Por María Julieta Rumi - El Gobierno eximirá del pago de Ganancias a una
serie de adicionales salariales de más de 610.000 empleados. La medida,
acordada por el Ministerio de Economía con la CGT, incluye bonos por
productividad, fallos de caja, movilidad y viáticos, entre otros rubros. Según
cálculos de Hacienda, implicaría una mejora salarial de hasta 16%. La idea de
Economía es moderar por esta vía los pedidos de aumentos en paritarias.
Después de que distintos gremios consiguieran
exenciones en el pago del impuesto a las ganancias sobre adicionales
salariales, el Gobierno extenderá ese beneficio a más de 610.000 trabajadores
que cobran estos conceptos, a pedido de la Confederación General del Trabajo
(CGT). En la actualidad, alrededor de un millón de empleados pagan Ganancias,
con lo cual un universo de 400.000 personas no vería cambios en su liquidación.
“Desde la CGT acompañamos la rápida respuesta del
Gobierno para resolver nuestro pedido al ministro de Economía, Sergio Massa,
para exceptuar diferentes adicionales convencionales del cómputo en el cálculo
del impuesto a las ganancias para todos los trabajadores”, tuiteó ayer Héctor
Daer, parte del triunvirato que dirige la CGT, y agregó que esta decisión
“representa un aumento del salario real y un avance en favor de los
asalariados”.
La intención oficial sería, precisamente, moderar
por esta vía los pedidos de aumentos salariales en paritarias.
Desde la cuenta Infocamioneros. dijeron que el
secretario general de la CGT y adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, también
apoyaba y acompañaba el proyecto. “Esta iniciativa del Gobierno tiene como
objetivo el cuidado del salario”, agregaron.
La decisión se oficializaría hoy mediante un
dictamen de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, que establecerá criterios
generales sobre conceptos que pueden gozar de la exención en el impuesto a las
ganancias y que pueden dar lugar a deducciones, a lo que se agregaría luego una
resolución conjunta del Ministerio de Economía y la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
Fuentes del Ministerio de Economía dijeron que
entre los conceptos que ya no pagarán el impuesto se encuentran bonos por
productividad, adicionales por fallo de caja y conceptos de similar naturaleza;
movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas, y horas extras,
adicionales por turno rotativo y similares. La mejora salarial de bolsillo,
según los rubros en los que se desempeñe cada empleado, será de hasta un 16%,
según cálculos de Economía.
Hasta ahora, se habían emitido dictámenes
particulares para algunos casos, como los de aceiteros, Smata y La Bancaria.
En bancarios se consideraron comprendidos los
siguientes conceptos: bono por productividad, bono por productividad ROE, fallo
de caja, viáticos, gastos de movilidad y vales alimentarios y similares (ley
26.341) y se aplicó una deducción máxima de $1.084.039,68, que es de 180.673,28
por concepto.
“Por ejemplo, el bono de productividad tiene el
beneficio de considerar exentos hasta $180.673,28 (40% del mínimo no imponible)
si la persona tiene una remuneración bruta de hasta $808.124, 73, si no, no le
aplica. Es caso por caso para ver a quién le aplica y a quién no”, explicó el
tributarista Sebastián Domínguez.
En cuanto al dictamen en general que se conocería
en las próximas horas, consideró que la aplicación no solo sería retroactiva al
1° de enero de 2023 para las remuneraciones ya liquidadas, sino que también
podría ser aplicable en las liquidaciones anuales de 2022 que se están
practicando, lo que podría dar lugar a devoluciones de Ganancias.
Más allá de esto, interpreta que el dictamen solo
dará precisiones sobre reformas al impuesto a las ganancias del gobierno
anterior y del actual, por lo que no tendría relación con el problema de la
inflación que afecta a este impuesto.
“Las deducciones de Ganancias, la escala del
impuesto, el piso desde el cual tributan los empleados, entre otros, fueron
ajustados para 2023 al 78,84% sobre 2022, cuando la inflación del año fue del
94,80%. Esto significa que se perdió un 16% de ajuste y sumado a la inflación
estimada del 20% para el primer trimestre de 2023, se agrava aún más el
desfase, que ya alcanza el 40% aproximadamente. Por lo tanto, es necesario
establecer un ajuste automático por ley, al menos trimestralmente, o incluso
mejor, mensualmente”, opinó, y sumó que esta reforma sería fundamental para no
depender de la voluntad del Poder Ejecutivo.
El impuesto a las ganancias alcanza, a partir de
enero último, a quienes tienen una remuneración bruta mensual superior a
$404.062, que equivale a un sueldo neto de aportes a la seguridad social de
$335.372.
Esa cifra surgió de la aplicación de un mecanismo
de actualización que rige por ley desde 2018, por el cual cada año se modifican
no solo el piso salarial para tributar, sino también los montos no imponibles,
los valores de una tabla que –en función de diferentes rangos de ingresos–
define qué alícuota se considera en cada caso y los montos topes que son
deducibles por algunos gastos, como el de alquiler de la vivienda o el de
servicio doméstico (que sean deducibles los gastos significa que un determinado
importe se resta del ingreso sobre el cual se calcula el impuesto).
Si bien una ley del Congreso estableció
originalmente una actualización anual a concretar en cada enero, en 2021 y en
2022 se establecieron reajustes también en otros meses, dado el fuerte
deterioro del poder adquisitivo en pesos.
Sin embargo, esas actualizaciones por fuera del
esquema anual fueron solo parciales: se incrementó el piso salarial a partir
del cual se tributa, pero no el resto de las variables. Eso fue provocando
distorsiones en la imposición. La falta de una actualización adecuada del esquema
hace que suba la presión impositiva, incluso cuando los salarios pierden poder
de compra.ß |