Por Mariano Boettner - Mientras la agenda económica se centra en las dificultades de la coyuntura más urgente, entre la redefinición de los objetivos del acuerdo con el Fondo Monetario en medio de la sequía y la falta de dólares, un grupo de técnicos del Gobierno trabajó el último año en un plan productivo de largo plazo que incluirá “metas sociales”: crear 350 mil empleos registrados por año y bajar la pobreza al 18% a 2030. El plan, que lleva como nombre Argentina Productiva 2030, fue difundido por la Secretaría de Industria y su titular, José de Mendiguren, aseguró que buscará discutirlo con la oposición.

El programa, que fue presentado a pocos días de que se conozca el índice de pobreza oficial del 2022, consta de once propuestas de desarrollo industrial sectorial para empujar a algunos de los rubros productivos con mayor capacidad de incremento de exportaciones. La falta crónica de dólares, aseguran los autores del trabajo, aparece como el problema principal que explica el estancamiento de la economía. Para contrarrestar ese efecto, hace un año presentaron los lineamientos de trabajo del plan 2030 y este martes hicieron públicas sus conclusiones y sus proyecciones finales.

El plan buscará duplicar la cantidad de exportaciones, que el PBI per cápita avance 30%, permitir la creación de 100 mil empresas, generar en diez años 3,5 millones de empleos (2 millones en relación de dependencia y otros 1,5 millones de otras modalidades, desde independientes hasta trabajadoras de casas particulares), bajar la pobreza a la mitad (a razón de un millón de personas por año hasta 18%) y la indigencia al 3 por ciento. Estos últimos son los objetivos “sociales” del plan, que deberán convivir con las metas macroeconómicas que todavía persisten en el acuerdo con el FMI y que marcan los bordes de la dirección de la política económica del Gobierno.

La presentación del programa fue hecha por el secretario José Ignacio de Mendiguren y por el director de Argentina Productiva 2030 Daniel Schteingart. El proyecto había sido iniciado por el entonces ministro Matías Kulfas hace un año. Los supuestos macroeconómicos que implican las proyecciones del plan incluyen un crecimiento del PBI nominal de 40% en esos diez años, un nivel de inversión que avance hasta 25% del PBI, y un ritmo de exportaciones que soporte el aumento de importaciones que acompaña a un ciclo de crecimiento económico.

El programa, aseguró De Mendiguren en diálogo con la prensa tras la presentación, buscará ser discutido con la oposición en pleno año electoral. “Sería bueno que la oposición se exprese, que este debate aparezca porque va a enriquecer el diálogo. A diferencia con otros planes, este se trabajó mucho y partió de casos reales con cosas que estamos haciendo. Primero se debitirá hacia adentro de la coalición y ver si están convencidos, después el sector sindical, el universitario. Hay que instalar un debate grande”, dijo el secretario de Industria.

“Hay muchos puntos de contacto con oposición, quizás diferencias sobre cuánto se invierte en distintos sectores y demás. Pero los sectores con potencial de exportación hay coincidencias”, sumó Schteingart, que aseguró haber mantenido reuniones con técnicos de la oposición durante la elaboración de Argentina Productiva 2030.

Los técnicos que trabajaron en el proyecto aseguran que si bien la sequía tendrá un impacto en el punto de “inicio” de este plan a largo plazo, por el efecto que se registrará sobre el nivel de exportaciones, consideraron que se trata de un proyecto “estructural” que no pierde vigencia ante una coyuntura difícil. De todas formas, señalaron, una condición primaria para que este tipo de iniciativas prospere es “la estabilidad macro, sin la cual es imposible invertir y crecer sostenidamente”.

A grandes rasgos, el plan productivo 2030 incluye planes de desarrollo para sectores señalados como decisivos para la generación de divisas como la agroindustria, energía, minería, industria manufacturera, servicios basados en conocimiento y turismo. La hoja de ruta prevé que las exportaciones podrían crecer desde los USD 95.000 millones con que cerró 2022 hasta los USD 181.400 millones.

Algunos sectores tendrían, en ese sentido, especial relevancia para explicar ese salto exportador: minería crecería siete veces, minería seis y los servicios triplicarían su aporte a la balanza comercial. Para sectores fabriles más tradicionales y con menores horizontes exportadores (textil, calzado, marroquinería, indumentaria y plásticos) y que requieren altas cantidades de divisas para importar, el plan prevé una formalización del empleo y un incremento de la productividad.

La minería podría septuplicar sus exportaciones en los próximos diez años. REUTERS

En el equipo económico remarcaron que para que este tipo de programas de largo aliento, que por su duración, desde ya, requeriría una continuidad durante los próximos dos mandatos presidenciales, hay una serie de leyes, algunas aprobadas y otras aún no, que podría preparar el terreno para desarrollar esos sectores.

Entre los proyectos que faltan tratar en el Congreso en Industria reconocieron algunos como críticos: electromovilidad (enviada en 2021), hidrógeno, GNL y promoción hidrocarburífera (los tres en elaboración), ley de grandes inversiones (existe proyecto de 2019 pero ven espacio a que “sea mejorado”) para impulsar proyectos en petroquímica, foresto-industria y otros, y la ley agrobioindustrial (enviada en 2021).

De Mendiguren consideró que un año electoral, con un parlamento que podría tener una actividad aún menor, este tipo de iniciativas tendrán dificultades para ser tratadas. “Queremos negociar con la oposición, y sino implementar de alguna forma”, dijo.

Consultado sobre si hay espacio para sacar ese tipo de iniciativas por decreto, considerando que algunos de esos proyectos incluyen, por ejemplo, regímenes de estabilidad fiscal durante muchos años para las empresas, el secretario de Industria mencionó: “Vamos a analizar opciones, pero no podés estar dos años sin sacar una ley para traer dólares”.