Por Claudio Jacquelin - La única duda que atravesó al tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner, y que se verificó en el fallo dividido, fue si se había constituido una asociación para beneficiarse con actos de corrupción al amparo del ejercicio del poder. Los fundamentos de la condena, conocida ayer, no dudan, en cambio, de la comisión de delitos y del beneficio económico que esas acciones ilegales reportaron a la entonces presidenta.

Frente a esa resolución sin precedente, que condena a una vicepresidenta en ejercicio, surgen dos reacciones de parte del oficialismo. Ambas, aunque repetidas desde que se anunció el fallo, el 6 de diciembre pasado, cobran una relevancia aún más significativa que entonces.

Abren, además, probables nuevas inestabilidades políticas, que golpean de lleno al proceso electoral por comenzar.

En primer lugar aparece la descalificación desde los más altos cargos políticos y, en particular, del propio titular del Poder Ejecutivo (a través de su portavoz) al tribunal que condenó a la vicepresidenta acusándolo de haber realizado un juicio fraudulento motivado por cuestiones políticas. Si desde hace dos meses la guerra contra el Poder Judicial solo escaló e instaló un conflicto de poderes crónico, solo cabe esperar un agravamiento de esos embates.

En segundo lugar, como consecuencia de esa interpretación descalificadora, se abre paso a un conflicto político con graves efectos electorales posibles.

Lo dijo con más claridad que nadie Eduardo “Wado” de Pedro, que, además de dirigente de La Cámpora, es ministro del Interior del Gobierno, aunque no parezca: “El Código Penal reemplazó al Código Electoral”, fue su sentencia. Proscripción y mucho más.

Esa declaración, en línea con otras, abre el interrogante político crucial y hace temer por un probable riesgo institucional mayúsculo. Como para preguntarse si el oficialismo no acaba de meterse en un peligroso callejón sin salida.

Según el razonamiento oficial, la inhabilitación a Cristina Kirchner, por un fallo al que se considera sin fundamento jurídico y viciado de política implica su proscripción. Eso la obliga a tomar la decisión de autoexcluirse como candidata por considerar que no están dadas las condiciones para competir. Por lo tanto, de no modificarse esta situación, y sin perspectivas ciertas de que ello ocurra, ¿el oficialismo desconocerá el proceso electoral en marcha y, en consecuencia, considerará ilegal e ilegítimo al gobierno que surja de esas elecciones?

La pregunta no es un ejercicio retórico, sino la deriva lógica que surge del silogismo cristinista, construido bajo la premisa de la proscripción. A pesar de que la inhabilitación no tiene efecto hasta que el fallo quede firme y de ninguna manera implique tal impedimento que da sentido a la contraofensiva política.

La adhesión de la mayoría del oficialismo a esa premisa y la asimilación a la proscripción del peronispoder mo dispuesta otro 9 de marzo (de 1956) permiten avizorar otros inquietantes escenarios de sostenerse el abroquelamiento oficialista. Solo obligan a relativizarlo el silencio y la distancia de Sergio Massa, que siempre busca ubicarse como un ministro supragobierno, garante de la precaria estabilidad y aspirante silente a la sucesión albertista.

¿Proscripción y abstención?

Los antecedentes de los tiempos judiciales no permiten avizorar que la condena sea revisada y resuelta antes de que el calendario electoral se ponga formalmente en marcha. Menos aún a favor de la condenada, pero tampoco que llegue a tener la condición de sentencia firme, que sí impediría a Cristina Kirchner ser candidata. Muy en contra de los fantasmas que agitan ella y sus seguidores para justificar su renunciamiento o autoproscripción.

La hipótesis expresada por el hijo Máximo de que si su madre anunciara su decisión de postularse se acelerarían los tiempos judiciales no es más que una conjetura sin anclaje en la historia reciente.

El argumento de la proscripción y la analogía cincuentista que enarbola el cristinismo, más las previas declaraciones de Alberto Fernández y de los principales dirigentes cristinistas contrarias a un indulto en su beneficio, obligan a preguntarse si el peronismo oficial se presentará a estas elecciones, a su juicio, viciadas de nulidad. ¿O no presentará candidatos y llamará a la abstención, como en 1966?

Habrá que estar muy atentos a lo que pase y se diga en las próximas 48 horas. Los subtítulos de tinte económico de la conferencia con la que mañana se presentará la condenada (en primera instancia) Cristina Kirchner, en la Universidad de Río Negro, no disimulan sino que realzan el título de absoluto tenor político y actualidad de la presentación. “¿Hegemonía o consenso? El fin del pacto democrático”, se caratula la promocionada disertación.

“El fin del pacto democrático”, definición con la que la vicepresidenta caracterizó la tentativa de magnicidio en su contra del 1º de septiembre pasado, cobra ahora nuevo sentido. Al intento fallido de eliminación física se añade la supuesta tentativa de eliminación política.

Aunque suene trágico, de esa afirmación solo puede concluirse que al cumplirse 40 años de la recuperación de la democracia el cristinismo decreta su fracaso o, peor aún, su vaciamiento y su supervivencia solo formal. Aunque sea gobierno. El riesgo de la profecía autocumplida se eleva y se redirecciona la responsabilidad de su eventual concreción. Jugando con fuego en el callejón sin salida.

No importa a los efectos de la construcción de esa narrativa que los hechos concretos se empeñen en contradecirla. En su relato, lo que acaba de concretarse es, finalmente, lo que el día antes de dejar la presidencia en 2015 ella misma denunció haber sufrido: “[…] persecuciones y hostigamientos permanentes, […] de lo que yo denomino el partido judicial, […] palos en la rueda, […] golpes e intentos de golpes destituyentes, ataques, persecuciones, difamaciones y calumnias”.

Entonces, ella sostenía que si había podido llegar hasta el fin de su mandato, a pesar de todo eso, se debía a “tantas cosas que hemos hecho por los argentinos” y que esa era la razón por la que una multitud se había reunido para despedirla.

La derrota electoral solo podía así ser el producto de la acción y la prédica de “todos los medios de comunicación hegemónicos y las principales corporaciones económicas y financieras nacionales e internacionales”. Ahora el círculo se cierra con su (auto) proscripción.

¿A esa multitud que la despidió busca convocar ahora en su defensa, como último recurso? ¿De su de convocatoria dependerá toda su suerte? Si así fuera, el riesgo de asistir a un proceso de tensión social en el espacio público sería demasiado elevado. Aún cuando atraviesa el cuarto menguante de su poder, Cristina Kirchner todavía sigue siendo la figura que individualmente más adhesiones populares concita y la única que ha construido un sólido vínculo emocional con sus seguidores. Nada para descartar.

Cabe esperar, sin embargo, derivaciones no tan dramáticas en lo inmediato, más allá de los actos preparatorios en marcha, como el encendido discurso que dará hoy la vicepresidenta o la convocatoria anti-proscripción, convocada para mañana en Avellaneda, bajo el lema setentista (de consecuencias funestas) “Luche y vuelve”.

Ciertas afirmaciones de algunos de los dirigentes más importantes del cristinismo, expresadas al amparo del off the record (que tanto molesta a su jefa), permiten advertir vías menos drásticas en curso y aún mucho más probables de ocurrir. Por ahora, no es a todo o nada.

Presión sobre el Presidente

El primer paso de ese proceso, destinado a evitar recursos extremos de consecuencias imprevisibles, consiste en lograr en el cortísimo plazo la renuncia del Presidente a intentar la reelección. El objetivo es que despeje rápido el camino y le devuelva todo el poder y la centralidad a Cristina Kirchner para ordenar la estrategia electoral sin interferencias ni dilaciones. La presión es hacia adentro. Los embates públicos y privados de los principales dirigentes camporistas sobre Fernández, conocidos hasta ahora, solo serían prolegómenos.

“Que Alberto siga hablando de ir a una reelección con Cristina condenada y proscripta por una causa sin pruebas ni fundamento jurídico, armada para matarla políticamente, es inaceptable. No puede seguir haciéndolo ni un minuto más. El peronismo no lo va a perdonar”, advertía un alto referente del kirchnerismo más duro. Quien quiera oír que oiga. Las batallas épicas pueden tener motivaciones y resoluciones terrenales.

A los espíritus cristinistas, las largas horas de silencio presidencial, tras la difusión de los fundamentos del fallo, les sonaron a eternidad y agravio. No fueron compensadas por los dichos de la portavoz Gabriela Cerruti ni por el sobreactuado mensaje en las redes del último fiel albertista del gabinete.

“Con los fundamentos de la condena comienza el camino formal hacia la proscripción de la compañera @CFKArgentina. Buscan disciplinar al peronismo y condicionar el proceso electoral”, posteó en Twitter el canciller Santiago Cafiero. Más en línea con la línea oficial del cristinismo no se consigue.

A la descalificación del fallo y del Poder Judicial, en general, le sigue la deslegitimación del proceso electoral también por parte de los alfiles de los representantes más puros del Poder Ejecutivo. Un camino peligroso que puede ser un callejón sin salida.•