Por Joaquín Morales Solá - La justicia por mano propia es la peor justicia porque elimina de cuajo las garantía constitucional de un juicio justo para los sospechosos. Pero es la predecible consecuencia que cualquier gobernante debería presagiar cuando el Estado desaparece. Raro: un gobierno que antepone su proyecto de un “Estado presente” ante la supuesta deserción estatal de la “derecha” es el que más contribuyó a la ausencia del Estado en una ciudad devastada por el crimen y el narcotráfico.

Fue un discurso módico, que tuvo poco y nada de nuevo. Poco, porque se limitó a anunciar que irán 400 agentes federales más (hasta completar un contingente de 1400), y tardío porque los otros anuncios, como las cámaras de reconocimiento facial o la instalación en Rosario de una oficina de la UIF –Unidad de Investigaciones Financieras–, se debieron haber hecho hace mucho tiempo. Hace exactamente tres años, en febrero de 2020, el Presidente fue a Rosario y anunció que se ponía al frente de un combate definitivo contra el narcotráfico en esa ciudad. Tres años más tarde dijo más o menos lo mismo, después de casi 1000 muertos más y de una violencia sin límites ni medidas, que dejó una sociedad estupefacta y extremadamente estresada.

¿Por qué no se pudieron poner en estos tres años cámaras de reconocimiento facial? ¿No debió intervenir mucho antes la oficina que controla el lavado de dinero (la UIF) en una ciudad en la que se mueve muchísimo dinero fácil de los traficantes de drogas? El señorío del narcotráfico en Rosario no es un fenómeno nuevo, pero en los últimos tiempos cobró una monumental dimensión y un grado de violencia descontrolada, insoportables para cualquier sociedad.

¿Qué pudo haber hecho un niño de 12 años, como Máximo Gerez, para ser abatido por una balacera de sicarios? ¿O una niña de 2 años que se encuentra hospitalizada en grave estado? Víctimas inocentes de una guerra ajena. Sucedía por primera vez que un Estado era desafiado por la violencia y no reaccionaba. En la historia de la humanidad, y en la nacional, hubo guerras justas e injustas, pero nunca el Estado dejó que le arrebataran fácilmente el monopolio de la fuerza. El discurso de Alberto Fernández de ayer, al que se le debe agradecer su brevedad, es tal vez el único dato novedoso y bueno: el Estado reaccionó ante la provocación del delito. Está por verse si esa reacción será eficiente o no. Es otra historia que aún no fue escrita.

Por ejemplo: ¿los 400 efectivos federales más actuarán como los 1000 que ya están en Rosario? La pregunta es pertinente porque estos no hacen nada. Se llegó al extremo del absurdo cuando se supo que las tropas de la Policía Federal se iban de Rosario los viernes y volvían los lunes. El fin de semana en casa, mientras la ciudad santafesina vivía los peores días de la semana dentro de la orgía de sangre y muerte que la arrasa.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, contó públicamente que en la mañana del lunes fue al barrio en

Hace exactamente tres años el Presidente fue a Rosario y anunció que se ponía al frente de un combate definitivo contra el narcotráfico

el que había sido asesinado el niño Gerez el día anterior y lo paralizó la sorpresa: no había un solo policía provincial ni federal ni tampoco un solo gendarme. Solo cuando Javkin hizo la denuncia pública de semejante anomalía empezaron a circular algunos patrulleros.

En la tarde del lunes, estalló la pueblada que destruyó las viviendas de los supuestos sicarios o traficantes del barrio. La gente común se hizo cargo de la tarea que le toca al Estado, aunque la reacción haya sido violenta y desorganizada. El anuncio de Alberto Fernández de que las Fuerzas Armadas concurrirán a Rosario para construir calles y plazas en barrios carenciados esconde otro propósito: mostrar los vehículos del Ejército donde impera el narcotráfico. “Aunque vayan sin armas, los camiones del Ejército amedrentan”, dijo un funcionario rosarino. Sorprende, no obstante, que el Presidente haya hablado, 40 años después, de que son “las Fuerzas Armadas democráticas”. Lo son desde hace cuatro décadas. La discusión no consiste en si son democráticas o no, porque lo son, sino qué funciones tendrán en un país con las fuerzas de seguridad muchas veces corrompidas por el dinero de los traficantes.

El Presidente señaló ayer que hay complicidad de la policía, la política y la Justicia con el narcotráfico. Tiene razón. Pero él es el jefe del Estado, no un analista político. Un senador peronista santafesino, Armando Traferri, fue señalado por dos exfiscales, presos por sus nexos con el narcotráfico, de que ese político es un cómplice de los traficantes de droga. La Justicia pidió su desafuero, pero la Legislatura santafesina se lo negó. ¿Cambiará la posición del peronismo después de que el Presidente anunció ayer que luchará contra la impunidad del narcotráfico y de sus cómplices? ¿Quién lo sabe?

Alberto Fernández pasó de su pobre “algo más hay que hacer” en Rosario a su hiperactividad de ayer. El día de mañana es imprevisible cuando se trata del Presidente. “El 70 por ciento del problema de Rosario está en la corrupción policial”, dijo un funcionario santafesino que conoce el problema. Hay jefes policiales presos por sus vínculos con el narcotráfico y, lo que es peor, hay otros policías cómplices que conservan sus puestos. Es la derivación lógica de haber permitido que el narcotráfico penetrara en las estructuras del Estado hasta límites desconocidos todavía.

La retórica del Presidente y del kirchnerismo atizó el fuego de Rosario. En su lamentable discurso ante la Asamblea Legislativa de hace ocho días culpó de la violencia en Rosario al Consejo de la Magistratura porque no cubre los juzgados vacantes. Las ternas para cubrir las vacantes de jueces en Santa Fe están en manos del Poder Ejecutivo o del Senado; ya salieron todas del Consejo de la Magistratura. Se explica: el presidente del Consejo de la Magistratura es el también presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

El Presidente bordeó el ridículo: Rosatti es, en definitiva, el culpable del narcotráfico en Rosario, según él. Justo Rosatti, un santafesino hecho y derecho, que alertó hace un año y medio de que el narcotráfico sería el gran problema argentino de los próximos años. “Me quedé corto”, acaba de aceptar Rosatti.

En Santa Fe, el narcotráfico, aun el narcomenudeo, es una cuestión federal, no provincial. Todas las autoridades locales claman para que se instaure en la provincia cuanto antes el sistema judicial acusatorio, que delega las investigaciones en los fiscales, porque ahora son los jueces federales los que deben resolver, abrumados de expedientes, todos los casos de narcotráfico o narcomenudeo. Pero la aplicación de ese sistema está en una comisión del Senado, donde manda Cristina Kirchner, preocupada solo por sus problemas personales en la Justicia. ¿Dónde está la culpa, entonces, del Consejo de la Magistratura?

El ataque al negocio de los suegros de Messi, José y Patricia Roccuzzo, sucedió en los mismos días en que el kirchnerismo estaba envuelto en llamas por la foto del más grande ídolo mundial del fútbol con Mauricio Macri. La furia contra Messi se expresaba en los programas de radio y televisión cercanos al oficialismo y en las redes sociales. ¿Casualidad? No, seguramente. Pero es el resultado también previsible de las palabras violentas en un contexto violento. La violencia pasa de las palabras a los hechos, aunque los que la ejecutan no hayan sido enviados por la política para hacer eso.

Hay un aspecto crucial del conflicto en Rosario del que el Presidente no habló. Es la enorme influencia de los capos del narcotráfico presos que siguen ordenando el delito desde las cárceles. “La cárcel no puede gobernar la calle”, señaló, categórico, Rosatti. Pero lo está haciendo, contra la apropiada aseveración del presidente de la Corte Suprema. Según el periodista Hugo Alconada Mon, personal del Servicio Penitenciario les vende a los traficantes presos teléfonos por 30.000 pesos. Al mismo tiempo, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la exjueza muy cercana al kirchnerismo María Laura Garrigós de Rébori, desmanteló la oficina de inteligencia criminal en las cárceles. El Estado, por lo tanto, perdió el control de las conversaciones telefónicas de los narcotraficantes presos. Una secuela también esperable: el 90 por ciento del delito en Rosario es ordenado desde las cárceles.

Otra guerra está a punto de cobrar una nueva intensidad. Está previsto para mañana que el tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por hechos de corrupción y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos difunda los fundamentos de su decisión. Desaparecerá Rosario del radar del gobierno nacional. Desaparecerá la inflación que carcome los bolsillos de todos los argentinos. Como dice un reconocido encuestador, “los únicos problemas de la sociedad son inflación, inflación, inflación y la inseguridad”.

Desaparecerán la inseguridad y el narcotráfico que atraviesa el país de norte a sur y de este a oeste. Solo valdrá la pena del cuarto gobierno kirchnerista su nueva batalla contra los jueces que juzgan la corrupción que cometió esa facción política. El kirchnerismo es tan autorreferencial como su desesperada lideresa.