Por Francisco Olivera Con la colaboración de Erika Gonçalves - Lo primero que dicen quienes han entrado en el sistema es que funciona. Y con rapidez, como pocas cosas en el Estado argentino. “Sale o sale”, describen con sorna. Con el cepo y la escasez de dólares, y delante de la vista de los funcionarios del Ministerio de Economía, la AFIP y la Aduana, recrudeció en los últimos meses uno de los peores hábitos del comercio exterior: una cadena de gestores que, a cambio de pagos que van del 6 al 20% al valor del blue de la mercadería y en efectivo, ofrecen a empresas la posibilidad de conseguir del Gobierno autorizaciones para importar a la cotización oficial. Oro en polvo en un país sin divisas.

Sobornos, en otras palabras. Despachantes y empresarios lo describen ya como “un festival”. Que acaso empezó hace tiempo, pero que se fue agravando en los últimos seis meses al ritmo de la restricción externa y por doble vía: a mayor desesperación por conseguir dólares, suben las ofertas y los montos requeridos. El tema, que obligó al propio Palacio de Hacienda a hacer una denuncia hace tres semanas, aparece en casi todas las conversaciones de empresarios e incluso perturba a algunos funcionarios del Gobierno. Se habló de manera informal en la Unión Industrial Argentina y en entidades del conurbano. En la Unión Industrial de Berazategui, por ejemplo, donde son mayoría las pymes, el sector que suelen elegir los intermediarios, tal vez porque está menos expuesto.

Constatar la existencia del sistema es muy sencillo. Basta con preguntarles a los protagonistas del sector y el juego queda claro. “Vas a la farmacia a comprar aspirinas y te ofrecen sacar SIRA [Sistema de Importaciones de la República Argentina]”, bromeó un despachante. Se paga, en dólares y en efectivo, un porcentaje del valor FOB (free on board, ya sobre el barco) de la mercadería a cambio de las autorizaciones del Gobierno, que salen en 24, 48 o 72 horas, según la destreza del gestor. No mucho más. El dilema tienta hasta a quienes nunca pagan. “Si no les pagás, no podés trabajar, y si pagás, sos un forro corrupto: muy difícil, te diría –agregó un importador de la provincia de Buenos Aires–. Yo por ahora aguanto, pero si son esas las condiciones, tendré que entrar o cerrar el negocio. No sé”.

Engeneralcasinadieadmitehaber pagado. Siempre es “un cliente”, “un amigo”, “un proveedor”. Pero todos dicen que les consta, y varios, que han rechazado ofertas. ¿Cómo es la propuesta y quién la hace?, preguntó la nacion a un fabricante al que, cuenta, le pedían 15%. “No es de manera tan directa: te mandan uno que te sondea, te beatifica y después aparece otro”, contestó, y agregó que, en su caso, el operador era un despachante que trabaja con grandes empresas radicadas en Córdoba.

A veces, a pesar de la desesperación, algunos dudan de atravesar ese umbral porque temen que no haya retorno: ¿estarán condenados a pagar eternamente? Hay que prestarles atención también a las publicidades que aparecen en las redes sociales para facilitar el permiso, que el sector conoce como “siras” o, en el caso de los servicios, “sirase”.

En el grupo de Facebook Despachantes de Aduana y Comercio Exterior en Argentina, que tiene 6500 seguidores, apareció hace unos días este posteo: “Si sos importador, o despachante, y necesitás aprobar tu SIRA, HABLAME. 13% valor FOB, 48/72hs. También se aprueban SIRASE al 15% del valor”, dice el texto, que consigna dos teléfonos con los que la nacion intentó comunicarse: en ambos, una grabación propone consignar el número y esperar el llamado.

Detenerse en los chats de WhatsApp del sector resulta también ilustrativo. Este diario fue testigo hace dos semanas de una conversación entre un importador y un consultor. “Te aviso a vos, que te rompí los huevos por esto. Me aprobaron la SIRA de la mercadería que tengo en el depósito fiscal. 15% en billete, en 48 horas me la aprobaron”, empezó uno de ellos. “Hijos de mil puta. ¿De dónde salió el que te pidió?”, se exasperó el otro. “Contacto del despa 4300 a la SIRA y 2000 a marcas. 6300 por una impo de 29.000”, contestó quien había iniciado el diálogo. “Marcas” es una área de la Aduana que verifica lo que se declara en los despachos o en el puerto.

El Gobierno está al tanto. Lo prueba en primer lugar la denuncia que, hace tres semanas, Sergio Massa hizo después de que un empresario le contó la existencia de estas prácticas, a lo que se deberían agregar otras dos o tres nuevas denuncias que el ministro de Economía prepara para los próximos días. La primera causa, que quedó a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano, derivó en la detención de dos intermediarios que fueron excarcelados horas después. Según fuentes judiciales, los investigadores llegaron a ambos simulando interés, con un señuelo de 2000 dólares. Aunque la causa sigue, las picardías tampoco se frenaron: una semana después, la nacion verificó operaciones bajo la misma modalidad.

La Justicia tuvo hasta ahora pocos avances. No logró todavía, por ejemplo, dar con la otra parte del circuito: los funcionarios que, a cambio de lo que reciben, autorizarían. Lo que sí es constatable es la proliferación de facilitadores que consiguen lo más difícil, que es la aprobación simultánea de la Secretaría de Comercio, la Aduana y la AFIP.

En el Palacio de Hacienda niegan tener algo que ver con las irregularidades. “Los despachantes les están haciendo el cuento del tío a las empresas”, afirman, y agregan que entre octubre y febrero pasados se autorizó un 11% más de SIRA que en el mismo lapso de un año atrás y que estos trámites salen en los plazos establecidos: 60 días para las pequeñas empresas, 90 para las medianas y 180 para las grandes. “Si hay empresarios que tienen sospechas o recibieron propuestas de coimas, vengan a contarnos y vamos a hacer la denuncia juntos: pero ellos tienen que poner la cara”, advierten.

De todos modos, es difícil pensar que el permiso triple salga sin una mínima coordinación. Desde el 17 de octubre, a través de la resolución 5271, el Gobierno cambió la modalidad que regía hasta ese momento, llamada Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), por otro que pretende ser más ordenado, el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). La nueva normativa, que les permite a las empresas seguir la trazabilidad del trámite online, establece plazos de entre 60 y 180 días para importar y crea a su vez un comité de evaluación de las operaciones: lo integran la Secretaría de Comercio, la AFIP y el Banco Central. Existe, por lo tanto, un control mucho más exhaustivo sobre lo que se aprueba y lo que se rechaza. ¿Vuelan tantas moscas sin que lo sepan Massa o Matías Tombolini, su secretario de Comercio? ¿No lo advirtieron los encargados de relacionarse con las empresas, tarea que operativamente recae en Juan Fernández Díaz, jefe de Gabinete, y Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial?

Si, como dice el Gobierno, son los despachantes los que aprovechan para cobrar trámites que saldrían de todos modos, ¿por qué hay empresas que siguen sin poder importar? Jorge Castillo, dueño de Norenplast, una fabricante de incubadoras, máscaras y planchas elaboradas sobre la base de poliuretano instalada en La Matanza, dice que estuvo 103 días sin que le aprobaran la compra de un solo gramo de monómero, decisivo para producir, y que el mes pasado tuvo que echar a 12 de los 134 empleados que tenía. Dice que nadie le ofreció, pero que tampoco pagaría a intermediarios para poder trabajar. “En los últimos diez días me aprobaron algo, pero si sigo así en julio voy a tener que cerrar”, dice a La Nación.

Hay que admitir que el Estado argentino es complicado. Aunque centralizada, la aprobación de importaciones depende de un vasto universo burocrático y cada dependencia tiene sus tiempos y su impronta. En la AFIP y en la Aduana, donde conducen Carlos Castagneto, que obedece a Cristina Kirchner, y un massista, Guillermo Michel, respectivamente, la cuestión es bastante menos vertical y, por lo tanto, más engorrosa. Existe ahí, por lo pronto, un elenco estable en el que conviven intereses de múltiples sectores políticos, principalmente del PJ o La Cámpora. Un ejemplo es Mariano Abruzzese, hijo de Beatriz Paglieri, secretaria de Comercio Exterior de la última presidencia de Cristina Kirchner. Abruzzese acaba de ser relevado semanas atrás del cargo de subdirector general de Operaciones Impositivas Metropolitanas, pero sigue influyendo: ahora es asesor de Virginia García, directora de la DGI, excuñada de Máximo Kirchner y exsenadora de Santa Cruz.

La detección de un canal paralelo de aprobaciones podría ser explosiva no solo desde la óptica de la transparencia, sino porque además se agrava la escasez de dólares. Hace meses que al Gobierno le preocupan las medidas cautelares mediante las cuales las empresas obtienen divisas para importar. Alberto Fernández lo admitió la semana pasada en el Congreso. Y ya el propio Michel se lo habría transmitido a fines del año pasado a jueces en lo contencioso administrativo en un desayuno.

Consultados, en la Aduana negaron a la nacion la reunión. Sin embargo, desde entonces, ya casi no salen cautelares. El stock, dijo esta semana la dependencia, no supera los 23,5 millones de dólares, apenas 1% del monto original vigente a octubre del año pasado. El freno a las cautelares obedece en parte a que el cambio de sistema de SIMI a SIRA, dicen en los juzgados, volvió “abstractos” los antiguos reclamos y los interesados deberían volver a iniciarlos. Pero también a que, en simultáneo, y a través de la resolución 5271, la AFIP y la Secretaría de Comercio limitaron más las autorizaciones para aquellos empresarios que hubieran ido a la Justicia. “Uso abusivo de cautelares” es la respuesta que les da el sistema cuando rechaza los pedidos y, al mismo tiempo, inhibe el CUIT para futuras operaciones. Como si todo estuviera coordinado. ß

“Los despachantes están haciendo el cuento del tío”, se defienden los funcionarios

Economía anticipa que hará nuevas denuncias judiciales