Por Diego Cabot - Hace pocos meses, cuando el ministro de Economía, Sergio Massa, tenía la espalda fornida y pregonaba una fuerte baja de la inflación para este año, pasó por el Congreso para aprobar el presupuesto de 2023. Fue entonces cuando, optimista, sereno, seguro, convincente y sonriente, presentó sus cálculos y basó todo el aumento del gasto en una premisa: la inflación sería de 60% para este año.

Pasó el tiempo y con un envión que se prevé al menos en 120% anual, el Gobierno tuvo que correr a aumentar las partidas de casi toda la Administración Pública Nacional. Pero claro, en pleno año electoral, las 330 páginas anexas a la resolución que se publicó ayer dejan la sensación de que la Casa Rosada empezó a preparar la billetera para transcurrir la campaña. Dicho de otra forma: más gasto con tufillo electoral.

En resumen, el Estado incrementó el gasto público en alrededor de $46.000 millones, de los cuales, los recursos propios, producto de una mayor recaudación por inflación, suman $24.000 millones. Es decir, con la publicación de la norma, el resultado financiero fue negativo en $22.000 millones.

En principio, aparecen algunos ganadores. El primero es el ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” de Pedro, que embolsó un cheque de $36.190 millones para su cartera, además de $20.000 millones adicionales para repartir en las provincias. La Anses, por lejos, es la entidad que más se lleva, ya que agrega a lo que tiene para gastar otros $146.000 millones adicionales, mientras que el Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, sumó $10.225 millones para obras en rutas y corredores.

Hay algunas partidas que llaman la atención. Por ejemplo, Presidencia decidió aumentar su crédito para arreglar la fachada de la Casa Rosada y, además, atender el pago del avión que compró Alberto Fernández. “Se refuerzan sus créditos con el fin de dar cumplimiento a las necesidades del funcionamiento y mantenimiento de la flota presidencial de aeronaves, como así también para el financiamiento de las obras de ‘Restauración y Puesta en Valor de Fachadas de la Casa de Gobierno y de Remodelación

de la Casa de Gobierno’”, dice el documento oficial. La etapa VIII de la remodelación de Balcarce 50 totalizó $85 millones, a los que se suman $633 adicionales para la reparación de fachadas.

Otra curiosidad de la Presidencia. Además del dinero para pagar el Boeing color celeste y blanco, la entidad incorporó el crédito para publicidad oficial que estaba en la Jefatura de Gabinete. Es decir, llegó un cheque por $2132 millones que ahora se gastarán desde el entorno del jefe del Estado.

La medida se sustenta en el decreto 88 del 23 de febrero pasado, cuando la Secretaría de Comunicación y Prensa se quedó con la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos, que antes estaba en manos de la Jefatura de Gabinete. No hubo, entonces, aumento del gasto, sino que una partida que dependía del actual titular de la jefatura, Agustín Rossi, quedó en manos de los funcionarios de Alberto Fernández.

Por último, a los despachos cercanos al Presidente llegó otro pagaré de $32.000 millones para la partida “Ayudas sociales a personas y asignaciones familiares”, destinado a atender el pago del subsidio extraordinario dispuesto por el decreto 105, del 28 de febrero pasado, mediante el que se acordó una suma extraordinaria de $15.000 para unos 6.100.000 jubilados y pensionados.

Varios ceros para Wado

El Ministerio del Interior, donde reina uno de los postulados a ser candidato a presidente por el oficialismo, el mercedino De Pedro, no anduvo con vueltas. Su nuevo presupuesto tiene un cero más que los que se colaron en otras carteras. De acuerdo con los datos que surgen de las planillas anexas, Wado no se quedará quieto. Amplió su partida para viáticos en la extraordinaria suma de $5000 millones. Sumará millas el ministro.

Además, hay otro renglón del extenso documento que también tiene olor a campaña electoral. En la página se reservaron $29.541 millones para destinarlos a “transferencias al sector privado para financiar gastos”. Dicho de otra manera, dinero a cualquier persona, jurídica o física, que no sea estatal. Claro, puede que de ahí salgan las partidas para solventar los gastos de los partidos políticos, pero no está claro.

En la página que sigue, Wado también sumó un cheque para repartir dinero en los municipios y provincias. En total, uno de los mimados de Cristina Kirchner en el gabinete se alzó con $36.190 millones más para gastar. A eso se suma un enorme monto que podrá disponer en estos meses de campaña electoral: $20.000 millones para transferir a las provincias.

De acuerdo con la norma, el mayor gasto tiene por finalidad “afrontar los gastos que atañen a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y a las elecciones generales y eventual segunda vuelta para las elecciones generales”. Pero claro, esa finalidad clara en el enunciado no queda tan a la vista cuando se repasan las partidas.

El Ministerio de Obras Públicas ya cerró algunas ventanillas. A cambio, dejó abiertas otras. Por ejemplo, el programa Planificación Territorial de la Inversión Pública perdió $90 millones y también restó $330 millones la construcción de dos puentes sobre Arroyo Sarandí, Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

El proyecto de la planta de tratamiento de efluentes líquidos industriales en Lanús sumó $830 millones, ya que es financiado con un crédito internacional. Dinero externo; propio, poco.

El programa “Apoyo para el desarrollo de obra pública” también perdió $340 millones, al igual que las universidades de Córdoba (-120 millones), de General San Martín (-130 millones), de La Plata (-100 millones) y de Hurlingham (-150 millones), a las que les quitaron partidas que tenían asignadas para financiar “Desarrollo de la infraestructura del conocimiento”.

Dentro del ministerio que maneja Gabriel Katopodis quedó reforzada la Dirección Nacional de Vialidad, que se alzó con poco más de $10.000 millones para obras viales en todo el país.

Hay mucho más en las 330 páginas que se publicaron, como otros $20.000 millones adicionales para Fondo Fiduciario del Transporte (subsidios) y $2474 millones para la Dirección Nacional de Migraciones. Pero más allá de entrar en detalles burocráticos, algo queda claro: mientras suben los servicios, la inflación come los salarios y las familias argentinas ajustan sus gastos, el Estado no deja de aumentar el suyo.ß