado en el delito”, refieren.

“En los supuestos de los delitos cuya pena máxima no supere los tres años de prisión, el fiscal podrá instar a procedimientos de mediación y acuerdos restaurativos”, se lee en el proyecto, que contempla, al igual que el proyecto impulsado por el massismo, una serie de medidas cautelares preventivas que van desde la amonestación o una reparación hasta el “internamiento en un centro especializado”.

“Este proyecto trata de alejarse de soluciones edulcoradas que, detrás de discursos que ensalzan las delicias de la infancia y aborrecen el punitivismo, devuelven a los menores a la calle, donde seguirán perdiendo esa infancia y quizás hasta la vida”, se lee en otro tramo del documento, que en relación con la edad de imputabilidad sostiene que “es un dramático pedido de protección, un reclamo de nuestra sociedad”.

Desde las filas larretistas, en relación con el proyecto oficializado en Rosario, difundieron un comunicado en el que se sostiene que la ley vigente tiene un carácter “inquisitivo y tutelar” que no hace posible “distinguir entre los niños que necesitan atención y protección por encontrarse en estado de vulnerabilidad y los que infringieron una ley penal”.