Por Fernando Gutiérrez - La lectura entrelíneas del Presupuesto que Sergio Massa acaba de enviar al Congreso contiene pistas sobre algunos temas fundamentales de la política económica, por ejemplo cuánto imagina el ministro que será la "fuga" de dólares en el rubro de los ahorristas, turistas y compradores de artículos del exterior en las plataformas online.

Y Massa está anticipando una caída de 25% en la salida de divisas por ese concepto. Más concretamente, que en el balance cambiario del Banco Central, el temido renglón "viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta" bajará a un promedio de u$s516 millones por mes.

En total, el Presupuesto deja entrever que los minoristas pedirán en todo el año próximo unos u$s6.199 millones, una cifra modesta si se tiene en cuenta que en lo que va de este año, esa marca se ubica en u$s5.490 millones.

Hasta agosto, los números del 2022 dan un promedio mensual de u$s686 millones "fugados" por el público minorista. Claro que hubo picos como el mes de julio en el que hubo u$s757 millones de gasto en turismo y compras online, a lo que se debe sumar las compras de ahorristas para atesoramiento, lo cual da un total por encima de u$s1.000 millones en el mes.

Esta situación es lo que llevó al Gobierno a plantearse la necesidad de moderar esa salida de dólares mediante un nuevo régimen cambiario que encarezca las operaciones de turismo y consumo en el exterior, mediante un tipo de cambio que se acerque más al del dólar paralelo.

¿Es mucho o poco una salida en torno a u$s6.000 millones al año? Según cómo se mire: mucho si se considera la vigencia del cepo, pero poco en comparación histórica con los años recientes –en 2018 se produjo el récord histórico con una fuga de u$s27.000 millones-. Pero si se le hace esta pregunta a Miguel Pesce, presidente del Banco Central, seguro que le parecerá que todo recorte es bienvenido: su obsesión es recortar la salida de billetes verdes, después de un año en el que sufrió fugas por varios motivos -demanda minorista, compras de gas, "ola de importaciones", pago de deudas corporativas-.

¿Cómo se llega a estas cifras sobre la demanda de dólares para el año próximo? La clave está en la proyección de la recaudación tributaria del año próximo y, en particular, la del impuesto PAIS, que grava con un 30% las compras de dólares para ahorro, así como la de pasajes de avión, paquetes turísticos, uso de la tarjeta de crédito en el exterior y la compra de bienes y servicios en plataformas de internet.

La previsión es que el año próximo el impuesto PAIS recaudará el año que viene $405.812 millones, un 24,7% más que este año. Es decir, una caída en términos reales, dado que se prevé una inflación del 60%.

Pero, además, el impuesto PAIS perderá relevancia dentro de la "torta" impositiva: será un 1% de la recaudación total, mientras que en lo que va del año se ubica en 1,8%. Este impuesto tiene la particularidad de ser uno de los pocos -acaso el único- cuya caída no esa lamentada sino que es festejada por los funcionarios, porque es el síntoma de una menor demanda de divisas. Es por eso que los momentos de mayor ingreso del impuesto PAIS estuvo ligado a crisis cambiarias y zozobra política, por ejemplo en agosto de 2020, cuando se llegó a un récord de compra de "dólar ahorro" por más de u$s900 millones, lo cual obligó al Gobierno a adoptar medidas restrictivas.

De la misma manera, el equipo de Massa está ahora preparando un nuevo régimen cambiario, un poco por necesidad de cuidar las castigadas reservas del Banco Central y otro poco por la presión política de los industriales, que se quejan de que mientras a ellos se les retacean las divisas para importar insumos, los turistas gozan de un tipo de cambio subsidiado.

La necesidad de dólares, al desnudo

La cuenta para calcular la salida de dólares es la siguiente. Con una recaudación del impuesto PAIS de $405.812 millones, esto implica que los argentinos le entregarán al Banco Central $1.3 billón para adquirir dólares. Y el tipo de cambio promedio del año, según se especifica en el Presupuesto, se ubicará en $218 -arrancará el año en $166 y terminará en $270.

De manera que, con esos precios promedio, lo que el Banco Central sacrificará de reservas por la demanda minorista sería de u$s6.199 millones, lo cual da el promedio mensual de u$s516.

Respecto de los niveles actuales, implica una caída de 25%, una verdadera bocanada de oxígeno para un Gobierno cuyo problema central radica en la escasez de divisas para fortalecer las reservas y, además, para satisfacer la demanda de todos los sectores que necesitan dólares para trabajar.

No por casualidad, el punto más comentado del proyecto de Presupuesto es el blanqueo de capitales que incluyó sorpresivamente Massa. Implica que, con el pago de una multa de 5%, se podrá "legalizar" el ingreso de dólares radicados fuera del país y no declarados, siempre que ese dinero se aplique a la importación de insumos industriales o a operaciones inmobiliarias.

Ese punto viene a romper un tabú del kirchnerismo, dado que uno de los puntos que más se había criticado a la gestión macrista había sido el blanqueo de 2016, por el cual ingresaron unos u$s100.000 millones. Ahora, la inclusión de este nuevo blanqueo implica otra medida que genera irritación dentro del kirchnerismo -donde todavía se está digiriendo la implementación del "dólar soja"-. Y la suma de estas medidas impensadas hasta hace pocas semanas dan la pauta de la gravedad de la situación cambiaria.

De hecho, en contraste con las señales de tranquilidad que intenta enviar el Gobierno, los economistas siguen pronosticando un ajuste drástico en el mediano plazo. Por lo pronto, en la encuesta REM del Banco Central, los economistas prevén que, lejos de las previsiones contenidas en el Presupuesto, la inflación del año próximo será de 84% y que el dólar finalizará el año 2023 con una cotización de $301.

Y no faltan quienes asignan chances de una devaluación durante el verano, dadas las malas señales que está dando el campo, donde la sequía hace prever un ingreso de divisas más bajo que el esperado justo en la época más crítica desde el punto de vista cambiario.

En todo caso, el consuelo que le quedará al Gobierno, en caso de que la inflación y la tasa devaluatoria vayan muy por encima de las previsiones, es que su pronóstico sobre la caída en el impuesto PAIS -y, por ende, sobre la fuga minorista de dólares- tiene mayores probabilidades de cumplirse, dado que la adquisición de servicios dolarizados se encarecerá en términos reales para la población.

Los supuestos del proyecto de ley que envió Massa implican también un punto interesante respecto de la recaudación impositiva: si las cosas ocurren tal como las planifica el equipo económico, entonces los ingresos totales del fisco subirán un 10%, medidos en dólares.

La suba de la recaudación impositiva prevista es de 78% en términos nominales. Si la inflación efectivamente fuera de 60%, esto significa que se está previendo una mejora de 11%. Y, si se lo considera en dólares, como se prevé un deslizamiento de 62%, dará una suba del 10%.

Implica que, en términos reales, habrá mayores recursos, aun cuando el mensaje de ley habla de una disminución de la presión impositiva, porque contabiliza que la recaudación total de impuestos será de 23,77% del PBI, lo que implica una caída de 0,18 puntos entre este año y el próximo.

Esta mejora es lo que le permite al Gobierno proyectar una mejora en rubros políticamente sensibles, como la asistencia social a los sectores de menores ingresos o la obra pública. Es así que al ministerio de Desarrollo Social se le asignará $1,1 billones. Y planes como el Potenciar Trabajo que este año fue objeto de polémica, prevén una mejora de 160%.

También se garantizó la continuidad de la obra pública, especialmente en los rubros de vialidad y transporte, para lo cual el Presupuesto del ministerio crecerá un 70%, mientras que la cartera de vivienda tendrá un refuerzo del 68%.

Y la parte más sugestiva del texto del proyecto de ley es la referida al gasto en remuneraciones de los empleados públicos y de los jubilados. Salarios y jubilaciones han estado en el centro de la polémica, y precisamente uno de los mayores reproches que se le hacían a Guzmán desde el kirchnerismo era que esos rubros habían constituido la "variable de ajuste".

En el Presupuesto 2023, Massa plantea que la masa salarial del Estado subirá un 76,7% y que los pagos para los 7 millones de beneficiarios de la seguridad social tendrán un incremento de 81%. Si se cumplen las previsiones del ministro, entonces los empleados públicos terminarán el año con una mejora real de 10% en sus haberes. Pero en cambio, si la inflación del 2023 es la que creen los economistas, los asalariados del Estado perderán otro 4%.

Claro que ahora viene el test difícil para Massa: el debate de los números en el Congreso. Si bien la oposición ya insinuó que no trabará el proyecto para que no se dé la anomalía de que el país quede dos años seguidos sin Presupuesto, también quedó en claro que no creen en las proyecciones económicas del ministro.