Jueves 6 - Por Sofía Diamante - La Argentina recibió ayer un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales, a menos de una semana del revés por la estatización de YPF. En Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”. El Estado fue acusado de modificar la forma de calcular el producto bruto interno para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005.

El Tribunal les dio la razón a los fondos demandantes y la Argentina les deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (US$704 millones), según informó la agencia Reuters. Además, “el juez dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros [US$1460 millones] en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI”, de los cuales los cuatro fondos poseen cerca del 48%”.

El cupón atado al PBI les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento del país.

La Argentina recibió un nuevo fallo en contra en los tribunales internacionales en menos de una semana. En Gran Bretaña, el juez Simon Picken, del Tribunal Superior de Londres, encontró culpable al país en el caso conocido como “cupón PBI”. El Estado fue acusado de modificar la manera de calcular el producto bruto interno (PBI) para evitar pagar los intereses de una deuda emitida en 2005, como canje de los títulos en default en 2001.

En Londres, el Tribunal les dio la razón a los cuatro fondos demandantes – Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited–, y la Argentina les deberá pagar daños e indemnizaciones por 643 millones de euros (US$704 millones), según informó la agencia Reuters.

“El juez también dictaminó que la Argentina debe pagar alrededor de 1330 millones de euros [unos US$1460 millones] en relación con la totalidad de los valores vinculados al PBI, de los cuales los cuatro fondos poseen aproximadamente el 48%”, dijo Reuters.

El cupón atado al PBI se usó como anzuelo para atraer a la mayor cantidad de bonistas posibles al canje de deuda que se hizo en 2005. Este instrumento financiero les pagaba a los bonistas cuando la Argentina crecía más de 3% en el año. La demanda contra el país se centró en el cambio en la base del cálculo del nivel de la economía (PBI), realizado en 2013, que derivó en una tasa menor de crecimiento de la Argentina.

Tras esa modificación, el Indec informó que la Argentina creció menos de 3,22% del PBI ese año, cuando previamente, con la anterior base de cálculo de 1993, había crecido 4,9%. En ese entonces, el gobierno de Cristina Kirchner se ahorró de pagar más de US$3600 millones de intereses.

El estudio jurídico Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que representa a los demandantes, conoce de cerca la Argentina, ya que defendió a otros fondos en la reestructuración de la deuda que llevó adelante el exministro de Economía Martín Guzmán, en 2020.

El Estado tiene la posibilidad de apelar el fallo, pero igualmente deberá pagar una garantía para no tener activos embargados.

Además del juicio en Londres, hay otra demanda idéntica en Nueva York presentada por el fondo Aurelius, pero el caso todavía no empezó. A fin de año debería iniciarse en la Corte de Distrito Sur de Nueva York, bajo la mirada de la jueza Loretta Preska, la misma que falló en contra del Estado argentino la semana pasada por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. “Ahí hay otros US$415 millones más intereses”, dijo Sebastián Maril, director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior.

En 2005, el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen (hoy embajador argentino en Arabia Saudita), presentaron una oferta para canjear los títulos en default de 2001 y propusieron como “endulzante” –como se dice en la jerga financiera– un cupón atado a la evolución del PBI, que pagaba si el país crecía por arriba del 3% del producto (exigía un nivel de crecimiento mayor en los primeros años y después descendía al 3%).

Pesada herencia

En 2014, Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires y ministro de Economía en ese entonces, anunció un cambio en la base de cálculo del PBI, lo que en la práctica reducía los números de crecimiento del país de 2013. Con este cambio, el país no llegaba a crecer por arriba del 3,26% como establecía el cupón para ese año.

Cuando se lanzaron los cupones, en 2005, el Indec tomaba 1993 como año base de cálculo para ir informando el crecimiento de la economía. Pero el año base cambió a 2004 en 2013, en un intento del gobierno de Cristina Kirchner de subsanar una serie estadística que era poco creíble, luego de que, en 2007, se intervino el Indec de la mano de Guillermo Moreno. Desde entonces, además, el Indec dejó de publicar la serie original con base en 1993.

Kicillof fue también quien avanzó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, en 2012, y tomó la decisión de no hacer una oferta público por el total de la empresa, como decía el estatuto de la petrolera, diseñado en 1993, cuando comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. Debido a esa decisión, los fondos Burford y Eton Park demandaron al Estado argentino y la jueza Preska falló en contra de la Argentina el viernes pasado. Eso obligará al país a pagar indemnizaciones de entre US$3500 millones y US$19.000 millones.

El gobernador bonaerense dijo el sábado pasado, en declaraciones radiales: “Este es un año electoral, así que no me extraña que los buitres se vuelvan a meter justo en el medio de la campaña. Hace acordar un poco a 2015 (...) También pueden aparecer otros fallos que andan dando vuelta. Puede ser una embestida de los fondos buitre, siempre contra la misma fuerza política y contra las mismas personas”.