Por Fernando Gutiérrez - Sergio Massa viene de un reciente momento de alivio: pudo cumplir las metas de déficit fiscal y de reservas comprometidas con el FMI, el año arrancó sin las temidas turbulencias cambiarias y la inflación se estaciona en el escalón del 5% mensual, en línea con su meta de bajar a razón de un punto por bimestre.

Sin embargo, la alegría podría durar poco tiempo. Al menos, eso es lo que advierten los economistas, que recuerdan que a veces, para cumplir con algunas de estas metas, hay que incumplir otras.

Lo más difícil de cumplir en forma simultánea es la mejora en el plano fiscal y la baja de la inflación. Y el motivo es bien conocido por quienes han estudiado las crisis de la historia argentina reciente: es la inflación la que suele funcionar como herramienta para "licuar" el gasto público y, de esa manera, equilibrar las cuentas fiscales.

O, dicho en otras palabras, con una inflación alta, se garantiza un alto nivel de recaudación tributaria, porque los principales rubros de ingreso a la caja de la AFIP -como el IVA y Ganancias- crecen en la medida en que evolucionan los precios, mientras que los gastos del Estado se indexan más lentamente.

En cambio, una caída rápida de la inflación provoca el efecto inverso: la recaudación decrece en términos reales mientras el gasto continúa con su inercia indexatoria. Aunque Massa nunca lo reconocerá en público, lo que permitió que en el segundo semestre de 2022 el gasto tuviera una caída de 6% interanual fue la pérdida real de poder adquisitivo de las jubilaciones y los salarios de empleados estatales.

"Casi la mitad de la reducción del gasto primario se explica por una caída en las prestaciones sociales. Como las jubilaciones y la asistencia social se indexan en base a incrementos nominales ocurridos en el pasado, cuando se acelera la inflación pierden en términos reales, pero eso se compensa cuando el aumento de precios pierde intensidad", señala Daniel Artana, economista jefe de la fundación FIEL.

En la misma línea, advirtió el problema Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea: "Si la variación del IPC perforara el piso del 5 % por varios meses consecutivos, el cuadro fiscal se resquebrajaría, por la inercia indexatoria del gasto público, con una recaudación más asociada a la inflación del momento".

De hecho, hay analistas que advierten que ya con la moderación observada en el último bimestre -con un IPC de 4,9% en noviembre y de 5,1% en diciembre-, empezó lentamente a notarse un deterioro en el plano fiscal.

¿Un país con "efecto Tanzi" al revés?

A primera vista, la situación puede parecer extraña, porque contradice uno de los principios más estudiados en las últimas décadas por los economistas: el llamado "efecto Tanzi".

En los inflacionarios años ’70 ya los economistas habían observado cómo en momentos de inflación muy elevada, la recaudación tributaria real tendía a bajar. Argentina, con la experiencia de grandes shocks como el "Rodrigazo" de 1975, había tenido aportes teóricos de economistas como Julio Olivera. Y finalmente se estableció la descripción del vínculo entre ambas variables cuando Vito Tanzi, economista del FMI, argumentó que en momentos de inflación alta se produce una pérdida de ingreso fiscal por el "delay" entre el momento de la transacción imponible y el momento en el que, efectivamente, se cobra el impuesto.

El estudio de ese "efecto Tanzi" llevó a los gobiernos a tener un aliciente adicional para la baja de la inflación, porque cuando los precios empiezan a subir más lentamente, el deterioro de la recaudación tributaria disminuye, mejorando así la ecuación fiscal.

Sin embargo, hay ciertas ocasiones en las que se produce un "efecto Tanzi al revés": al bajar la inflación, no sólo no se produce la mejora fiscal sino que hay riesgo de empeorarla. Y eso ocurre por la acción de un factor distorsivo: la indexación en rubros del gasto público. De manera que aunque los precios -y la recaudación de impuestos- vayan frenando en términos nominales, otros rubros son inelásticos a la baja y así su peso porcentual en comparación a la recaudación empieza a aumentar.

No es un efecto que resulte extraño a los economistas argentinos, desde ya. El ex ministro Martín Guzmán tenía el tema muy presente, y de hecho esa fue su principal motivación para la reforma jubilatoria en 2020, que establecía una fórmula indexatoria "pro-cíclica". Es decir, las jubilaciones caían en términos reales cuando la economía se enfriaba y la recaudación impositiva disminuía.

También se preocupó de que las paritarias de los principales gremios se mantuvieran en línea con la proyección original de inflación, algo que ocurrió en el inicio de 2021 y de 2022 -aun cuando las previsiones de los economistas privados era que la meta oficial sería incumplible.

Una situación análoga está ocurriendo en este arranque de 2023, con Sergio Massa pugnando por un "techo" salarial de 60% -es decir, en línea con la meta inflacionaria contenida en la ley de presupuesto-. Y, naturalmente, una preocupación primordial del ministro es que no se produzcan "desbordes" en las paritarias de los empleados estatales. El efecto sumado de los salarios públicos y las jubilaciones y pensiones es de más del 60% del gasto público total.

Esto explica el celo por poner un tope a los ajustes salariales: es la forma de atenuar el efecto de la indexación del gasto público que contribuye al "efecto Tanzi al revés".

Deterioro fiscal y lupa sobre las paritarias

Lo cierto es que los números fiscales ya están dando señales de preocupación. Después de una larga racha de suba real, impulsada por el rebote post Covid -y además con "anabólicos" de corto plazo como los aportes extraordinarios de las retenciones de exportación agrícola por el esquema del "dólar soja"- ya aparecen cifras que marcan un quiebre de tendencia.

Por caso, en diciembre -coincidiendo con una caída del IPC, que se ubicó en 5,1%-, el Gobierno celebró una suba interanual de 95,6% en la recaudación tributaria. Sin embargo, cuando se depura el "efecto soja", los números cambian radicalmente: la recaudación pasa a ser de 90,5%, lo que implica que, en términos reales, ya hay una mejora en el ingreso fiscal sino una caída de 2,3%.

Por otra parte, hay otros rubros de la recaudación impositiva, directamente vinculados a la actividad industrial y comercial, que están mostrando una variación negativa. El caso más claro es el de los aranceles de importación.

Como reflejo de las restricciones en que se ha impuesto como consecuencia de la escasez de divisas, el ingreso por derechos de importación tuvo una caída real de 20% en diciembre. Y el IVA que se recauda en la Aduana -vinculado a operaciones de comercio exterior- se desplomó un 23,6%.

Y, por otra parte, hay otros rubros que impactaron positivamente en la recaudación sobre fin de año, pero cuyo efecto es pasajero, como el impuesto a las Ganancias, que tuvo un inusual crecimiento interanual de 116% como consecuencia de la tercera cuota del pago a cuenta extraordinario realizado por las sociedades. Este impuesto explicó en diciembre un 24,4% del ingreso tributario total, pero su peso podría disminuir en los próximos meses.

Disyuntiva de hierro para Massa

Las propias estimaciones oficiales reflejadas en la ley de presupuesto apuntan a una recaudación tributaria de $35 billones para el 2023. Esto supondría un leve incremento en términos reales, siempre y cuando se cumpliera también la proyección oficial de inflación.

Y en base a esa estimación, se espera llegar a un déficit fiscal de 1,9% pautado en el acuerdo "stand by" con el FMI. Si bien no se trata de una meta particularmente exigente y mantiene el criterio de gradualismo, los economistas se reservan sus dudas respecto de su consecución.

En el arranque del año, la disminución del déficit estaría asegurada por la alta base de comparación con el año pasado. Pero hay también factores que jugarán en contra, como el menor aporte del campo, afectado por la sequía y con una disminución de su capacidad exportadora que podría llegar al 20%.

Por otra parte, rubros que en los "años pares" pueden ser ralentizados, como las transferencias a la provincia o la obra pública, tenderán a acelerarse bajo la lógica de los años electorales.

Es en esa situación que muchos economistas creen que Massa se verá en una disyuntiva que lo obligará a elegir entre bajar la inflación o mantener el crecimiento de la economía y el equilibrio fiscal.

Vasconcelos, de la Mediterránea, advierte que si se decidiera sacrificar la caída de la inflación, con el objetivo de mantener elevada la recaudación impositiva y poder así financiar el gasto público, entonces aparece otro peligro: "un deterioro del sector externo, por la persistente pérdida de competitividad".

En ese tema, la lupa se posa sobre el resultado de la cuenta corriente, que pasó de un superávit de 1,4% del PBI en 2021, a un déficit de 0,9% en 2022. Una situación preocupante en un momento en el que el país no tiene acceso al crédito externo y, además, tendrá una salida neta de dólares para pagarle al FMI.

A diferencia de lo que ocurrió en el primer año de vigencia del acuerdo "stand by", en el que el país recibió más de lo que le pagó al organismo, en 2023 se dará vuelta la ecuación. Puesto en números, Argentina tuvo un financiamiento externo neto de 1,1% del PBI el año pasado, pero a partir de ahora, con un exigente calendario de pagos, tendrá que afrontar una salida de divisas por 0,3 puntos del PBI.