Sábado 29 - Por Francisco Jueguen - En medio de la crisis con el dólar y del temor
por el traslado a precios, el Gobierno aumentó ayer la presión sobre las
empresas tras el discurso de Cristina Kirchner, en el que apuntó contra el
sector privado. La AFIP reclamó información sobre los operadores de bolsa,
mientras que Comercio multó a grandes empresas por la fijación de precios.
El dólar libre
voló. En solo dos semanas subió casi $70. Cerca de cerrar abril, en el mercado
descuentan una inflación de entre 7,2% y 9% en el mes. En la Fundación Libertad
y Progreso estuvieron entre los “optimistas”. Estimaron ese piso. Si esa marca
se materializara sería el mayor registro para un cuarto mes desde 2002, un año
de crisis extrema.
Cristina Kirchner
entiende lo que eso significa en un año de elecciones. También Sergio Massa, el
ministro de Economía que se había animado a vaticinar que este mes comenzaría
con un tres adelante. La caza de brujas para calmar al electorado propio acaba
de comenzar. “Massa nos pidió que apretemos juntos a los empresarios para
que retrotraigan los precios”, anticipó Emilio Pérsico, secretario de
Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, un día después de visitar
el Palacio de Hacienda. En su “clase magistral”, la vicepresidenta
desplegó un listado con varias empresas importantes y las acusó de las
remarcaciones de precios. La presión sobre el sector privado se materializó en
las últimas horas. La AFIP pidió que las sociedades de bolsa informen el
volumen de dólar contado con liquidación (CCL) operado entre el 1º de marzo y
el 21 de abril. El encargado de recabar esa información es el cristinista
Sebastián Negri, a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Además, por
lo bajo, la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini dejó trascender
que, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los
Consumidores, multó a Cocacola y Danone porque –indicaron– vendían determinados
productos a comercios de cercanía con aumentos superiores al acordado en
Precios Justos. Habrían mostrado, dijeron las fuentes oficiales, hasta un incremento
de 32,8% mensual.
En la Secretaría de
Comercio afirmaron que realizaron “operativos” de fiscalización,
solicitaron facturas de compras de múltiples proveedores para “verificar si
los precios de venta de esas empresas respetaban los aumentos de precios estipulados”.
Luego de “comprobar” que las empresas aplicaban aumentos por fuera de la
pauta del 3,2% acordada, se multó a Coca Cola con $40 millones y a Danone, con
$45 millones. La notificación había llegado a una de esas firmas, pero aún no a
la otra.
En esas empresas
dicen que la multa no tiene fundamento legal, ya que el contrato de Precios
Justos es para grandes superficies. Las empresas, para hacer frente a sus
costos, suelen hacer “rentabilidad cruzada”. En los almacenes y pequeños
establecimientos las cosas cuestan más caras que en los supermercados grandes. “Hasta
abril, nuestros costos se movieron al 6% y el sendero oficial va al 3,2%.
¿Quién pone la diferencia? El objetivo de esta movida es disciplinar”,
cuestionaron en una firma y agregaron que el 32,8% denunciado por Comercio está
“inflado”. Algunos proveedores, contaron, les están pidiendo a las empresas
“dolarizar” los pagos. O sea, si se paga a 90, que sea en pesos al valor
del dólar en tres meses.
En Comercio
afirmaron además que están “en proceso de investigación” Cervecería y
maltería Quilmes, Aguas de Origen, Molinos Río de la Plata, Pepsico Argentina,
Arcor y Mas tell o ne. son prácticamente todas las que estaban en el listado
que Cristina Kirchner mostró públicamente. “Ahí tenemos las principales veinte
empresas, esas veinte empresas que figuran ahí, porque hay que empezar a hablar
con nombre y apellido, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Sancor, Danone,
molinos, porque sino parece que los precios los remarcaran Cristina.
En el Ministerio de
Economía, Massa cultivó buena sintonía con el sector privado, pero esta semana,
la corrida cambiaria modificó su actitud. “Hay que tomar las medidas que hay
que tomar”, arengó el ministro a su equipo, según contó La Nación. Luego
dijo que no le fueran con el “versito de la mirada market friendly, porque
acá hay cuatro vivos que quieren hacerse ricos por la volatilidad política y la
que se jode es la gente”.
Según contaron en
el Palacio de Hacienda, la idea del ministro de Economía es trabajar ahora en “retrotraer
los precios” que se remarcaron en medio de la corrida en el marco de un
acuerdo con sindicatos y empresas por 90 días. Parece un homenaje a Antonio
Aracre, que le propuso un congelamiento por el doble de tiempo al Presidente.
“No tiene ningún
argumento el blue en los precios”, estimaron allí, pese a que el CCL y el MEP también subieron y mucho. “Hoy,
los financieros volvieron a bajar. Y el blue también lo va a hacer por
arbitraje”, confiaron cerca del ministro.
“No creo que Massa se haya
expresado en esos términos”, dijo el
presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman cuando
escuchó las palabras de Pérsico. “Conoce muy bien al sector empresario y
sabe que la Argentina necesita más empresas que creen fuentes de trabajo. Con
esas adjetivaciones de los aprietes y de buscar culpables, no se llega a ningún
lado”, agregó el directivo.
En la semana, la poderosa
Asociación Empresaria Argentina (AEA) a través de su presidente, Jaime Campos,
había pedido “respetar al máximo el ámbito privado de las empresas”, una
sentencia que tiene detrás una crítica directa a los controles de precios. Pero
en las empresas no solo critican los controles. Por ejemplo, las aerolíneas y
agencias –que son agentes de percepción y recaudación del Impuesto Pais, entre
otros– se volvieron a quejar en estos días porque terminan pagando impuestos
sobre impuestos por débitos y créditos, y suman un extra costo de operaciones
con los procesadores de tarjetas. Todo eso va al valor de los pasajes: desde 2019,
la carga impositiva al sector se duplicó.
“La inflación
promedio mensual se ubicó en torno al 8,1%, acelerando 1,3 puntos respecto a la
semana anterior”, estimó LCG sobre la
última semana de abril y el precio de los alimentos. Si solo se mira, el punta
a punta (que tuvo un avance de 9,5%), se trata de la semana con aumentos más
altos desde hace un año.
No son solo los
empresarios. Para Cristina Kirchner, el acuerdo con el FMI también genera
inflación, lo que a su vez, dijo la vice, no tiene nada que ver con el déficit
fiscal. Habrá que ver si el FMI, para evitar una devaluación brusca y poder
adelantarle fondos, no le pide a Massa un ajuste mayor. El ministro encarará
esas negociaciones desde el jueves en Washington. El lunes se charlará con el
Fondo vía Zoom, contaron. Mientras ya aceleraron la devaluación del oficial y
subieron la tasa. Ortodoxia, pese a la mirada de Cristina.
Esta semana, Massa
desobedeció el compromiso de no intervenir en el mercado cambiario. Quienes
conocen la negociación con el Fondo dicen que esa prohibición no estaba en el
acuerdo firmado por Martín Guzmán, sino que la incluyó la actual conducción en
el punto 26 del memorándum de políticas económicas y financieras de la última
revisión, la de marzo de 2023.
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