Por Hernán Cappiello - “Colosal estafa”. “Exorbitante perjuicio económico”. “Un esquema de corrupción de primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal”. Estas fueron algunas de las expresiones con las que el Tribunal Oral Federal Nº 2, a lo largo de un fallo de 1616 páginas, fundamentó la condena a seis años de prisión por corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien la pena ya se conocía, ayer se difundieron los argumentos, que les permitieron a los magistrados detallar el circuito de beneficios especiales que Cristina Kirchner le otorgó al empresario

Lázaro Báez cuando era presidenta de la Nación, con el objetivo de beneficiarse económicamente.

Los jueces siguieron la línea de los fiscales para hablar de una “planificación y sofisticación magnífica” entre estamentos del Estado, que funcionaron como “un caballo de Troya” para defraudar.

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en $84.335 millones.

Tal es así que dio por probado que ambos tenían negocios juntos, propiedades, alquileres y que se daba una transferencia de dinero entre el patrimonio de Báez, abultado merced a la obra pública, y el de la familia presidencial. Tanto creció la fortuna de Báez que pasó de declarar en 2002 333.288 dólares a declarar en 2014 un total de 16.065.176 dólares, es decir, un 4720% más.

“Aun sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”, escribieron.

Los jueces difundieron las 1616 páginas de los fundamentos en las que explicaron las razones que los llevaron a considerar a la vicepresidenta responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron a la fiscalía de Diego Luciani y Sergio Mola, y a los abogados de los acusados, subiendo el documento a la plataforma digital donde está el expediente.

Los jueces siguieron la línea argumental que habían ensayado los fiscales en la acusación: la construcción de Lázaro Báez como empresario de la obra pública, ante la victoria electoral de Néstor Kirchner, el crecimiento de su grupo, los cambios en la normativa para dotar de fondos a Vialidad, las obras que ganó con sobreprecios, el retorno del dinero que recibía Báez al patrimonio de la familia presidencial, merced a los negocios que tenían juntos y, finalmente, el desmantelamiento de Austral Construcciones y el cobro de las facturas cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015. “Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces, quienes usaron la figura del "cabayo de Troya" para graficar cómo se montó la estructura delictiva dentro del Estado.

“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad. Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a este como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, señalaron los jueces. Además convalidaron como prueba los chats extraídos del teléfono del exsecretario de Obra Pública José López. Los mensajes se incorporaron al expediente en 2018 y el fiscal Luciani avisó en 2021 que iba a apelar a ellos. Esos mensajes revelaron cómo Cristina se interesó en el asunto.

“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, argumentaron. Entendieron que hubo una cartelización de la obra pública provincial y que Báez competía contra sí mismo, dado que se presentaban en licitaciones, diversas empresas de su mismo grupo.

“Se evidencia la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial. Lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)”, agregaron. Dijeron que hubo "un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”. “En definitiva, aun sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria". Hablaron de una "inconmensurable conveniencia económica" que representaba para la vicepresidenta contratar con Báez, lo que orientó el accionar de la administración en su favor y en contra del Estado.

Los jueces hablaron de "colosal estafa", de "exorbitante perjuicio económico" y de un "esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal".

El tribunal quedó sorprendido por la maniobra: “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional".

"Se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado”, dijeron y aclararon que no juzgan la decisión política de realizar las obras, sino el modo en que se decidieron las licitaciones.ß