POR Francisco Olivera - Solo en mayo, según los últimos datos del Indec, se sumaron al menos 1058 empleados a la planta de la administración pública. Al aumento le faltan las incorporaciones de junio y julio, y los trabajadores de las empresas estatales, que anticipan nuevas expansiones de personal, todo a pesar de que el ministro de Economía, Sergio Massa, había ordenado, no bien asumió, congelar la cantidad de empleados públicos, “salvo casos excepcionales”.

Pero en la Argentina lo excepcional puede ser la norma, y más en tiempos de campaña y cuando una administración empieza a despedirse. Un clásico que ya se vio en 2015: el gobierno se va y, sobre la culminación del mandato, abarrota el próximo con nuevas designaciones o pasando a la condición de permanentes contratos que ya existen hace tiempo y se renuevan todos los años.

Una siembra persistente que suele ser la parte de la herencia que los funcionarios que suceden no ven hasta que se sientan en sus despachos: empleados sobre los que no siempre se sabe qué función cumplen y que, en el peor de los casos, si son militantes, podrán incluso trabar muchas de las próximas decisiones si no están de acuerdo. Tiempo atrás, por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, que conduce Matías Lammens, se quejaban de haber tenido que contratar agentes externos porque el personal disponible no estaba en condiciones de instrumentar el Previaje.

Es una trampa difícil de desactivar porque la planta permanente tiene una estabilidad laboral superior al resto de los sectores: está garantizada por el artículo 8 de la ley marco de regulación del empleo público nacional y, desde 2007, por un fallo de la Corte Suprema sobre el caso Madorrán.

Según datos de la Jefatura de Gabinete, hay en la Argentina alrededor de 3,4 millones de empleados públicos si se cuentan los que trabajan para provincias y municipios. La cifra se ubica en 383.000, lo que se conoce como Administración Pública Nacional, que incluye Fuerzas Armadas y de seguridad y entes y empresas públicas. Ese universo subió desde que asumió Alberto Fernández 6%, es decir, en alrededor de 20.000 empleados. Es el equivalente a la cantidad de trabajadores del grupo Cencosud y bastante más que los de Techint. Si se restan los de las Fuerzas Armadas y seguridad, el aumento es del 3%, unos 10.000 en tres años, casi los que tienen Mercado Libre o Arcor en la Argentina.

Son incorporaciones que se hacen en simultáneo con un programa oficial que, desde de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, se propone regularizar la situación de quienes tengan más de 5 años (profesionales) o 10 (no profesionales). Hasta ahora, dicen en despachos oficiales, han pasado 11.000 a planta, pero quedan otros 37.000 en condición irregular.

La iniciativa contrasta con un contexto de deterioro generalizado del mercado laboral, flexibilizado casi de hecho, y con la economía estancada. Según un informe de la consultora Idesa sobre datos del Ministerio de Trabajo, entre 2012 y 2022 lo único que creció fue el empleo de mala calidad: mientras que el privado lo hacía en apenas 4% –pasó de 6,1 millones a 6,3 millones de personas–, el público subió 35%, de 2,5 millones a 3,4 millones de ocupados.

Apenas asumió, y en sintonía con un plan de ajuste que exige el FMI y que lleva 11 meses consecutivos de caída en el gasto real, Massa ordenó congelar las incorporaciones. Pero los números del Indec y algunas designaciones recientes en el Boletín Oficial indican que la intención no se estaría cumpliendo del todo, incluso en dependencias afines al Frente Renovador. Según el organismo había hasta mayo, último dato disponible, 342.311 empleados de la Administración Pública Nacional, 1,6% o 5399 trabajadores más que en abril. Ese aumento en apenas un mes equivale a toda la plantilla de Toyota en el país.

Consultados, en el Indec hicieron una advertencia al respecto. Si bien los 5399 son reales, al aumento contribuyó el aporte de la empresa Belgrano Cargas, que no había sido incluida en el informe de abril. Para hacer una comparación válida, entonces, corresponde restar las sociedades anónimas y hacerlo solo con los empleados de la Administración Pública Nacional, que pasaron de 230.832 en abril a 231.890 en mayo. Es decir, 1058 más (0,5%).

Si de todos modos se incluye a los otros entes, se observa que entre las áreas menos obedientes está la AFIP, que conduce Carlos Castagneto y donde tiene gran influencia Guillermo Michel, con 820 altas solo en mayo, 1379 desde que asumió Massa y 2112 en un año. Y en AySA, que preside Malena Galmarini, hubo 23 en mayo y 91 desde que juró su marido como ministro. Hay otros organismos que hicieron también un gran aporte: Migraciones, 44 (235 con Massa); Senasa, 75 (326 con Massa); Anmat, 30 (76 con Massa), y Conicet, 63 (150 con Massa), entre otros.

No todas estas designaciones son de planta permanente. Para saberlo hay que seguir las publicaciones que hace el Boletín Oficial y que han llamado últimamente la atención de economistas como Nicolás Gadano, que las replica en Twitter. Así, por ejemplo, el 29 junio, mediante la resolución 808, se aprobó el Plan de Acción & Presupuesto 2023 de la empresa estatal Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, que incluye ingresos por $10.312 millones, de los cuales $10.072 millones son aportes del Tesoro, y un aumento del personal de 104 empleados. La empresa, que acaba de pasar entonces de 1225 a 1329 personas sin que esto se aparezca todavía en el relevamiento del Indec, pertenece a Trenes Argentinos, el empleador más grande del país: con más de 30.000 trabajadores, supera a cualquier privado.

En la Jefatura de Gabinete, desde donde salen los llamados a concurso, niegan que se esté aumentando la planta de manera significativa y agregan que todos los regularizados son contratos anteriores a la administración de Alberto Fernández. La discusión vuelve sin embargo a caer en medio de la campaña y promete intensificarse. El 3 de este mes, mediante la resolución 272, la Jefatura de Gabinete llamó a cubrir 52 cargos de la planta permanente del Instituto de Vitivinicultura y, al día siguiente, a través de otras dos resoluciones, convocó para 484 puestos del Ministerio de Trabajo.

Entre los argumentos hay un párrafo que se repite, calcado, en todas las designaciones: el objetivo es dotar a la respectiva dependencia de “personal idóneo mediante procedimientos de selección por mérito en base a competencias que respeten los principios de igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia”.

En el Gobierno esperan terminar de regularizar lo que falta. El 13 de julio, la Jefatura de Gabinete abrió 197 cargos para sí misma. Dos semanas antes había convocado a otros 205. El 28 de junio, a 80 para la Superintendencia de Seguros. Y el 21 de junio, a 81 para el Ministerio de Desarrollo y Hábitat, que conduce Santiago Manggiotti. Ya venía a buen ritmo: el 14 de junio había sumado 954 nuevos para la cartera de Desarrollo Social, que encabeza Victoria Tolosa Paz.

Es inevitable que estas decisiones provoquen discusiones. Porque muchas veces apuntan a congraciarse con UPCN y ATE o militantes del Gobierno y porque, desde una óptica cualitativa, la ley que regula el empleo de la Administración Pública Nacional otorga muchos más beneficios que los que tiene el sector privado. En realidad, ya el hecho de trabajar para el Estado le da al empleado un estatus laboral distinto. Lo expone, por ejemplo, un decreto de 1979, todavía vigente y refrendado hace pocos días, que en el artículo 14 inciso F los faculta incluso a ausentarse dos días por mes, con un máximo de seis por año, sin justificación alguna, “por motivos personales”. Es un derecho adquirido.ß