Por Hernán Cappiello - La investigación que realiza la Justicia jujeña por los graves hechos de violencia de anteayer, cuando un numeroso grupo de manifestantes apedreó e intentó forzar el ingreso a la Legislatura local, apunta a determinar si los agresores recibieron pagos de sectores vinculados al oficialismo nacional.

Según la policía, dos de los detenidos llevaban $500.000 cada uno y los investigadores no descartan nuevas detenciones a partir del análisis del contenido de 40 teléfonos celulares que fueron secuestrados.

Ayer hubo dos manifestaciones importantes. Una en San Salvador de Jujuy, con una marcha de antorchas contra el accionar policial. La otra, en la avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires.

Mientras la Justicia jujeña avanza con la recolección de pruebas contra el medio centenar de detenidos tras los desmanes con los que intentaron tomar y quemar anteayer la Legislatura provincial, las autoridades informaron que a dos de los presos se les decomisó 1.000.000 de pesos en efectivo. Los investigadores no descartan nuevas detenciones a partir del análisis del contenido de 40 teléfonos celulares secuestrados.

El jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, dijo a LA NACION que le informaron que a dos personas detenidas les habían secuestrado $500.000 a cada una. “Tenían el dinero en una mochila”, dijo, y expresó que pudo determinar –porque estaba en la primera fila de los incidentes– que había entre los manifestantes personas que arengaban al resto hablando con “acento porteño”.

“Hay personas que vinieron de afuera, yo los escuché”, dijo Mejías. Explicó, además, que hay una pista que siguen los investigadores acerca de que estas personas pudieron haber ingresado horas antes de los incidentes por tierra en vehículos particulares.

La investigación está en manos de un equipo de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, integrado por Diego Funes, Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos. Rondón es el fiscal de turno responsable por las evidencias que se van reuniendo.

Los fiscales están bajando la información de intercambios de WhatsApp de 40 celulares secuestrados a los detenidos, para determinar los cruces de llamadas en la previa de la movilización.

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, difundió anteayer capturas de pantalla de chats, supuestamente de los manifestantes, donde se hablaba de que cada uno iba a cobrar $5000 por acudir a la manifestación y que la plata la había traído “un diputado de Buenos Aires”.

El mandatario radical, que aspira a estar en alguna boleta nacional de Juntos por el Cambio, no presentó más pruebas que ese posteo en redes sociales.

Los fiscales además trabajan con las imágenes de los violentos tomadas durante los ataques de ayer para buscar identificarlos.

“No descartamos que haya más detenidos”, dijo el ministro de Seguridad, Guillermo Corro.

Antecedentes de los detenidos

Si bien en un primer momento hubo 63 personas detenidas, muchas de ellas fueron recuperando la libertad porque habían sido demoradas a fin de verificar sus antecedentes.

Entre los detenidos había un chico menor de edad que fue entregado a sus padres. También hay integrantes de la agrupación HIJOS y de entidades gremiales, y entre los que arrojaron piedras a la policía hay una persona con una gorra de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), agrupación que lidera el piquetero y diputado nacional Juan Carlos Alderete, un aliado del kirchnerismo.

Desde el gobierno de Jujuy, fuentes oficiales dejaron trascender que al menos 14 detenidos tenían antecedentes por delitos comunes, como daños, amenazas, robo calificado, desobediencia judicial, atentado, resistencia a la autoridad, tenencia de estupefacientes, violación de domicilio y hasta abuso sexual.

Los que quedaron presos en el penal de Alto Comedero están acusados de delitos graves, que van desde daños y lesiones hasta el intento de ingreso a la Legislatura. Además, por los daños cometidos contra tres autos, que fueron quemados, y los daños contra ocho locales comerciales que fueron vandalizados, según precisaron los funcionarios judiciales de la provincia.

El ministro de Seguridad de la provincia, Guillermo Corro, dijo que los policías heridos son 53, aunque ninguno con lesiones de gravedad.

Habló de una “violencia inusitada” y al igual que el jefe de policía sostuvo sobre los detenidos que “no todos son de Jujuy”. Y agregó: “Vienen de otros lugares y quieren trastocar la provincia, quieren ir en contra de la paz social. Me recuerda los tiempos de Milagro Sala, con gomas quemadas y toda clase de ataques”.

En tanto, a pesar de que la Justicia Federal instruyó a la Gendarmería para que liberara las rutas interrumpidas por grupos piqueteros, Corro indicó que continuaban los retenes en ocho lugares, entre ellos, en La Quiaca, Purmamarca y Ledesma.