Por María Julieta
Rumi - Conocida la disposición del Banco Central que les aplicó a las
provincias el mismo tratamiento que a las empresas por el cual deben cancelar
el 60% de sus obligaciones sin acceso al mercado cambiario oficial, la pregunta
que surgió era a cuánto ascendían los vencimientos provinciales y si iban a
poder pagar con recursos propios ante las nuevas restricciones.
Según la consultora
1816, actualmente hay 14 provincias con bonos en dólares en circulación, por un
total de US$14.000 millones. En tanto, los vencimientos entre junio y diciembre
de este año son US$981 millones, incluyendo US$521 millones de intereses y
US$460 millones de capital. Sumando capital e intereses son US$361 millones de
Córdoba, US$193 millones de la provincia de Buenos Aires y US$427 millones de
otras jurisdicciones (ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut y Salta pagan aproximadamente
US$60 millones) con los pagos más relevantes en junio, septiembre y diciembre.
“Dado que la norma
no afecta a los intereses y se mantiene el acceso al mercado único y libre de
cambios por el 40% de los pagos de capital, la medida ahorra apenas US$276
millones en 2023 (el 60% de US$460 millones)”, dijeron.
En cuanto a si las
provincias pueden pagar con recursos propios, señalaron que son siete las que
explican los US$460 millones de vencimientos, pero el 56% es de Córdoba, que
paga US$241 millones de amortizaciones del bono 2025 (US$120 millones el 10 de
junio y US$120 millones el 10 de diciembre) y US$19 millones por el bono 2025.
En tanto, a marzo de este año, las provincias tenían depósitos en dólares por
US$1600 millones. De acuerdo con esto, dijeron que en casi todos los casos
–incluyendo Córdoba– esos depósitos alcanzan para pagar el 60% de los
vencimientos de capital hasta diciembre de 2023.
Las únicas
excepciones serían Entre Ríos y Jujuy, pero les faltarían apenas US$9 millones
a cada una. “Haciendo un análisis muy ácido, mostramos que incluso en un
escenario extremo en que las provincias no puedan acceder al MULC para pagar
capital ni intereses, 5 de las 14 provincias con deuda externa podrían pagar
todos los vencimientos de 2023 con sus propias divisas. Para las otras 9 el
problema no sería mayúsculo si tuvieran que ir al contado con liquidación: en
seis de esas provincias las divisas de 2023 faltantes representan 1 o 2% del
presupuesto anual, en dos casos 3% y en un caso, 5%. Aun en el caso de
restricciones crecientes no vemos incumplimientos de provincias en 2023”,
señalaron.
Por su parte,
Fernando Marull, socio de FMyA, coincidió en que la medida solo buscaría
ahorrar unos US$260 millones y dijo que Córdoba es la provincia más afectada,
porque es la única que tiene que pagar montos altos de su bono a 2025 (el 60%
de dos amortizaciones por US$240 millones son US$ 144 millones) y tiene
depósitos por US$ 147 millones. Entre Ríos y Jujuy también estarían afectadas,
pero Marull opinó que, en principio, los distritos podrían honrar sus
compromisos.
El jefe de research
de Romano Group, Salvador Vitelli, sumó que la medida encuentra a las
provincias en una relativa buena posición financiera pensando en sus depósitos
en dólares, como para imaginar que pueda darse un problema a gran escala.
“Por lo pronto, no
se ve una falta de sustentabilidad de esto. Además, si decidieran refinanciar,
también hay demanda por instrumentos hard dollar [papeles en dólares]. Las
tasas se comprimieron mucho. Arcor cortó al 3,5 en hard dollar. El viernes tuvo
la licitación IRSA que cortó al 5, entonces termina habiendo una demanda
interesante por hard dollar, por lo que creo que si acudiesen a una
refinanciación, no debería haber demasiados problemas de cara al futuro. Pero
la decisión marca un precedente por todo lo que esto significa para las
provincias que tienen que refinanciar o bien acudir a sus propios dólares, lo
cual encarece fuertemente el costo de la deuda considerando que no podrían
acceder a los dólares oficiales”, esgrimió.
Insistió en que sin
dudas esto marca un precedente en términos de federalismo, ya que para la
Nación sí están los dólares oficiales y para las provincias no. Por esta razón
tanto Córdoba como Mendoza dijeron que van a presentar un recurso de amparo.
“La resolución del
BCRA es discriminatoria y antifederal, complicando el proceso de pago”, indicó
el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez. Agregó que la resolución con la que
“impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus
deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es
violatoria de la autonomía”.
La administración
de Juan Schiaretti dijo que, para salvaguardar los intereses de los cordobeses,
fueron a la Justicia con un recurso de amparo para pedir que obligue al Banco
Central a que les venda los dólares. Más allá de esto dijeron que la provincia
no entrará en default porque van a tomar todas las medidas para evitarlo.ß |