El inicio del ciclo
lectivo disparó un sinfín de cuestiones. Al exponencial aumento del precio de
los útiles escolares, se sumaron en el arranque del año los problemas
ocasionados por las altas temperaturas, que obligaron a considerar la suspensión
de actividades en edificios sin luz o con problemas de provisión de agua. Como
es dable esperar, lo que ocurre en las escuelas no es más que un reflejo de lo
que ocurre en el conjunto de la sociedad.
Es por eso que, en
el área metropolitana y en territorio bonaerense, en apenas dos semanas, se
recibieron unas 500 denuncias de venta de drogas en inmediaciones de escuelas.
El avance del narcotráfico se hace sentir inexorablemente y toma de rehenes a
nuestros jóvenes, a edades cada vez más tempranas, sumergiéndolos en
comportamientos adictivos de consecuencias muchas veces irreversibles.
La estremecedora
cifra la proporciona la ONG Defendamos Buenos Aires: 50 episodios diarios
denunciados que habrán de sumarse a un número seguramente igual o mayor de
silenciosas situaciones que no llegan a la Justicia. La venta de drogas es un
delito penal federal y el hecho de que se concrete en inmediaciones de un
establecimiento educativo le confiere mayor gravedad. Ante una denuncia, el
juez está obligado a mantener en el anonimato al denunciante; por eso se
alienta a notificar a las autoridades sobre episodios comprobados que sirvan
para prevenir otros nuevos y desarticular lugares de tráfico.
La proximidad con
las villas de emergencia aumenta el número de búnkeres y escondites de venta de
estupefacientes en cercanías de los colegios, además de ávidos vendedores
ambulantes, muchos reclutados entre los propios escolares, que transitan por
las zonas. Los barrios de Flores, con la villa 1-11-14; Retiro y Recoleta,
cercanos a la villa 31; Barracas y Pompeya, con las villas 21-24 y Zavaleta, y
Chacarita y Villa Crespo, lindantes a la villa Fraga, son los más afectados en
el distrito porteño. En la provincia de Buenos Aires, prácticamente todo el
conurbano es tierra fértil para sumar nuevos adictos.
Los narcos no
distinguen entre alumnos de escuelas privadas y públicas. Van por todos. Se
hacen presentes al inicio o la finalización de la jornada escolar, en la puerta
o en inmediaciones de los establecimientos educacionales y ofrecen allí sus
mercancías casi sin disimulo. Muchos docentes se preocupan cuando identifican a
los propios alumnos comerciando en las veredas. Los códigos de silencio se
imponen. Como en otros ámbitos, muchos saben, pero solo algunos denuncian.
La droga se distribuye
fraccionada, en pequeños envoltorios, lista para su venta. El crecimiento del
menudeo se cimienta también en la llamada mafia de los celulares manchados con
sangre: dispositivos robados para ser canjeados por droga. Eso explica también
el aumento de distintas modalidades de robo de teléfonos, moneda de cambio para
satisfacer las tristes demandas de una preocupante adicción. Es sabido también
que las redes delictivas proliferan en torno al consumo, incluyendo a
adolescentes que se prostituyen para comprar estupefacientes. Una realidad tan
dolorosa como inquietante que destruye vidas y familias.
Aunque el
vertiginoso ritmo moderno atente contra los cuidados que se recomiendan,
siempre es bueno que los padres lleven y recojan a sus hijos en las escuelas,
un reaseguro para evitar dejarlos a merced de mercaderes de la muerte a edades
tempranas y que sean cooptados muchas veces de por vida por los tentáculos de
una peligrosa trama.
En tiempos de
pantallas, instalar cámaras en los ingresos de los establecimientos,
apuntándolos al exterior para controlar en algo la venta, fue una medida que se
adoptó en municipios como el de San Miguel, hace unos años, bajo la intendencia
de Joaquín de la Torre. El efecto disuasorio aleja a los vendedores de la
inmediata proximidad de los colegios, aunque no termine con ellos.
De todas formas,
está claro que no será con medidas aisladas como habremos de combatir este
flagelo. Urge tomar decisiones en distintos frentes para detener el pernicioso
avance del narcotráfico. Cerca o lejos de los corredores escolares, nuestros
hijos son el mejor negocio potencial para este poderoso enemigo. Sin una firme
voluntad política que se traduzca en política de Estado para desarticular la
connivencia entre miembros de fuerzas de seguridad, funcionarios y jueces, el
cuerpo social no podrá defenderse, como un enfermo frente a un feroz virus que
compromete cada día más su salud hasta conducirlo a la muerte.
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