Por Jaime Rosemberg - Pese al pedido expreso del FMI, el gobierno de Alberto Fernández aseguró ayer que no dará marcha atrás con la moratoria previsional, que por ley del Congreso permitirá que se jubilen más de 800.000 personas que no cumplen con los años de aportes establecidos para obtener el beneficio.

“Ya promulgamos la ley. No hay ninguna posibilidad [de revisarla]”, afirmaron a en el Ministerio La Nación de Economía.

En un comunicado publicado horas después de la aprobación de la revisión del programa, el FMI pidió expresamente morigerar la reforma jubilatoria, a tono con el pedido de bajar al 1,9% del PBI el déficit fiscal. El Fondo también pidió garantizar que las tarifas de energía estén alineadas con los costos. Pero cerca del ministro Sergio Massa aseguraron que no avanzarán hasta que los usuarios no hayan completado el registro sobre su capacidad de pago.

Pese al expreso pedido del FMI, el gobierno de Alberto Fernández no prevé revisar ni dar marcha atrás con la moratoria previsional, que por ley del Congreso permitirá que se jubilen más de 800.000 personas que no cumplen con los años de aportes establecidos para obtener el beneficio.

“Ya promulgamos la ley. No hay nada nuevo y no hay ninguna posibilidad [de revisarla]”, afirmaron a muy cerca del ministro LA NACION de Economía, Sergio Massa, quien el sábado obtuvo del organismo internacional de crédito una nueva flexibilización del programa económico, justificada por la sequía que afectó la acumulación de reservas internacionales, y la liberación de un nuevo giro por US$5400 millones.

En un comunicado publicado horas después de la aprobación de su board, el FMI pidió expresamente morigerar la reforma jubilatoria, a tono con el pedido de bajar al 1,9 por ciento el déficit fiscal. “El costo fiscal de la nueva moratoria de pensiones debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad”, expresó el organismo internacional de crédito en un comunicado firmado por Gita Gopinath, primera subdirectora gerente del FMI.

La reforma previsional se convirtió en ley el 28 de febrero pasado, durante la única sesión en la que la Cámara de Diputados se abocó a tratar el temario enviado por el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias. El proyecto aprobado establece un plan de pagos para miles de aportantes al sistema que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para obtener la jubilación y la obra social.

La ley se aboca, por sobre todo, a personas que llegaron a la edad de jubilarse (60 años en las mujeres, 65 en los hombres) pero que no completaron los aportes necesarios para lograr el beneficio por parte del Estado.

El mecanismo instrumentado por la ley permite obtener de inmediato el haber mínimo y destinar parte de lo recibido mensualmente a cubrir el monto de los aportes que no se hicieron.

Según el proyecto, aprobado por el kirchnerismo con la colaboración de los diputados de izquierda y otros bloques minoritarios, en el momento en el que el beneficiario consigue saldar su deuda, pasa a cobrar el monto jubilatorio sin esa deducción. En esta nueva versión de la ley sancionada, se ofrece la oportunidad de regularizar la situación desde diez años antes de la edad de jubilación.

“Ningún jubilado ni ninguna jubilada argentinos originan el déficit fiscal. El Estado invierte en sus habitantes. Son argentinos y argentinas que necesitan la presencia del Estado argentino”, dijo el diputado Máximo Kirchner en defensa del proyecto durante el tenso debate que se llevó a cabo en la Cámara baja. En un comunicado, la oposición lamentó entonces “la decisión de seguir emparchando el sistema previsional en perjuicio de todos los jubilados”.

Pedido por tarifas

En su carta, el FMI también pidió “garantizar que las tarifas de energía para usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos avancen para alinearse completamente con los costos, incluyendo para reducir la regresividad del sistema”. Según fuentes del Ministerio de Economía, Massa no avanzará con los aumentos proyectados hasta que la mayor parte de los usuarios residenciales –que aún no lo hicieron– completen su declaración sobre ingresos y posibilidades de pago.

Según cálculos oficiales, en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para luz y gas aún no se anotaron unos 3,2 millones de hogares, y solo hay 1,1 millones de hogares de altos ingresos en los registros. “No vamos a avanzar en la segmentación que firmó (Martín) Guzmán hasta que no se anoten todos”, expresaron desde el Gobierno.

En el entorno del ministro de Economía se mostraron más que conformes con el acuerdo alcanzado con el organismo. “Tuvimos la pandemia, después la guerra en Ucrania, la peor sequía de la historia y una crisis financiera global. Es un contexto muy complejo”, justificaron.

Y a tono con las críticas que Massa recibió luego de conocido el 6,6 por ciento de inflación, que desde Economía atribuyeron a funcionarios cercanos al presidente Fernández, cerca de Massa hablaron de la “irresponsabilidad” de esos dirigentes.

La semana pasada, Massa compartió con el presidente Fernández parte del encuentro bilateral con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Allí, Fernández pidió al presidente norteamericano ayuda con los organismos internacionales de crédito para pasar sin sobresaltos lo que le queda de mandato, que termina el próximo 10 de diciembre.

“Le dije (a Biden) que la deuda que tomó (Mauricio) Macri es impagable, y que millones de argentinos van a estar afectados por esa deuda”, dijo el Presidente anoche durante una entrevista en el programa El Método Rebord.

Fernández anticipó en esa misma entrevista que una alta funcionaria que depende del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, estará la próxima semana en Buenos Aires para “seguir avanzando” en el apoyo de Estados Unidos al país.