Por Hernán Cappiello - Juntos por el Cambio ya sabe cuál es la Corte Suprema que desea si regresa al gobierno tras las elecciones y, también, la manera de relacionarse con el Poder Judicial: en principio, hay consenso en que no se propondrá ampliar la Corte Suprema de Justicia, en que se cubrirán vacantes con mujeres, en que no se alterará el número de integrantes del Consejo de la Magistratura para obtener mayorías circunstanciales y en que se buscará otro modo de relacionarse de manera institucional con la Justicia, sin cometer errores del pasado.

Un grupo de trabajo técnico integrado por cuatro fundaciones de los diversos partidos que conforman Juntos por el Cambio trabaja desde hace un año en un documento conjunto de acuerdos programáticos.

En ese documento compartido, que ya reúne más de 70 páginas y se alimenta en reuniones presenciales y mediante el intercambio en grupo de chat de WhatsApp, están trabajando la Fundación Pensar, de Pro; Martín Casares, exfuncionario del Ministerio de Justicia; la Fundación Alem, del radicalismo, con Ricardo Gil Lavedra en los inicios y ahora con Miguel Piedecasas y el exdiputado Gustavo Menna; la Fundación Hannah Arendt, de Lilita Carrió, con la diputada Mariana Stilman, y el exconsejero Ricardo Fargosi, por Encuentro Republicano Federal, de Miguel Ángel Pichetto.

En la Fundación Pensar, a cargo de Franco Moccia y Francisco Quintana, a su vez, trabaja un equipo de Justicia, coordinado por Casares, que nuclea a todas las fuerzas del espacio: el exministro Germán Garavano; Gabriel Astarloa, procurador del Tesoro de Horacio Rodríguez Larreta; Gustavo Ferrari, exministro de María Eugenia Vidal, y Pablo Nocetti, exfuncionario de Patricia Bullrich.

En este trabajo se expresaron las bases que luego se convertirán en políticas públicas para la Justicia. En las discusiones hubo debate, autocrítica, cambios de rumbo, mea culpa y promesas de cosas que no deberían ocurrir nunca más. No se discute en ese ámbito el nombre del posible ministro de Justicia, si aún no hay definido un candidato a presidente en el espacio. Sin embargo, todos tienen postulantes in pectore.

Por lo pronto, ninguno de los sectores propuso la ampliación de la Corte. Al contrario, se piensa en mantenerla con su actual integración, cubriendo con otra mujer la vacante que dejó la jubilación de Elena Highton. En el caso del juez Juan Carlos Maqueda, que este año cumple 75 años, si no desea continuar pidiendo un nuevo acuerdo al Senado, el consenso es que su vacante debería ser cubierta por otra mujer.

Ese perfil de jueza debería ser intachable, que interprete el derecho de manera acorde con los cambios que tiene que hacer el país, pero más que nada con un perfil independiente. “Una postulación como la que hizo Néstor Kirchner con la jueza Carmen María Argibay”, dijo una fuente de la coalición opositora.

Debe ser una mujer con altos estándares éticos, democráticos, independiente del Estado, de grupos de presión y factores de poder, producto de un alto consenso. Lo mismo para la designación del procurador general de la Nación, una tarea que es difícil en Juntos por el Cambio, ya que una hipotética victoria electoral no le daría la mayoría como para nombrar un postulante sin negociar con el Frente de Todos. En privado, algunos le dan larga vida a la gestión de Eduardo Casal, el procurador interino desde 2017.

La cobertura de las vacantes en la Justicia, donde los postulantes ya fueron elegidos por el Consejo de la Magistratura y sus pliegos están en el Senado o en el Poder Ejecutivo, es el primer tema urgente, prioritario, en el documento compartido que redacta Juntos por el Cambio. “La prioridad es que no quede nada en el Ejecutivo ni en el Senado”, acordaron. En cuanto al número de jueces de la Corte, nadie llevó a la mesa ampliar la cantidad de sus integrantes. Pro tiene la idea de hacer algo diferente al gobierno actual y promover que no va a haber cambios en la cantidad de integrantes de los organismos de gobierno del Poder Judicial. Aun cuando eso involucre al Consejo de la Magistratura. Hubo discusiones internas en este aspecto, pero primó la idea de exhibir una muestra de estabilidad.

“La Argentina necesita que las instituciones permanezcan y darles tiempo de hacer su trabajo. Es necesario mantener la Corte, dejar que funcione unos años, ya demostró que puede ser desfavorable a Cambiemos y al Frente de Todos, demostró su independencia, dejemos que fije sus criterios jurídicos”, fue el planteo que les transmitió el exministro Garavano a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich.

Con respecto al perfil de la Corte en un gobierno de Juntos por el Cambio, un dirigente radical, que no integra esta mesa de debate, sino que desde afuera siempre tuvo una mirada sobre la Justicia, reivindicó con vehemencia la necesidad de un tribunal que respalde las políticas de gobierno duras, y eventualmente impopulares, que debería tomar la oposición en caso de llegar al gobierno. Sin embargo, esta mirada fue rechazada por integrantes de la mesa que redacta el documento programático de Juntos por el Cambio. Allí dicen que quieren una Corte que sea antes que nada independiente e intérprete de la Constitución nacional.

“Ser parte de la conversación”

Otro dirigente, en este caso de Pro y que tampoco integra la mesa, pero es consultor habitual en temas de Justicia, aporta una mirada nueva: “Los jueces tienen que ser parte de la conversación sobre qué país queremos, sobre los grandes temas del país”.

Propone diálogos regionales, con diversas cámaras o magistrados, para explicar proyectos estratégicos para el desarrollo y encontrar la manera de que su estatus jurídico no choque con normas legales, de modo de evitar que una medida cautelar termine por poner palos en la rueda en esas políticas de Estado que el gobierno considera necesarias. El modo de relacionarse con el Poder Judicial es otro de los temas de debate que generaron autocrítica. “Los gobiernos quisieron someter al Poder Judicial y fracasaron. Incluso Juntos por el Cambio, con la mesa judicial, no le fue bien. Intentaron que fuera una herramienta del Poder Ejecutivo, pero la cabeza del Judicial es diferente porque sobrevive a los gobiernos, es permanente, y por eso no funciona con la misma lógica de poder”, se sinceró un dirigente del espacio que no es de los redactores del documento.

Los “gestores judiciales” que abundaron en Juntos por el Cambio son mala palabra en el documento programático, aunque muchos de estos “operadores” sigan activos buscando soluciones no necesaria y exclusivamente para dirigentes de Cambiemos en problemas con la ley.

Un dirigente de Pro, que no participa de estos diálogos, propone que el trato con la Justicia debería ser similar al del Ejecutivo con el Poder Legislativo, generar un marco de acuerdos, con vínculos de poder a poder, trabajando en reformas funcionales (que hagan trabajar mejor a la Justicia y que la hagan más creíble) y no en reformas estructurales que busquen licuar la incidencia de la Justicia Federal de Comodoro Py y, por ejemplo, multiplicar juzgados.

Por eso ese dirigente habló de que son prioritarias en esta idea la Justicia Civil, la Justicia vecinal, la del consumidor, que son las que están cerca de la gente, antes que priorizar la reforma de la Justicia Federal Penal en los casos de corrupción de funcionarios. Se habla de oralizar la Justicia Civil, Laboral, atacar la falta de celeridad y de transparencia en los procesos, ir contra los sistemas burocráticos, incluso sin necesidad de cambiar los códigos, sino acordando procesos. Los expertos de Juntos por el Cambio acuñaron un mantra en el documento: “Los funcionarios deben abstenerse de atacar a magistrados y criticar los fallos”. Claro que una vez en el poder es difícil de cumplir. Los ejemplos en el gobierno anterior son numerosos.ß