Por Hernán Cappiello - Tras dos años de resistencias y maniobras dilatorias por parte del kirchnerismo, el Consejo de la Magistratura votó finalmente ayer la suspensión del juez federal de Mendoza Walter Bento y el inicio de un juicio político para removerlo de su cargo.

El juez, que también tenía competencia electoral, enfrenta graves denuncias por cobro de coimas, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

A pesar de la prisión preventiva dispuesta en su contra, Bento por ahora no irá preso porque tiene fueros. Si concluye el juicio político y es destituido, perderá su inmunidad.

El proceso se había demorado por la falta de actividad del Consejo, pero también por las objeciones que surgían desde el kirchnerismo. Ayer, la resistencia terminó de ceder ante el riesgo oficialista de quedar como defensor del juez sin poder evitar su suspensión.

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura votó ayer la suspensión del juez federal de Mendoza Walter Bento y lo acusó de mal desempeño de sus funciones, por lo que decidió iniciarle un juicio político para removerlo de su cargo. El magistrado está acusado de recibir coimas a cambio de otorgarles beneficios a presos por narcotráfico y contrabando. No percibirá su sueldo mientras dure el proceso.

La votación se realizó después del mediodía, a pesar de que el plenario del Consejo de la Magistratura estaba convocado a las 9.30. Se demoró porque hubo negociaciones hasta el último minuto para llegar a conseguir los dos tercios de los votos de los consejeros presentes, indispensables para que prosperara la acusación. Sobraron los votos.

El oficialismo terminó por ceder frente a una relación de fuerzas cada vez más desfavorable en el Consejo y ante el riesgo de quedar solo en defensa del juez y, de todas formas, no poder frenar el proceso.

“Antes de que nos peleemos demos por finalizado esto, que ha sido de una concordia inesperada pero celebrada”, ironizó el presidente de la Corte Suprema y del Consejo, Horacio Rosatti, al concluir el plenario, pasadas las 14, y despedir a los consejeros.

Ya fueron notificadas la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Federal de Mendoza de la suspensión de Bento como juez y de la activación del jury. La Cámara Federal de Mendoza designó subrogante al titular del Juzgado Federal Nº 3 de esa jurisdicción Marcelo Fabián Garnica.

A partir de ahora, Bento ya no puede seguir firmando como juez. No pierde sus fueros y por eso no irá preso en este momento, a pesar de la prisión preventiva dispuesta en su contra. En un plazo máximo de 180 días hábiles se tratará su caso en el jury. Si es destituido, perderá sus fueros y estará en riesgo su libertad por los cargos que enfrenta.

Todos los consejeros apoyaron el dictamen de la destitución y suspensión, incluso el juez y consejero Alberto Lugones, que planteó una disidencia parcial sobre algunos de los cargos, como la falta de intimación para justificar sus bienes, la falta de declaración de un Rolex, de dos bicicletas todo terreno de competición, y por haber alquilado una limusina en Las Vegas. Lugones entendió que no era una causal de remoción por mal desempeño, sino que a lo sumo era una decisión disciplinaria. La suspensión y acusación a Bento fue el resultado de una negociación en la que estuvo muy activo Rosatti. Anteanoche, las reuniones terminaron a las 23 y ayer por la mañana se mantuvieron hasta cerca de las 13, cuando comenzó el plenario.

Rosatti se reunió con Miguel Piedecasas, consejero abogado del radicalismo; Gerónimo Ustarroz, consejero representante del Poder Ejecutivo, con el juez Alberto Lugones y con el kirchnerista Rodolfo Tailhade, dijeron a fuentes la nacion del Consejo (ver aparte).

La dificultad estaba en que ayer había tres dictámenes: uno que originalmente había realizado el consejero con mandato vencido Pablo Tonelli, de Pro, que completó Miguel Piedecasas, Roxana Reyes de Juntos por el Cambio y el senador radical Alejandro Visci. Se proponían la suspensión y el jury.

El otro dictamen era el que proponía el consejero del kirchnerismo Rodolfo Tailhade, que cuestionaba el hecho de que la acusación a Bento quedara atada a la causa penal, y proponía el jury; el tercero era el del juez Lugones, que tenía objeciones sobre algunos de los cargos que se le hacían al juez. Iba por el jury, pero no la suspensión. Las conversaciones de ayer y las reuniones permitieron reescribir el dictamen inicial y “enriquecerlo” con las propuestas de Lugones y Tailhade.

Ya se había llegado la semana anterior a un acuerdo para votar dos concursos para cubrir seis cargos a en los tribunales orales en lo Criminal Federal. Asimismo, se acordó por unanimidad votar dos ternas para cubrir dos vacantes del tribunal de ejecución fiscal. Estos entendimientos fueron previos a la negociación por el caso de Bento, dijeron fuentes del Consejo, que señalaron que se aprovechó para “asfaltar el camino” hacia nuevos acuerdos.

Embargado, pero con fueros

Fue Piedecasas quien llevó la voz cantante al explicar el dictamen de consenso sobre la suspensión y jury a Bento. Impostó la voz, para superar su gripe que lo aqueja, y leyó las acusaciones contra el juez, que van desde sus ocho procesamientos firmes por diez delitos –que incluyen prevaricato, enriquecimiento ilícito, cohecho, desobediencia, falsedad ideológica– hasta acciones de mal desempeño.

“Si es culpable o no, debe ser esclarecido en el jury para llevar tranquilidad a la ciudadanía de que el magistrado es o no merecedor de estos reproches”, dijo Piedecasas, y recordó que el juez está embargado por 206 millones de pesos y t orden de prisión preventiva, que no se ejecuta por sus fueros como magistrado.

Además, enumeró otras razones de mal desempeño, como no haber entregado su celular cuando se lo pidió un juez, haber entorpecido la investigación mediante interferencias, haber vaciado su caja fuerte y dejado un mensaje provocador en su interior para el juez que lo investigaba, y viajes y estadías en el extranjero sin justificación. También le imputaron no haberse inhibido cuando correspondía y sus chats con acusados de liderar una asociación ilícita a la que está acusado de pertenecer.

“Un juez cuestionado así no puede seguir a cargo de la magistratura. Es la credibilidad de la Justicia misma la que está en juego”, dijo Piedecasas. A su término, Lugones explicó sus disidencias, pero indicó que apoyaba la suspensión y el jury. Tailhade dejó en claro la posición de su bloque y señaló que nunca propugnaron “la impunidad de Bento ni de nadie”.

Tonelli celebró la decisión: “Esta instancia fue demorada pero finalmente el juez Bento ha sido suspendido de sus funciones y deja de impartir justicia. Antes de fin de año debería estar resuelto el juicio del Jurado de Enjuiciamiento”, dijo.

Bento es investigado en el Consejo desde hace dos años. La oposición viene insistiendo en su destitución, pero hasta ahora se había topado con el freno del oficialismo, que apoyaba al juez federal. Entre sus tareas estaba controlar las elecciones presidenciales nacionales que se realizan este año.

El 26 de julio próximo comenzará un juicio penal en contra de Bento por graves cargos por los que fue procesado con sentencia firme en ocho ocasiones. En ese proceso se lo acusa, principalmente, de 15 casos de cohecho y de haber sido jefe de una asociación delictiva, sostenida por una red cercana de abogados, encargada de las negociaciones y los cobros de las coimas en dólares. Asimismo, está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos de origen ilícito, ya que su nivel de vida no se condecía con sus ingresos.

A partir de ahora, no puede seguir firmando como juez

Conservará los fueros hasta que sea destituido

Hubo que unificar tres dictámenes distintos